Colectivas Trans Vandalizan Sede de la PDI en CDMX y Son Repelidas
Las manifestantes fueron rociadas con polvo extintor y una de ellas resultó afectada, aparentemente por intoxicación

Foto: N+.
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Foto: N+.
Las manifestantes fueron rociadas con polvo extintor y una de ellas resultó afectada, aparentemente por intoxicación

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Colectivas trans vandalizaron instalaciones de la Jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en rechazo a que Arturo "N" fuera imputado por homicidio calificado y no por transfemicidio, delito que presuntamente cometió contra Paola Buenrostro.
Algunas manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al edificio ubicado en Doctor Lavista, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, y golpearon los cristales con estructuras metálicas. En respuesta a los desmanes, autoridades al interior de la dependencia rociaron polvo de extintor para replegar a las inconformes.
En imágenes consignadas por N+ se pudo ver que una persona resultó afectada, aparentemente por intoxicación. La manifestante fue retirada por sus compañeras y atendida en la banqueta.
Personal igual usó tubos para golpear a dos integrantes de las colectivas que escalaban las rejas de un acceso en la sede de la PDI.
Previo a la escalada de la protesta, las inconformes realizaron un mitin donde emitieron pronunciamientos y exigieron que la fiscalía capitalina se comprometiera a cumplir sus demandas, además de atender otros casos de delitos cometidos contra la comunidad trans.
En un primer momento, quisieron acceder a la jefatura, pero no se les permitió y comenzó la confrontación. Este medio constató que las manifestantes lanzaron piedras al edificio y quemaron una prenda. Las instalaciones no eran resguardadas por agentes metropolitanos.
Las colectivas se retiraron de la jefatura de la PDI al filo de la medianoche, pues llegó la policía capitalina para resguardar el edificio.
Es el mismo grupo que por la tarde provocó destrozos al interior de la Fiscalía de Feminicidios de la CDMX, debido a su protesta contra la determinación judicial dictada a Arturo "N".
Durante una breve entrevista a medios, las integrantes del colectivo trans aseguraron que no estaban de acuerdo con la decisión, ya que el presunto asesino debe ser juzgado por transfeminicidio. Consideraron que su lucha iniciada desde septiembre de 2016 no fue tomada en cuenta y que Paola Buenrostro debe obtener justicia.
Paola Buenrostro fue asesinada en 2016. Arturo "N" contrató sus servicios como trabajadora sexual y abordó su vehículo. Esa fue la última vez que sus amigas vieron a la víctima con vida. Paola pidió ayuda a sus compañeras y poco después se escucharon dos disparos.
El caso fue reconocido como el primer transfeminicidio en la capital del país y derivó en la ley que integró dicho delito al Código Penal local en 2024.
Arturo "N" fue detenido inicialmente, pero quedó en libertad y desde entonces era buscado por las autoridades, que ofrecían una recompensa de hasta 500 mil pesos por información para localizarlo. El acusado estuvo prófugo durante una década y fue detenido ayer en la colonia El Tráfico, en Nicolás Romero, Estado de México.
En entrevista con N+, Gema Chávez Durán, coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de CDMX, explicó que Arturo "N" no es investigado por transfeminicidio debido a que la orden de aprehensión fue emitida en octubre de 2016 por el delito de homicidio calificado.
En ese momento, el feminicidio ya estaba tipificado, pero el Código Penal de la Ciudad de México establecía únicamente cinco circunstancias específicas para considerar un asesinato como feminicidio.
Este martes, Arturo "N" quedó bajo prisión preventiva en la audiencia de imputación y fue trasladado al Reclusorio Oriente. Su defensa solicitó 144 horas para reunir más pruebas que puedan ser de ayuda para demostrar su inocencia, por lo tanto, se retomará la comparecencia para definir su situación jurídica el próximo viernes 4 de septiembre.
La Fiscalía de la Ciudad de México se dijo abierta a una posible reclasificación del caso, pero puntualizó que el proceso se inició conforme al marco legal vigente en 2016. Sin embargo, la dependencia señaló que ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidoras y servidores públicos ni daños a las instalaciones de la institución.
Asimismo, se comprometió a revisar la actuación de su personal, aunque negó que exista una práctica o instrucción transfóbica institucional.
Con información de Ruth Barrios Fuentes y Guillermo Segura
ASJ