Alrededor de 70 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Saltillo bloquearon el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de la ciudad, como medida de protesta ante su inconformidad por la aplicación repentina de evaluaciones que, según señalaron, no se realizarían de manera objetiva.
Desde las 10:00 de la mañana, los empleados dejaron sus oficinas y salieron a manifestarse con pancartas, en las que expusieron sus principales inconformidades. Entre ellas, señalaron que no se están tomando en cuenta los años de experiencia y trayectoria laboral de los trabajadores para la nueva evaluación que se pretende implementar.
Los manifestantes sostuvieron que están a favor de recibir capacitación permanente y de someterse a procesos que permitan mejorar sus conocimientos, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio que brindan a los usuarios.
Sin embargo, expresaron su desacuerdo con la manera en que se están imponiendo estas evaluaciones, pues consideran que no contemplan las condiciones ni la experiencia de quienes forman parte de la institución.
Por este motivo, los trabajadores decidieron sumarse al paro nacional, como parte de las acciones para hacer visibles sus demandas y manifestar su rechazo a la forma en que se plantea aplicar este nuevo proceso de evaluación.
Por otra parte, mediante un comunicado, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que la evaluación del desempeño no pone en riesgo ningún empleo en el Poder Judicial de la Federación. Detalló que se trata de una atribución constitucional prevista en el artículo 100 de la Constitución y en los artículos 32 y 36 de la Ley de Carrera Judicial, por lo que su aplicación constituye el cumplimiento de un mandato legal.
El organismo calificó como falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar despidos o la pérdida de plazas. Explicó que, de acuerdo con los artículos transitorios Cuarto y Quinto del Acuerdo, esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal. Su propósito, añadió, es identificar necesidades de capacitación y mejorar el servicio de impartición de justicia; la primera evaluación ordinaria, con los efectos previstos en la ley, se realizará una vez concluidas las acciones de capacitación.
El OAJ aseguró además que respeta la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades, y ante la convocatoria de paro en varias sedes judiciales del país, reiteró su disposición al diálogo.