Roberts, presidente de la Corte, disintió junto a los tres jueces liberales, que calificaron la obra de 'probablemente ilegal'
Escucha este artículo
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este lunes, en una votación de 5-4, que la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares que impulsa el presidente Donald Trump en la Casa Blanca puede continuar mientras las demandas en su contra siguen su curso en tribunales inferiores.
La decisión reemplaza una orden temporal que había emitido antes el presidente de la Corte, John Roberts, horas antes de que entrara en vigor un fallo de una corte inferior que ordenaba detener la obra. Roberts disintió públicamente de la resolución final y se unió a los tres jueces de tendencia liberal del tribunal, quienes calificaron la construcción de "probablemente ilegal".
La mayoría no se pronunció sobre la legalidad del proyecto: determinó que el National Trust for Historic Preservation, la organización que demandó para detener la obra, probablemente no tiene el derecho legal para impugnarla. El caso regresará a tribunales inferiores, aunque documentos judiciales indican que partes clave del proyecto podrían quedar terminadas en pocos meses, un plazo acelerado frente a lo habitual en un litigio de este tipo.
El gobierno de Trump pidió a la Corte intervenir después de que tribunales federales determinaron que la obra debía detenerse por no contar con aprobación del Congreso. La demanda del National Trust for Historic Preservation argumentó que Trump no tiene autoridad unilateral para realizar la obra, que ha incluido la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Los abogados de la organización acusaron a la Casa Blanca de intentar "adelantarse a los tribunales" acelerando la construcción.
En instancias inferiores, el gobierno sostuvo que el presidente tiene autoridad total para renovar la Casa Blanca y otros edificios federales. Abogados gubernamentales argumentaron que el salón de baile debe completarse por motivos de seguridad nacional, aunque ese argumento no formó parte del planteamiento inicial cuando Trump anunció la obra, que dijo sería financiada con donaciones privadas.
El gobierno indicó que cuadrillas trabajan 20 horas diarias en el salón de baile, proyectado con 90,000 pies cuadrados (8,400 metros cuadrados). Según documentos judiciales, la estructura estará terminada en noviembre, gran parte de la fachada en abril, y la finalización total del proyecto está prevista para agosto de 2028.
El juez de distrito estadounidense Richard Leon —nominado por el expresidente republicano George W. Bush— había ordenado en abril detener la construcción sobre el nivel del suelo, aunque su fallo permitía continuar el trabajo en búnkeres e instalaciones militares subterráneas. La orden fue suspendida, pero después confirmada por un panel dividido de una corte de apelaciones: dos jueces designados por presidentes demócratas concluyeron que la decisión sobre el proyecto correspondía al Congreso y "no es un asunto de autoayuda del Ejecutivo"; un tercer juez, nombrado por Trump, coincidió con la mayoría de la Corte Suprema en que la organización demandante no tenía legitimación para litigar.
El procurador general D. John Sauer planteó ese mismo argumento ante los jueces de la Corte Suprema y calificó la decisión que detenía la obra como "extraordinaria e ilegal". Sauer añadió que la conclusión del proyecto es "vitalmente requerida por la seguridad nacional".
El gobierno de Trump ha obtenido otras victorias en el expediente de emergencia de la Corte —el mecanismo que permite al tribunal resolver casos con rapidez, sin una revisión completa—, aunque los jueces le han fallado en contra en algunas de sus políticas insignia tras análisis de fondo.
