Gobierno Explicará en Detalle Rechazo a Informe de la ONU sobre Desaparición Forzada

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecerán una conferencia de prensa específica para desmenuzar, punto por punto, por qué el gobierno de México rechaza el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), publicado a principios de abril, en el que el organismo determinó que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y pidió que el caso sea llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿Qué dijo el gobierno sobre el estatus del Comité?

Uno de los primeros puntos que Sheinbaum abordó fue el carácter del CED. La mandataria sostuvo que ese organismo no es comparable a la UNESCO u otras agencias de la ONU, sino un cuerpo técnico creado por tratado, cuyos integrantes son elegidos por los propios estados parte.

"Es un comité de expertos. No forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas", afirmó la presidenta en su conferencia matutina, y aclaró que esa distinción no es menor a la hora de evaluar el peso institucional del documento.

El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, había respondido antes a esa postura señalando que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas, al haber sido creados por convenciones adoptadas por la propia ONU y por los estados parte.

Los argumentos de fondo: datos del pasado, realidad del presente

Más allá de la discusión sobre el estatus del CED, Sheinbaum centró su rechazo en razones técnicas. Indicó que el análisis del informe se basa en datos de cuatro estados entre 2009 y 2017 —periodo que abarca las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y que desde esa base se extrapolan conclusiones hasta 2025, sin incorporar las observaciones que Gobernación y Relaciones Exteriores enviaron al borrador.

A eso sumó que el informe, a su juicio, no distingue entre distintos tipos de desaparición: la que proviene de una orden o práctica del Estado —como ocurrió durante la llamada guerra sucia, comparable a lo vivido en Argentina, Chile y Uruguay bajo dictaduras militares—, y la que cometen grupos de delincuencia organizada, que reclutan jóvenes o los retienen de manera forzada, así como casos de personas que desaparecen voluntariamente por conflictos familiares o razones ajenas al crimen.

La orientación del documento, el punto más cuestionado

Para la presidenta, el problema central no es solo el contenido del informe, sino hacia dónde apunta: llevar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU, cuando el gobierno considera que está actuando de manera activa para atender el fenómeno.

"Con gusto les pedimos que hagan una conferencia de prensa para que puedan explicar con todo detalle el documento y cuáles son los puntos en los que definitivamente no se coincide", dijo Sheinbaum, al anunciar que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, y expertos en la materia participarán en ese ejercicio.

La presidenta enumeró una serie de avances que, según ella, el Comité ignoró: la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda, modificaciones legislativas aprobadas en julio de 2025, la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpeta de investigación desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y reuniones semanales o quincenales entre Gobernación y los colectivos de familias buscadoras.

Cooperación con la ONU, sí; este informe, no

Sheinbaum subrayó que México trabaja de manera cercana con el representante en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y que otras áreas del organismo internacional participan en los esfuerzos de identificación forense. En ese sentido, dejó en claro que el rechazo es específico al documento del CED, no a la cooperación con la ONU en términos generales.

Sobre la posibilidad de recibir asistencia técnica y financiera para búsquedas y análisis forense —medidas que el propio Comité solicitó para México—, la presidenta no cerró la puerta, pero indicó que el informe va más allá de esas recomendaciones y tiene, a su lectura, una orientación crítica que no reconoce los esfuerzos del gobierno actual.

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CT