La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución sobre la situación política de Nicaragua, en la que solicita establecer las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas y pide la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos.
El documento también plantea la necesidad de recuperar la separación de poderes, conocer el paradero de personas desaparecidas y restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella. La resolución no contempla la imposición de sanciones específicas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de cancilleres realizada en Washington, convocada para analizar la situación de Nicaragua. La OEA había anunciado previamente que el encuentro tendría como objetivo discutir las acciones que los Estados miembros consideraran apropiadas conforme a la Carta de la organización, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un grupo ministerial encargado de dar seguimiento a la situación y establecer un diálogo con las autoridades nicaragüenses y sectores de la oposición. El grupo deberá presentar recomendaciones en un plazo de 90 días, de acuerdo con la información difundida sobre la resolución.
La decisión ocurre después de que Ortega anunció el pasado 19 de julio que no habría nuevos procesos electorales en Nicaragua. Posteriormente, el gobierno impulsó modificaciones constitucionales que incluyen restricciones para la participación política de personas consideradas como "traidores a la patria”, según lo reportado durante la reunión.
"La situación de los derechos humanos también formó parte de los antecedentes del encuentro. Un pronunciamiento conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas señaló que ambas instancias continúan documentando denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, confiscaciones de bienes y privación de nacionalidad.
La CIDH también ha emitido durante 2026 distintas medidas cautelares relacionadas con personas detenidas en Nicaragua, en casos donde señaló riesgos para derechos como la vida y la integridad personal y solicitó información sobre las condiciones y lugares de detención.
FBPT