El megaproyecto planea la construcción en Guaymas, donde está el cinturón de islas del Golfo de California, rico en biodiversidad y migración de ballenas
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El megaproyecto de Amigo LNG en Guaymas podría afectar la biodiversidad del Golfo de California. Conoce cómo este acuerdo contradice leyes y amenaza el medio ambiente y la economía local.
El 30 de septiembre de 2022, cuando el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cumplió un año, su administración celebró, a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, un contrato de comodato con la empresa de gas natural licuado Amigo LNG S.A de C.V., para darle un terreno de 54 hectáreas en Guaymas, a un costado del Golfo de California.
El contrato con esta empresa, en poder de N+ FOCUS, y cuyo megaproyecto está frenado vía amparos por cometer irregularidades ambientales y de consulta pública, establece en las líneas generales que concederá el uso oneroso, es decir, que Sonora debería recibir una contraprestación por la renta del terreno.
Sin embargo, las líneas más importantes del contrato, basadas en la cláusula I, son contradictorias, pues señala que “el comodante”, es decir, el gobierno de Sonora, “otorga de manera gratuita el uso, goce y disfrute del inmueble” con superficie de 54 hectáreas.
Dicho contrato menciona un acuerdo de entendimiento entre la empresa, a nombre del magnate hindú Muthu Chezhian, y el gobierno, por parte de Marco Gallardo Galaz, excoordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Comisiones.
Al ser solicitado vía Transparencia, el contrato fue declarado como inexistente y luego fue reservado por el gobierno estatal, según solicitudes de información realizadas por la organización Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), quienes junto a otras oenegés y comunidades han iniciado una defensa jurídica para la protección del Golfo de California y los derechos humanos de los guaymenses.
El contrato está notariado por el presidente del Colegio de Notarios de Sonora, René Luna Sugich, cuyo sello aparece en el documento.
Además de esta irregularidad, omitida a lo largo de la documentación del proyecto, el contrato contraviene la Ley de Bienes y Concesiones de Sonora, donde el artículo 43 fracción V enfatiza que el arrendamiento, donación o comodato será para asociaciones, sociedades o instituciones privadas “que no persigan fines de lucro”.
De acuerdo con los planes hechos públicos por la empresa, la razón social de Amigo LNG es con fines de lucro.
En junio, Alfonso Durazo mencionó que la empresa Amigo LNG iba a invertir entre 35,000 y 40,000 millones de pesos en el puerto de Guaymas.
A pesar de ello, solo ofrece un beneficio limitado de 280 empleos para una población de 150,000 habitantes, dedicada a la pesca y el turismo, que podría ser afectada por los riesgos de accidente, derivados del proceso de hidrocarburos de la planta de licuefacción.
Además, están los impactos ambientales por los que continúan procesos legales, ya que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) autorizó el proyecto sin evaluar la contaminación que podría traer la construcción y operación de una terminal de licuefacción de gas.
El proyecto se pretende situar en tierra y con planta flotante en el Golfo de California, cerca del cinturón de isla, zona rica en biodiversidad por sus rutas migratorias de ballenas, aves y mamíferos marinos.
Amigo LNG se localizaría cerca de otra terminal similar, Saguaro Energy, ubicado a unas cuatro horas en carretera de Puerto Libertad. De construirse, juntas causarían un impacto ambiental considerable, de acuerdo con organismos internacionales.
El proyecto, propiedad de las empresas extranjeras LNG Alliance y Epsilon LNG, provocaría la emisión de 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales. Esto haría que México incumpla los acuerdos en materia de cambio climático, ya que retrasaría 40 años la transición a energías limpias y las metas de descarbonización del país.
Cabe resaltar que la empresa realizó durante 2025 diversos trámites ante el Departamento de Energía de Estados Unidos y autoridades mexicanas sin contar con la autorización de impacto ambiental, misma que finalmente fue otorgada por la ASEA en abril de 2026, pero omitida en los procesos de consulta pública.
Contrario al proceso legal de participación ciudadana, los documentos del proyecto están testados, reservados o declarados inexistentes, incluso cuando el predio era propiedad del Estado y que se han alertado impactos sociales y ambientales. Hasta el momento, han sido las demandas de amparo de organizaciones como DAN las que han forzado al gobierno mexicano a transparentar.
