El Instituto contempla la implementación de auditorías externas privadas y un sistema anónimo de denuncia
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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan emergente para enfrentar la crisis tras el escándalo de presunta corrupción. El Instituto solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que intervenga de manera urgente para que fiscalice el uso de recursos públicos que ha gastado en los últimos años en adquisiciones, arrendamientos, obra pública y servicios del órgano electoral en todo el país.
También contempla la implementación de auditorías externas privadas y un sistema anónimo de denuncia y recopilación de información que contribuya a las investigaciones por anomalías en la administración, principalmente en la entrega de contratos.
“Ante crisis histórica se requieren medidas extraordinarias. Sin duda alguna, es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución. Jamás se había visto la renuncia de la presidencia del Consejo General vinculada a un escándalo de corrupción”, dijo Arturo Castillo, consejero electoral del INE.
El Consejo General ordenó a todo su personal resguardar la información y que solo sea manejada por las personas estrictamente autorizadas. Además, advirtió que debe entregarse toda la documentación que requieran las autoridades, sin demora injustificada, incluso si está clasificada como confidencial o bajo reserva, porque es legalmente procedente en este contexto.
“Que no quede nada sin revisar”, dijo por su parte Carla Humphrey, consejera electoral del INE.
El personal del INE deberá comunicar de manera inmediata cualquier incidente o vulneración de seguridad que pudiera comprometer la información. Mandata particularmente a sus áreas jurídica y de administración para que presenten denuncias al encontrar hallazgos que lo ameriten.
El acuerdo advierte que, al encontrarse dentro del proceso electoral federal 2026-2027, su dirección administrativa deberá formular un Plan de Acción Crítico cuya finalidad sea salvaguardar la correcta celebración de aquellas contrataciones que se deban realizar para cumplir con sus obligaciones en la organización del proceso comicial.
A su vez, se deberá dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera, corriéndole traslado con los proveedores de este Instituto, para solicitar que informe si existen irregularidades con alguno de estos.
La secretaria ejecutiva del INE tendrá que integrar dentro de cinco días hábiles un inventario de contrataciones y operaciones, desagregado por ejercicio, unidad responsable, procedimiento, proveedor, objeto, monto contratado y pagado, modificaciones, recepción, incumplimientos y medidas aplicadas.
El inventario se pondrá a disposición de la ASF y se actualizará ante requerimientos posteriores. El acuerdo con todas estas medidas se hará llegar a más tardar en 3 días al titular de la ASF, Aureliano Hernández, y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
AMP
