Rentas en CDMX, por los Cielos: Ahora Tendrán Tope con Esta Condición Clave
La protección solo aplica plenamente cuando existen contratos de arrendamiento de tres años o más; aquí te damos los detalles
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La protección solo aplica plenamente cuando existen contratos de arrendamiento de tres años o más; aquí te damos los detalles
En la Ciudad de México (CDMX), rentar vivienda se ha convertido en uno de los gastos más difíciles de sostener para miles de familias. Ante el aumento constante de los precios del alquiler, las autoridades establecieron un límite legal que impide que las rentas suban por encima de la inflación. Sin embargo, aunque la medida busca proteger el derecho a la vivienda, especialistas y habitantes advierten que su impacto real podría ser menor al esperado.
La decisión ya fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero existen factores que podrían permitir que algunos propietarios continúen aumentando los precios de los alquileres bajo ciertas condiciones.
El pasado 18 de febrero, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tope a las rentas establecido en el Código Civil de la Ciudad de México desde 2024 es constitucional.
La norma establece que el incremento anual del alquiler de vivienda no puede superar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año anterior, es decir, el indicador oficial que mide la inflación en México.
El objetivo de la reforma es evitar aumentos desproporcionados en el mercado inmobiliario y proteger la economía de las familias que dependen del alquiler para vivir en la capital.
La medida ha generado opiniones divididas entre los habitantes de la Ciudad de México. Mientras algunos consideran que el costo de la vivienda se ha vuelto prácticamente impagable, otros temen que la regulación resulte insuficiente si la inflación continúa aumentando y arrastra con ella otros gastos básicos.
Para muchos capitalinos, el aumento en el costo del alquiler ya se ha vuelto un problema cotidiano. Los precios que hace años parecían elevados hoy son vistos como imposibles de encontrar.
Benita Remigio, habitante de la Ciudad de México, recuerda cómo han cambiado los precios en los últimos años en la colonia Petrolera, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
"Yo vivía en la colonia Petrolera, en Azcapotzalco, y hace como 15 años un departamento costaba alrededor de nueve mil pesos".
Según explica, el crecimiento constante de los precios de renta ha provocado que muchas familias destinen gran parte de su ingreso mensual únicamente a cubrir el alquiler.
"Hay personas que prácticamente trabajan solo para pagar la renta. Yo siempre he pensado que es mejor tener un departamento, aunque sea de interés social, porque así te ahorras ese gasto".
El problema no solo se limita al alquiler. Para muchos habitantes de la capital, el verdadero riesgo es que la inflación también encarezca otros gastos indispensables.
Claudia, residente de la Ciudad de México, señala que el costo de vida completo es lo que más le preocupa.
"Siento que mi mayor preocupación es que los precios sigan aumentando y que, aunque pueda pagar la renta del departamento, ya no pueda cubrir los servicios o cosas básicas como la despensa".
Este temor no es menor. La inflación impacta directamente en servicios como electricidad, agua, transporte y alimentos, lo que reduce el margen económico de quienes ya destinan una parte importante de su salario al alquiler.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también estuvo sustentada en el reconocimiento de los problemas que enfrenta actualmente el mercado de vivienda en la Ciudad de México.
Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO CDMX), explicó los argumentos detrás de la resolución.
"Se resolvió que esta medida es idónea, necesaria y proporcional, además de perseguir un fin legítimo. La reforma al Código Civil de la Ciudad de México buscaba establecer un límite que permitiera a las personas mantener una renta accesible en términos económicos".
La especialista explicó que la Corte también tomó en cuenta fenómenos como la gentrificación y los desalojos, problemas que han aumentado en distintas zonas de la capital. Según el análisis del tribunal, la regulación responde además a una obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la vivienda.
Aunque el límite a los incrementos de renta ya está vigente, su aplicación depende de una condición clave que no todos los inquilinos cumplen: el tipo de contrato de arrendamiento.
Daniela Sánchez explicó que la protección se activa principalmente cuando existen contratos de arrendamiento de largo plazo.
"Este tope a las rentas solo aplica si existe un contrato de tres años o más. En ese caso, el arrendatario puede hacer uso de esta protección. Pero si el arrendador decide terminar el contrato después de un año, podría aumentar la renta en un nuevo contrato".
Esto significa que, en la práctica, algunos propietarios podrían incrementar el precio del alquiler al renovar el contrato bajo nuevas condiciones.
La presión sobre el mercado de renta en la Ciudad de México también ha aumentado por un cambio en la forma de habitar la ciudad.
Hace 20 años, siete de cada diez habitantes de la Ciudad de México vivían en una vivienda propia. Para 2020, esa proporción cayó a cinco de cada diez, lo que refleja que cada vez más personas dependen de rentar para tener un lugar donde vivir.
Al mismo tiempo, especialistas advierten que la disponibilidad de vivienda en renta tradicional está disminuyendo.
"Estamos en un momento crítico del arrendamiento en la ciudad. Cada vez hay menos departamentos disponibles para renta tradicional y más propiedades destinadas a hospedaje temporal para turistas".
El crecimiento de plataformas de hospedaje turístico ha reducido la oferta de vivienda permanente en algunas zonas, lo que también empuja los precios de renta al alza.
Otro de los retos más importantes para que el límite a las rentas realmente funcione es la informalidad en el mercado inmobiliario.
Especialistas estiman que más de 200 mil viviendas en la Ciudad de México se rentan mediante acuerdos verbales, sin contratos formales de arrendamiento.
En estos casos, el tope legal a los aumentos de renta no se puede aplicar, ya que no existe un documento que establezca condiciones claras de arrendamiento.
Por esta razón, expertos señalan que el verdadero impacto de la regulación dependerá en gran medida de que más propietarios e inquilinos formalicen sus contratos de renta. Solo así el límite al aumento anual ligado al INPC podría convertirse en una herramienta efectiva para frenar el encarecimiento de la vivienda en la Ciudad de México.
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