“Decían que Venían a Cuidarnos”: Familias Viven Bajo Control de 'Los Ardillos' en Atlixtac
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Habitantes de Atlixtac denuncian extorsiones, retenes ilegales y amenazas de 'Los Ardillos'
Familias huyen de comunidades por violencia criminal. Foto: Archivo | Cuartoscuro
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La violencia ligada al crimen organizado en el municipio de Atlixtac, en la región de la montaña del estado de Guerrero, ha dejado familias desplazadas, comunidades controladas por grupos armados y habitantes que viven bajo amenazas constantes. Una mujer que pidió mantener su identidad en el anonimato relató cómo su familia pasó de una vida tranquila cerca de Tlapa de Comonfort a sobrevivir entre extorsiones, retenes ilegales y asesinatos.
La situación afecta comunidades como San Pedro Huitzapula, Acahuehuetlán, Tula, Xicotlán y Alcozacán, donde el miedo se ha convertido en parte de la vida diaria.
“Decían que venían a cuidarnos”: así comenzó el control criminal en las comunidades
La mujer recuerda que el cambio comenzó alrededor del 24 de octubre de 2024, cuando hombres armados llegaron a distintas localidades asegurando que eran policías comunitarios y que protegerían a la población. Sin embargo, con el paso de los meses, los habitantes comenzaron a notar que en realidad se trataba de integrantes del grupo criminal conocido como Los Ardillos, organización que opera principalmente en la región de Quechultenango.
Según su testimonio, los delincuentes comenzaron a infiltrarse en las comunidades más apartadas para identificar a las familias, vigilar sus movimientos y establecer un sistema de control total. La región Montaña de Guerrero se caracteriza por altos niveles de pobreza y marginación, donde muchas familias sobreviven gracias a la siembra de maíz y frijol en pequeñas parcelas.
La entrevistada explicó que gran parte de las viviendas están construidas con materiales precarios.
“Las casas son de cartón forrados de caña, allí le dicen y carrizo”.
Extorsiones, retenes y amenazas: así operan Los Ardillos en Guerrero
Aunque muchas familias viven en condiciones económicas limitadas, el grupo criminal comenzó a exigir cuotas que alcanzaban hasta los 60 mil pesos, principalmente a pequeños comerciantes y vendedores de alimentos. Las amenazas aumentaron rápidamente y quienes no podían pagar eran intimidados o perseguidos.
La mujer explicó que los delincuentes controlan caminos y carreteras de la región, donde instalan revisiones ilegales a camionetas particulares y transporte público. Esta situación ha provocado que muchos habitantes tengan miedo incluso de salir a trabajar o trasladarse entre comunidades.
“A quienes tenían tienda o vendían pollo les pedían dinero”.
El control criminal también ha provocado desplazamiento forzado. Decenas de familias abandonaron sus hogares para escapar de la violencia y proteger a sus hijos. Muchas de ellas dejaron atrás tierras, animales y pertenencias para refugiarse en otros municipios o estados.
El asesinato de su cuñado marcó a toda la familia
La violencia golpeó directamente a la familia de la entrevistada el pasado 15 de marzo de 2026. Su cuñado fue asesinado mientras viajaba para comprar unos toros, un crimen que aumentó el miedo entre sus familiares y vecinos.
La mujer asegura que en las comunidades afectadas la población vive bajo amenazas permanentes y con la sensación de que cualquier desacato puede costarles la vida. Habitantes de distintas localidades han denunciado que el crimen organizado impone reglas y castigos, mientras las autoridades tardan en responder.
Habitantes de Guerrero exigen apoyo urgente del Gobierno
Ante el incremento de la violencia, pobladores de la región Montaña de Guerrero han pedido la intervención urgente de las autoridades federales y estatales para recuperar la seguridad y permitir el regreso de las familias desplazadas.
La entrevistada pidió apoyo para quienes permanecen atrapados en las comunidades controladas por grupos criminales.
“Que nos manden refuerzos, porque la gente no quiere salir, allí nacieron y es donde quieren seguir”.
El pasado 13 de mayo de 2026, durante una visita a Chilapa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a impulsar acciones para garantizar que los habitantes puedan retomar sus actividades de manera pacífica. Entre los acuerdos anunciados se encuentran mesas de diálogo, medidas para detener la violencia en las comunidades afectadas, apoyo para el regreso de desplazados y estrategias de reconstrucción del tejido social en la región.
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