La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este viernes las restricciones que impedían al gobierno federal utilizar una versión ampliada de su sistema SAVE para que los estados puedan realizar verificaciones de ciudadanía en sus registros electorales, mientras continúa el litigio sobre la legalidad del programa.
La resolución se emitió en el caso Department of Homeland Security v. League of Women Voters, No. 26A308, mediante una decisión Per Curiam. Con la orden, el máximo tribunal suspendió la medida de un tribunal federal inferior que había bloqueado las modificaciones realizadas al programa de Verificación Sistemática del Estatus de Extranjero para la Concesión de Beneficios (SAVE).
El programa SAVE funciona desde 1986 para que autoridades gubernamentales puedan verificar el estatus migratorio o la ciudadanía de determinadas personas. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a distintas agencias federales a facilitar el intercambio de información con los estados para verificar la ciudadanía y la elegibilidad de los votantes.
A partir de esas modificaciones, el sistema permite realizar consultas utilizando números de Seguro Social y procesar solicitudes de manera masiva. El gobierno sostiene que la herramienta puede ayudar a los estados a verificar la ciudadanía de personas registradas para votar.
Sin embargo, SAVE no elimina directamente a una persona del padrón electoral ni determina por sí mismo si puede votar. La decisión sobre la inscripción o permanencia de un elector en los registros corresponde a las autoridades estatales y locales.
La disputa judicial comenzó después de que la League of Women Voters, junto con organizaciones estatales y el Electronic Privacy Information Center, impugnara las modificaciones al programa. Los demandantes argumentan que el uso de registros federales para realizar búsquedas masivas puede generar errores y afectar a ciudadanos que cumplen con los requisitos para votar.
En junio de 2026, un tribunal federal de distrito había ordenado dejar sin efecto el sistema modificado y determinó que las autoridades federales habían violado, entre otras normas, la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Posteriormente, una corte federal de apelaciones rechazó suspender esa decisión mientras avanzaba el litigio.
La orden de la Corte Suprema permite ahora que el sistema modificado SAVE vuelva a utilizarse mientras continúa el proceso judicial. La resolución no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de las modificaciones.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la decisión.
El fallo se produce semanas antes de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, mientras continúa el debate judicial sobre el uso de información federal para verificar la ciudadanía de personas inscritas en los registros electorales.