A estos inmigrantes se les concedían períodos de libertad condicional humanitaria de dos años para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México
Una jueza federal ordenó este martes 31 de marzo de 2026 a la administración del presidente Donald Trump que revoque la cancelación del estatus legal de miles de migrantes a quienes se les había permitido residir temporalmente en Estados Unidos tras usar una aplicación de citas utilizada por la administración del presidente demócrata, Joe Biden.
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La jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs, de Boston, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos actuó ilegalmente en abril de 2025 al enviar correos electrónicos masivos notificando a muchas de las más de 900 mil personas que habían ingresado al país mediante la aplicación CBP One que era "hora de abandonar Estados Unidos".
Skye Perryman, cuyo grupo legal liberal Democracy Forward impulsó la demanda, celebró el fallo en un comunicado, afirmando que el juez había rechazado el intento de "borrar el estatus legal de cientos de miles de personas con un simple clic".
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Un vocero del DHS calificó el fallo en un comunicado como "activismo judicial flagrante" que interfería con la autoridad de Trump para determinar quién permanece en Estados Unidos.
"Cancelar estos permisos de entrada es una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional", declaró el portavoz del DHS.
A estos inmigrantes generalmente se les concedían periodos de libertad condicional humanitaria de dos años tras usar una aplicación de la era Biden llamada CBP One para programar una cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la administración Biden, comenzó a exigir a muchos solicitantes de asilo que usaran dicha aplicación a partir de 2023, en un intento por aliviar el caos en la frontera.
Poco después de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump decidió suspender el uso de la aplicación, al tiempo que su administración republicana comenzaba a implementar su política migratoria de línea dura y deportaciones masivas.
En abril de 2025, muchos no ciudadanos que habían recibido libertad condicional a través del proceso CBP One recibieron un correo electrónico del DHS informándoles que, en ejercicio de su discreción, revocarían su libertad condicional.
"Por favor, abandonen Estados Unidos de inmediato", decía el correo electrónico.
Burroughs afirmó que, al enviar esas notificaciones de revocación, el DHS incumplió el requisito de proporcionar un registro que demostrara que un funcionario había determinado que los propósitos de la libertad condicional se habían cumplido.
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