En el periodo que va de 1965 a 1990 se operó una estrategia de represión no solo contra sectores político disidentes, sino que abarcó a todo aquel que le fuera incómodo al Estado
Iban en unos carros grandes con vidrios polarizados. Los policías llegaron y las subieron a golpes a los vehículos. A Verónica López Sánchez y otras mujeres trans las trasladaron al temido Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, uno de los centros de detención y tortura clandestinos que operó la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, durante los años de la Guerra Sucia.
"Llegábamos a Tlaxcoaque y nos metían a esos sótanos, era algo espantoso. Hacía mucho frío...Llegamos a una celda, la número cinco, en el pasillo tres. Al otro día temprano nos paraban y gritaban ¡Vapor, vapor!".
Ese grito era porque, a las cinco de la mañana, les echaban agua con hielos y sus cuerpos desprendían un vapor evidente. Muchas compañeras trans de Verónica enfermaron de neumonía. En estado grave las sacaban de las celdas. Nunca más se les volvía a ver.
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Este es solo un testimonio de los muchos que se recabaron para el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), titulado Fue el estado (1965 - 1990), sobre lo que sucedió en México durante dicho periodo, conocido como la Guerra Sucia.
Otro de esos testimonios es el de Juan Carlos Ayala Barrón, él estaba un 25 de junio de 1977 en la puerta de la vivienda de su tío, en Culiacán Sinaloa, junto con su hermano y dos primos. Llegaron integrantes del ejército y la policía federal y a culatazos, aunque eran apenas unos adolescentes, los metieron a la casa. Agarraron al tío de Juan Carlos y se lo llevaron.
Pero los soldados y policías no se fueron, se quedaron en la vivienda. Al otro día, Juan Carlos les dijo que iría a traerles tortillas para que comieran. Le creyeron y lo dejaron salir. Tomó un camión y se fue a su casa, en El Carmen, municipio de San Ignacio, en Sinaloa.
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Pensó en ir por ayuda, pero se encontró con que los soldados y policías estaban también en su casa, donde además de a su familia, tenían retenidas a otras 15 personas, todas con golpes visibles. Juan Carlos fue testigo de cómo agarraron a uno y empezaron a golpearlo.
"Tú nos vas a decir, hijo de la chingada, ¿quién siembra?". Buscaban a los sembradores de marihuana y amapola en los poblados de Sinaloa. Después de muchos golpes, el hombre empezó a nombrar a pobladores, a quienes el ejército y la policía se llevó.
Ambos testimonios son una muestra de cómo en México, entre los años 1965 y 1990 el Estado operó una estrategia de contrainsurgencia no solo contra los disidentes políticos sino contra otros, como los sectores sexo genéricos (homosexuales, lesbianas, mujeres trans), campesinos empobrecidos que recurrían a sembrar droga para subsistir, disidencias religiosas, periodistas, movimientos urbano populares, comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas.
También a quienes se oponían a proyectos de infraestructura, a personas marginadas y criminalizadas, a migrantes y, en general, a todo aquel que se opusiera o pareciera oponerse a la hegemonía social, económica y política del Estado, incluso hubo violaciones graves a derechos humanos hasta contra los mismos integrantes de las fuerzas armadas y policiales.
Así lo concluye el informe del MEH, hecho público en los primeros minutos de este 16 de agosto y para el que se recabaron mil 079 testimonios, además de información documental.
El MEH es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
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Las violaciones a derechos humanos que logró documentar el MEH incluyeron detención arbitraría, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, masacre, tortura sexual, violencia reproductiva y exilio, entre otras. El número total de víctimas identificadas en el informe es de 8 mil 594, sin contar desplazamiento forzado, pero se estima que en realidad fueron muchas más.
Por ejemplo, para el informe se contó con evidencia de que la táctica militar conocida como "vuelos de la muerte" no se circunscribió a la base aérea de Pie de la Cuesta para desaparecer y ejecutar a miembros de organizaciones político-militares; también fue usada contra líderes comunitarios que defendían a los suyos frente a la imposición de una planta hidroeléctrica en Chiapas.
Respecto a los vuelos de la muerte, en el volumen 6 de la colección Fue el Estado, figura la carta escrita por un integrante del ejército, Benjamiín Apresa, dirigida aRosario Ibarra de Piedra, con fecha del 26 de mayo de 2004, en la que se muestra una relación de nombres, fechas, lugares e instancias militares y policiales supuestamente involucradas en estos vuelos, en los que se arrojaba al mar a personas vivas o muertas.
De los 183 nombres registrados, se identifican siete nombres de mujeres víctimas de estos vuelos con sus respectivos seudónimos o "nombres de lucha" en su mayoría y el del niño Marcelo Serafín, quien fuera detenido por militares el 2 de diciembre de 1974 día de la ejecución de Lucio Cabañas, así como algunas de las agrupaciones militares y policiacas implicadas en la política contrainsurgente durante el periodo de 1965 a 1990, entre estos la Policía Militar, la Dirección Federal de Seguridad, o la Policía Judicial, en un conjunto de 25 traslados aéreos
Entre las conclusiones del informe se asienta que las evidencias recabadas revelan una planeación y organización cuidadosa por parte del Estado, y de sus instituciones, para implementar toda una estrategia represiva en contra de diversas comunidades de víctimas que resultaban incómodas o amenazantes para el statu quo del régimen.
No se trató de hechos aislados y fortuitos, producto de excesos individuales al interior de las instituciones del Estado. Se trató en realidad de un ejercicio institucional de la violencia, en el que diversas instancias gubernamentales, organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, participaron de manera dirigida y organizada por el Estado mexicano, con sus recursos y protección.
En la responsabilidad de instituciones y operadores de la represión, dice el informe, figura una pirámide en la que en la cúspide está el presidente en turno, en sus distintos niveles secretarías de Estado y en la base burócratas de a pie, como los policías.
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En el informe hay un listado de responsables institucionales de graves violaciones a derechos humanos, de quienes no se ha logrado documentar la participación directa, pero que, dice el documento, "resulta imposible que se cometieran sin su conocimiento".
Entre estas personas están: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Manuel Barleet Díaz, Manuel Camacho Solís, Jorge Carrillo Olea, Marcelino García Barragán, Fernando Gutiérrez Barrios, Carlos Hank González y Jesús Reyes Heroles, entre otros.
En el informe se asienta que el Ejército tuvo una participación destacada en toda esta represión; sin embargo, los hechos de violencia documentados evidencian que no sólo participaron instituciones de seguridad, sino que otras instancias, como algunas de educación, salud, o servicios telefónicos, limpia o panteones, colaboraron y conocían perfectamente cuál era su rol a cumplir "en el complejo entramado de vigilancia, persecución y disciplinamiento de las comunidades victimadas".
Otra evidencia contundente de este entramado es que pese a los señalamientos puntuales contra funcionarios estatales, por su participación en la comisión de violaciones graves a derechos humanos, hubo protección del régimen para ellos e incluso compensación, con empleos de mayor rango, donde aplicaron su experiencia y conocimientos en contrainsurgencia.
"Los excesos, tropelías y abusos del sistema y sus autoridades fueron parte cotidiana del funcionamiento de, por ejemplo, fiscalías, ministerios públicos, cárceles, juzgados", señala el informe.
Se identificó también que participaron en la comisión de violaciones a derechos humanos, y en apoyo de las instituciones formales del Estado, grupos paramilitares, parapoliciales, estructuras caciquiles e integrantes del crimen organizado
De hecho, un número importante de militares, agentes judiciales y policías tanto retirados como en activo, muchos de ellos instruidos en las técnicas de la contrainsurgencia y responsables directos de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, encontraron cabida en las filas de la delincuencia organizada. En estos grupos replicaron el adiestramiento recibido y los formaron en la lógica del paramilitarismo.
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Además de las instancias formales estatales plenamente identificadas y las ilegales, tuvieron participación en esta represión otro tipo de actores no estatales: algunos partidos políticos, miembros del sector empresarial, medios de comunicación e incluso algunas organizaciones religiosas.
De las influencias e injerencias extranjeras de seguridad, inteligencia y contrainsurgencia en México, el informe destaca la contribución de tres agencias de Estados Unidos: el FBI, la DEA y la CIA.
El campo de acción de los agentes de la DEA, por ejemplo, dice el informe, "se inscribe en un marco de profunda ilegalidad en el que destacan acciones, como: participación en arrestos auto incriminatorios hacia la persona sospechosa, secuestro de personas de nacionalidad mexicana con su posterior traslado a Estados Unidos, redadas, decomisos, bloqueos en carreteras, interrogatorios, implicaciones en balaceras y la participación en campañas de erradicación de cultivos de opio con el uso de pesticidas".
De la CIA se identificaron tres estrategias generales que se llevaron a cabo por parte de sus agentes en México: vigilancia e infiltración a grupos ideológicos de oposición; manipulación mediática y de propaganda en contra del comunismo e ideologías de izquierda y venta y trasiego de armas, asistencia técnica y militar, así como profesionalización para la contrainsurgencia.
Para hacer su disciplinamiento social, pero también para sostener y solapar actividades criminales, el Estado arregló espacios de infraestructura oficial, que incluyeron zonas de detención y dentro de ellas a los separos de los MP, las cárceles y los centros clandestinos.
En la mayoría de las ocasiones, estos estaban ubicados dentro de las instalaciones militares. Además del Campo Militar N. 1, destacaron: la Base Aérea Militar número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero; el cuartel de la 28/a Zona Militar, en Ixcotel, Oaxaca; las instalaciones del 47/o Batallón de Infantería, en Pinotepa Nacional, Oaxaca; y el cuartel con sede en el 71/o Batallón de Infantería en Atoyac, Guerrero
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También existieron centros de detención clandestina en las instalaciones de otras corporaciones e instituciones como en las Oficinas de la Procuraduría y Ministerios Públicos, como el 30, 31 y 39505, así como en la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) del entonces Distrito Federal.
Durante la Guerra Sucia, el Estado no solo consintió y alentó prácticas violatorias de derechos humanos también promovió y toleró la formación de economías criminales y circuitos de extorsión, corrupción e impunidad.
En la persecución que se hacía a los grupos sexo genéricos (homosexuales, lesbianas, mujeres trans) se practicaba la extorsión, si pagaban porque los dejaran en paz, los dejaban, si no, iban a los centros de detención, donde se les retenía de manera ilegal y se les torturaba, en muchos casos hasta la muerte.
En cuanto al combate al tráfico de drogas emprendido por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, el informe señala que este fue en realidad una batalla del capital, en la que el Estado priista trató de controlar y administrar la producción y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, estableciendo para ello una relación clientelar con los productores más poderosos.
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En el documento se asienta claramente que "el Estado emprendió un combate selectivo, favoreciendo a los grandes traficantes y cebándose, en cambio, sobre los productores independientes, los traficantes que se negaban a pagar las cuotas que les exigían y los campesinos, que encontraban en el cultivo de mariguana y amapola una forma desesperada de subsistencia".
Durante estas operaciones se desplegaba una intensa violencia no sólo contra los campesinos sino contra sus comunidades, imponiendo a los pobladores trabajos y tareas forzosas, y sometiéndoles a interrogatorios y torturas para obtener información, como se pudo ver en el caso relatado por Juan Carlos Ayala Barrón, en Sinaloa.
De hecho, los pobladores del llamado Triángulo Dorado resintieron la violencia de la Operación Cóndor (contra el narcotráfico), primero, y de la Fuerza de Tarea Marte (para la erradicación de cultivos ilícitos) después. Las operaciones antinarcóticos se extendieron a otros estados del país, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán o Jalisco, por mencionar algunos.
La violencia alcanzó a las propias autoridades involucradas. Policías municipales y estatales, que en la década de 1970 detentaban el control de regiones, fueron desplazados por el Ejército y la Policía Judicial Federal (PJF), y por los hombres de la DFS en la década posterior. Esta pugna generó constantes enfrentamientos que derivaron muchas veces en balaceras, torturas y ejecuciones de policías que trabajaban para las bandas del narcotráfico.
De hecho, muchas violaciones a derechos humanos se cometieron también entre integrantes del ejército, grupos de seguridad y policías. Ellos también, en determinados casos y situaciones, fueron presas de sus propios compañeros o de elementos de otras corporaciones.
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Entre policías auxiliares, policías preventivos, agentes judiciales y elementos castrenses había constantes fricciones y altercados, que en muchos casos derivaron en balaceras, golpizas y homicidios. Se puede identificar una cadena de mando institucional, que los ordenó, o a víctimas vulnerables por inferioridad jerárquica frente a sus victimarios.
Entre estos casos se pueden identificar cinco líneas: correctivos disciplinarios; persecución de elementos presuntamente vinculados con alguna organización subversiva; conflictos entre corporaciones, especialmente en el marco de la lucha antinarcóticos; represión de disidencias y deserciones y casos de violencia contra mujeres.
Para el informe se documentó un caso en el que un testigo confiable, antiguo elemento de la corporación, dio cuenta de que las mujeres policías adscritas a la Dirección General de Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal, en los tiempos en que Arturo Durazo Moreno estaba al frente, eran forzadas a servir de acompañantes y a prestar favores sexuales a mandos de la agrupación y personal de prensa que cubría la fuente policial.
Pese a la amplia documentación de violaciones a derechos humanos que se hace en el informe, el MEH denuncia que no pudo documentar muchos sucesos que posiblemente pasaron, por ejemplo, por la cerrazón de la Sedena, que no permitió el acceso a expedientes relevantes.
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Así que entre sus muchas recomendaciones incluye la apertura de esos archivos, así como muchas otras acciones que le tocan a las diversas dependencias del Estado y que van desde el reconocimiento de sus responsabilidad por estas violaciones graves a derechos humanos, incorporación de lo sucedido en los contenidos educativos nacionales, atención a las víctimas y reparación del dañoy búsqueda de los desaparecidos.
Otras más incluyen que se hagan investigaciones ministeriales sobre lo sucedido, se abran procesos penales contra los responsables y para evitar la repetición que se efectúe la desmilitarización del país y se cree una estrategia de seguridad pública y ciudadana. También se recomienda seguir con comisiones de la verdad para períodos posteriores a 1990.
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