Repartidores y Conductores Chocan por Reforma de Incorporación al IMSS

Están por cumplirse cuatro meses del programa piloto de incorporación al Seguro Social para los trabajadores de plataformas digitales. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los meses de prueba han sido un éxito. Los grupos laborales del gremio no están tan seguros. “Gracias a la reforma, nuestros ingresos están bajando”, expresa Edgar Balderas, integrante de Repartidores Unidos de México.

La prueba piloto arrancó el pasado 1 de julio y pretende afiliar a trabajadores del sector al IMSS para que obtengan derechos como atención médica, seguro de vida y por discapacidad, pensión para el retiro, prestaciones sociales y seguro por riesgos en el trabajo. Esto ocurrió gracias a la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 24 de diciembre de 2024.

“Previo a la publicación de la reforma, tuvimos un diálogo casi de cuatro años con las con las empresas”, comenta Omar Estefan, director de Previsión Social de la STPS. Luego revela que, de primer momento, hubo resistencia y cierta incredulidad por parte de las plataformas, pero cuando asumieron que vendría esta regulación, se sentaron a dialogar con el gobierno.

Incorporación completa al IMSS 

El decreto, que pretende dar protecciones a un sector poco regulado, exige un ingreso neto mensual mínimo para la incorporación completa al IMSS. Alcanzar ese salario es lo que diferencia a un trabajador subordinado, con todos sus beneficios, de un trabajador independiente, con sólo algunas prestaciones.

Para calcular si un trabajador llegó a este ingreso, antes se debe hacer una deducción conocida como porcentaje de exclusión. Esto es una fracción del dinero generado que no se toma en cuenta para la cotización del IMSS por los costos operativos que cubre cada trabajador, como el combustible o el mantenimiento de su vehículo. 

Para lograr la subordinación ante el IMSS, el trabajador por aplicación debe obtener un ingreso neto equivalente o superior al salario mínimo, que en 2025 significan 8 mil 364 pesos mensuales en la mayor parte del país. Como los motociclistas empezaron un porcentaje de exclusión del 50%, para cotizar el salario mínimo debían generar ingresos por 16 mil 728 pesos, el doble del mínimo real.

Según cifras oficiales, del universo total de trabajadores por aplicación en el país, que ronda los 1.3 millones, un total de 125 mil 757 obtienen todos los beneficios del seguro, cerca del 9.5%. Pero de acuerdo con Eduardo Alcaraz, titular de la Unidad de Incorporación del IMSS, la cifra necesita contexto. 

“De ese millón de personas, están las que realmente trabajaron de manera intensiva y luego sobre esos ya están los que pasaron el umbral”, explica Alcaraz. El funcionario agrega que quienes no logran el acceso total a los beneficios aun así conservan algunas prestaciones, como la incapacidad y un seguro por fallecimiento.

Además, Estefan considera que este ingreso mínimo permite que el impacto de la reforma en el mercado sea paulatino. Argumenta que incrementar drásticamente los costos laborales a las plataformas tendría un impacto negativo en toda la cadena, con mayores precios a los consumidores que, a su vez, afectarían la disponibilidad de empleo para los conductores y repartidores. 

Los repartidores con acceso a entregas prioritarias, ventajas que otorgan algunas apps, pueden alcanzar el ingreso mínimo con unos 15 pedidos diarios. Quienes no acceden a este tipo de viajes necesitan cerca del doble, unos 30 al día. Por la naturaleza de este empleo, de alta competitividad y fluctuación en la demanda, no cualquiera llega.

“El modelo está planteado de tal forma que, a final de mes, se determina quién sí y quién no consiguió el ingreso”, explica Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), que exige la eliminación de dichos porcentajes. Detalla que este esquema, conocido como de subordinación discontinua, puede garantizar derechos durante un mes y quitarlos al siguiente.

Por otro lado, varios integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM), una coalición de cuarenta organizaciones del gremio, no ven el umbral mínimo de afiliación como un obstáculo. Desde su punto de vista, los porcentajes de exclusión son necesarios porque, del ingreso neto que recibe un repartidor o conductor, una buena parte se gasta.

Saúl Gómez, líder y vocero de RUM, afirma que la reforma fue impulsada por una motivación ideológica y sólo pretende recaudar dinero para el erario. Manifiesta también que, en los primeros meses, han tenido menos trabajo a raíz del incremento en los costos laborales y el precio final al consumidor. Las fuentes gubernamentales consultadas dicen que este efecto estaba calculado.

La justicia laboral, a los ojos de RUM, debe considerar la naturaleza de su trabajo y ser regulada de manera distinta a un empleo de oficina tradicional. Esa distinción del trabajo convencional es lo que valoran: la flexibilidad de horario, la cantidad de viajes diarios y dónde los hacen. Incluso algunos cuentan que, cuando ven que se acercan al umbral mínimo de acceso al seguro, cambian de plataforma.

Además, la coalición denuncia que la atención en las clínicas del Seguro Social ha sido deficiente para su sector. Leslie Díaz, líder del colectivo Repas de la Capirucha y aliada de RUM, señala que el personal del IMSS no está capacitado para atender repartidores por aplicación, suelen pedir la razón social de un patrón y otro montón de datos que impiden llegar a un médico. 

“Prácticamente somos un gremio marginado, porque nada más escuchan la palabra repartidor y casi ya nos quieren sacar de las clínicas”, añade Ricardo Robles, del equipo administrativo de RUM. Esto produce desconfianza y algunos optan por atenderse en los consultorios económicos que ofrecen las farmacias privadas.

Prueba piloto

La prueba piloto de la integración de trabajadores por aplicación al Seguro Social termina en diciembre, 180 días naturales después de su arranque. A partir de entonces, se definirán las condiciones a largo plazo para las plataformas, conductores y repartidores.

Para 2026, el IMSS y la STPS tienen varios objetivos en común, además de incrementar el número de trabajadores subordinados. Por ejemplo, quieren que más trabajadores tengan un contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y lograr que las plataformas sean más transparentes sobre cómo operan sus algoritmos.

Como trasfondo de todo el asunto, hay una rivalidad expresa entre la UNTA, identificada a sí misma como la principal organización sindical del gremio en México, y RUM, una coalición que rechaza la formación de sindicatos que considera poco democráticos y “charros”. Si en algo coinciden durante esta prueba piloto, es en que debe existir más diálogo abierto entre el gobierno, las plataformas y la clase trabajadora.

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