Laura Cabañas asegura que acudía mes con mes a preguntar por su hijo, pero nunca le informaron que su cuerpo había llegado al INCIFO.
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La familia supo alrededor de diez meses después que el cuerpo de Julio César Cervantes había sido donado a una escuela de medicina
El Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO), ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de restos humanos y por casos de cuerpos que habrían sido entregados con fines académicos sin autorización de sus familiares. Las acusaciones han encendido las alertas entre familias buscadoras, para quienes una falla en los procesos forenses puede prolongar durante meses o incluso años la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido.
Uno de los casos que expone la gravedad de esta problemática es el de Laura Cabañas, madre de Julio César Cervantes. Ella buscó a su hijo desde su desaparición, ocurrida en septiembre de 2021. Sin embargo, mientras continuaba preguntando por él y conservaba la esperanza de encontrarlo con vida, su cuerpo fue localizado en enero de 2024 y trasladado al INCIFO.
La familia no recibió entonces la noticia que llevaba años esperando. De acuerdo con el caso, tuvieron que pasar alrededor de diez meses para que Laura fuera informada de que el cuerpo de Julio César había sido donado a una escuela de medicina.
Durante el tiempo que Julio César permaneció desaparecido, Laura Cabañas acudía constantemente a preguntar por él. La falta de información alimentó la esperanza de que su hijo pudiera continuar con vida. La madre sostiene que las autoridades no le notificaron cuando el cuerpo llegó al Instituto de Ciencias Forenses, una omisión que agravó el impacto para su familia.
Laura Cabañas relató lo que vivió durante aquellos meses de búsqueda y las respuestas que recibía cuando acudía a solicitar información sobre su hijo.
“Yo iba mes con mes a preguntar por él, y siempre salían con una negativa, que no estaba, que no había llegado él entonces pues yo albergaba la esperanza de que estuviera vivo, pero desafortunadamente no, no fue así, pero tampoco me informaron cuando él llegó”.
El caso derivó en la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), que emitió una recomendación relacionada con las violaciones a derechos humanos documentadas. Como parte de las medidas posteriores, a finales de agosto el INCIFO ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César.
Durante la disculpa pública, el Instituto reconoció el daño causado a la familia y se comprometió a implementar medidas de no repetición. Entre ellas se planteó excluir de los trámites de donación de cuerpos a universidades e instituciones educativas aquellos casos que puedan involucrar situaciones como la ocurrida con Julio César.
La disculpa respondió a una recomendación de la CDHCM. Para el organismo, estos actos no solamente tienen como objetivo reconocer el daño sufrido por una familia, sino también evidenciar públicamente prácticas que las autoridades no deben cometer y que pueden tener consecuencias sociales más amplias.
Christian Rojas Rojas, de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de la CDHCM, explicó el alcance que debe tener un reconocimiento público de responsabilidad ante violaciones a derechos humanos.
“La disculpa pública no es un evento solo para la familia, sino que tiene una conexión también de restituir en el ambiente social, que las violaciones a derechos humanos en primer lugar significan el poder distinguir aquellas cosas que las autoridades no deben realizar, que están prohibidas por ley, y que en muchos casos no solo causan daño inmediato a la familia, sino que tiene una repercusión mucho más allá del entorno familiar inmediato, como es el caso de la desaparición de personas”.
Para Laura Cabañas y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas, una disculpa pública resulta insuficiente si las irregularidades señaladas no tienen consecuencias. Además del reconocimiento institucional, exigen acciones concretas y sanciones administrativas para los funcionarios que resulten responsables.
La exigencia adquiere especial relevancia ante el impacto que un error en la identificación, registro o manejo de un cuerpo puede tener sobre una familia que continúa buscando a una persona desaparecida. Para Laura, la reparación no termina con el reconocimiento de las omisiones.
La madre de Julio César cuestionó la ausencia de las sanciones que ha solicitado y reclamó justicia por lo ocurrido con su hijo.
“Realmente eso para mí no fue suficiente, porque no me van a devolver la vida de mi hijo y además hubo muchas omisiones y negligencias de parte del INCIFO. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la sanción que yo pedí? ¿En dónde está la justicia de mi país?”
El INCIFO no ha sido la única institución que ha reconocido fallas relacionadas con este caso. En mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes, en la que reconoció deficiencias y errores tanto en su identificación como en el manejo de la información.
Para los colectivos de búsqueda, el caso debe traducirse en consecuencias que permitan establecer un precedente y proteger la dignidad de las personas fallecidas. Consideran que reconocer públicamente los errores representa solamente una parte del proceso de reparación.
Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, sostuvo que las sanciones a los funcionarios responsables son necesarias para considerar completa la disculpa.
“Creemos y estamos totalmente convencidos que hasta que no tengan las sanciones que se merecen estos funcionarios, estará completa esta disculpa y sobre todo creará un precedente importante para la dignidad post mortem”.
El caso ocurre en un contexto especialmente delicado para las familias buscadoras. Aunque en México existen protocolos para el tratamiento y la identificación forense de cuerpos, colectivos y familiares advierten que su aplicación no siempre evita errores u omisiones. Cuando una persona desaparecida llega a una institución forense pero su familia no es informada o no se concreta su identificación y restitución, la situación puede derivar en lo que colectivos describen como una “doble desaparición”.
La dimensión del problema aumenta la preocupación. De acuerdo con los datos oficiales citados en el caso, tan solo en la Ciudad de México se contabilizan más de 5,800 personas desaparecidas. Detrás de esa cifra existen miles de familias que dependen de que los procesos de búsqueda, identificación y manejo forense funcionen correctamente.
Para la familia de Julio César Cervantes, las disculpas públicas representan un reconocimiento de las irregularidades que enfrentaron, pero su principal exigencia continúa pendiente: que las investigaciones determinen responsabilidades y, en su caso, existan sanciones para evitar que otra familia atraviese una situación similar.
Con información de Arantza Ocampo.
