Muere Maricarmen a los 87 Años, la Mujer que Encendió la Lucha Contra los Desalojos en España
Su desalojo, tras cuatro intentos, desató protestas y 21 medidas urgentes del gobierno de Sánchez
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Su desalojo, tras cuatro intentos, desató protestas y 21 medidas urgentes del gobierno de Sánchez
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María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, murió a los 87 años, dos semanas después de ser desalojada de la vivienda que alquiló durante siete décadas en Madrid. El Sindicato de Inquilinas comunicó su fallecimiento este 7 de octubre.
Según informó RTVE, permanecía hospitalizada desde el desalojo, ocurrido el 23 de septiembre. No se ha informado la causa de su muerte.
En su comunicado, difundido por la agencia AFP, el sindicato destacó su ejemplo de lucha y consideró que la ola de reacciones tras su desalojo marca un antes y un después en la historia del país.
Las imágenes televisadas de su desalojo llevaron a miles de personas a protestar en Madrid y en otras ciudades, según informó la agencia The Associated Press. Alrededor de mil manifestantes acamparon en la Puerta del Sol de Madrid y se instaló otro campamento en la Plaza Catalunya de Barcelona, con consignas como "¡Ni una Maricarmen más!". Exigen que el gobierno adopte medidas para proteger a los inquilinos.
En Valencia, la policía usó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a manifestantes que rompieron el perímetro de seguridad afuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se realizaba una cumbre inmobiliaria. En Barcelona, una marcha masiva y pacífica, reprogramada para el lunes por una alerta meteorológica, se tornó violenta cuando grupos de cientos de activistas se enfrentaron con la policía, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura.
El gobierno del presidente Pedro Sánchez había respondido con decretos de emergencia para restringir los desalojos, frenar la especulación inmobiliaria y dar a los inquilinos contratos de alquiler indefinidos. El viernes, los partidos de oposición de derecha los rechazaron en el Congreso, donde el gobierno de coalición carece de mayoría. El lunes, Sánchez convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
El martes, el gobierno aprobó 21 medidas similares a las rechazadas. Entre ellas figuran ampliar la protección contra los desalojos para residentes vulnerables, facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada y prohibir las compras especulativas de inmuebles.
Al presentarlas en el Palacio de la Moncloa, Sánchez dijo a los periodistas:
"No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que se han producido después de decaer los decretos".
El gobierno también creará un fondo de 10,000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50,000 euros para comprar una primera vivienda, además de subvenciones a la construcción. Como el Congreso fue disuelto con la convocatoria de elecciones, las medidas deberán ser ratificadas por la Diputación Permanente, una asamblea interina de 69 miembros. La coalición de Sánchez necesita 35 votos para aprobarlas.
El 23 de septiembre, a las 13:05 horas, una ambulancia llegó al número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid. Paramédicos desplegaron una camilla y entraron al domicilio de Maricarmen, quien usaba silla de ruedas y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. La policía acordonó la calle. Vecinos, activistas y miembros del Sindicato de Inquilinas se concentraron para intentar detener el desalojo; hubo tensión y empujones, mientras la Policía Nacional mantenía un cordón alrededor del edificio.
Era el cuarto intento de lanzamiento —como se denomina en España la ejecución judicial del desalojo— desde que Urbagestión, empresa propietaria del inmueble, adquirió el edificio en 2018. Según declaró la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, al medio español La Vanguardia, durante la mañana la comisión judicial llegó a la finca y se buscó una salida que permitiera aplazar el desalojo y hacerlo de manera ordenada. La defensa pidió 15 días para que pudiera recoger sus pertenencias y la petición no prosperó. Duro afirmó que, ante esa solicitud, la respuesta fue que le enviarían las cajas al lugar donde fuera a vivir.
Según la abogada, tampoco se aceptó una última propuesta económica: una persona anónima se ofreció a cubrir la diferencia entre la renta que Maricarmen podía pagar y la cantidad exigida por la propiedad. Ella pagaba alrededor de 500 euros mensuales y su pensión era de unos 1,350 euros. De acuerdo con los colectivos que la apoyan, en distintos momentos se planteó un incremento sustancial del alquiler.
El Ayuntamiento de Madrid comenzó a buscar una alternativa habitacional de emergencia. Un primo le ofreció alojamiento en su vivienda, pero Maricarmen lo rechazó por las condiciones del inmueble, según personas de su entorno.
El padre de Maricarmen firmó en 1956 el contrato de alquiler de la vivienda, donde ella vivía desde su adolescencia. Tras su muerte, el contrato pasó a su esposa y luego a Maricarmen, con una renta antigua actualizada conforme al Índice de Precios al Consumidor. Maricarmen, que tenía reconocida una discapacidad del 50 por ciento, obtuvo una resolución favorable en primera instancia, pero el Tribunal Supremo falló después a favor de la propiedad.
El Ministerio de Vivienda reclamó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervinieran. El gobierno municipal sostuvo que sus servicios sociales elaboraron un informe de vulnerabilidad y que ofrecieron recursos de alojamiento que ella rechazó. La Delegación del Gobierno señaló que la policía actuó conforme al mandato judicial.
Tras el desalojo, Abascal grabó un video desde una cama de hospital en el que afirmó:
"No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por las suyas".
Posteriormente, la empresa inmobiliaria que había insistido en desalojarla para alquilar la propiedad a un precio mucho más alto alcanzó un acuerdo para que regresara al apartamento, señaló su abogado, quien añadió que Abascal estaba feliz. Hasta ese momento no había recibido el alta hospitalaria.
El precio medio del alquiler por metro cuadrado en España pasó de 8.20 euros en 2016 a 15.10 euros este año, según el portal inmobiliario Idealista. El gobierno indicó que el 26 por ciento de los españoles que viven en casas de alquiler destina, en promedio, el 40 por ciento de sus ingresos al alquiler y los servicios, frente al 18 por ciento de los inquilinos en el promedio de la Unión Europea.
Con información de agencias.
CT
