El Instituto Nacional de Migración (INM) recibió la tercera cifra más alta de quejas por violaciones de derechos humanos de entre todas las instituciones del Estado mexicano, con mil 997.

Mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ocupó el décimo puesto con 333 quejas, así lo reveló el informe anual sobre el estado de derechos humanos de Amnistía Internacional.

Las autoridades mexicanas, señala este documento en su capítulo dedicado a México, recluyeron al menos a 281 mil 149 personas en centros de detención migratoria masificados, como el de Ciudad Juárez, Chihuahua,, en el que este lunes fallecieron al menos 40 migrantes en un incendio.

Video. ONU Pide Investigar Muerte de Migrantes en Chihuahua

Además, las autoridades mexicanas expulsaron al menos a 98 mil 299, en su mayoría de América Central, entre quienes había miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

También detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en los aeropuertos de todo el país y las sometieron a tratos inhumanos y degradantes.

De acuerdo con el informe, las autoridades siguieron colaborando con Estados Unidos en la aplicación de políticas estadounidenses que menoscaban el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement), como la expulsión sumaria de las personas procedentes de América Central y Venezuela en virtud del Título 42 del Código de Estados Unidos, que limita drásticamente el acceso al procedimiento de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las personas expulsadas a México desde Estados Unidos sufren múltiples formas de violencia, entre ellas secuestros, violencia sexual y robos, denuncia Amnistía Internacional.

En un intento por frenar las múltiples violaciones a derechos humanos y proteger a los migrantes, la Suprema Corte dictó, en 2022, dos sentencias históricas: en mayo declaró que las revisiones migratorias existentes en el interior de México eran inconstitucionales por su carácter discriminatorio.

En octubre reconoció que el poder ejecutivo no había publicado protocolos oficiales claros para la protección de las personas que regresaban a territorio mexicano con arreglo al plan estadounidense “Quédate en México” (también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes).

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