FGR pide a SRE que Solicite a EUA Pruebas para Detener a 10 Funcionarios de Sinaloa
La FGR pidió a la SRE que exija a EUA pruebas para sustentar la detención de 10 funcionarios de Sinaloa; aún no puede emitir un posicionamiento
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La FGR pidió a la SRE que exija a EUA pruebas para sustentar la detención de 10 funcionarios de Sinaloa; aún no puede emitir un posicionamiento
La Fiscalía General de la República (FGR) analizó la solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente a 10 ciudadanos mexicanos con fines de extradición y concluyó que el pedimento carece de pruebas suficientes.
Por esa razón, enviará una comunicación a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que exija a Washington documentación probatoria completa antes de que México pueda pronunciarse sobre la medida.
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La Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas vinculadas al gobierno de Sinaloa. Los cargos son: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
"Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos", indicó el Departamento de Justicia estadounidense.
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El doctor Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, aclaró en conferencia que la solicitud no equivale a un proceso de extradición formal.
"Estamos en presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición", explicó el funcionario.
Esa distinción es clave: la medida cautelar -una detención provisional- es apenas el primer paso de un proceso que, de avanzar, implicaría la intervención de la SRE, del Poder Judicial y, finalmente, un acuerdo de cancillería que podría ser impugnado mediante juicio de amparo.
El pedimento no contiene referencia, motivo, fundamento ni evidencia que justifique la urgencia de la detención.
No hay pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable la medida.
La detención provisional constituye una restricción a los derechos humanos y exige acreditarse más allá de toda duda razonable.
La difusión pública de la información pone en riesgo el debido proceso.
La FGR solicitará que la documentación adicional se entregue con garantías de confidencialidad.
Ante la pregunta del reportero de N+, Arturo Sierra, sobre la postura del gobierno mexicano, Jiménez Vázquez subrayó que cualquier pronunciamiento de la FGR se limitará al análisis de la medida cautelar y que, solo después de recibir la documentación completa, la institución podrá fijar un posicionamiento institucional.
La Fiscalía sostuvo que su actuación se sustenta en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales y multilaterales vigentes, y reiteró su compromiso con la protección de los mexicanos sin distinciones.
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Con información de N+
