Seguridad, Salario, Vivienda, Austeridad: las Claves de las Reformas de AMLO
Estas son algunos puntos clave de las reformas a la Constitución presentadas por el presidente López Obrador
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Estas son algunos puntos clave de las reformas a la Constitución presentadas por el presidente López Obrador
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes una lista de 20 iniciativas de reformas a la Constitución. Estos son algunos de los cambios que presentó en materia de vivienda, conectividad, seguridad, salud y austeridad.
En la iniciativa que envió el presidente para fortalecer el salario mínimo en México propone modificar el Artículo 123 de la Constitución anexando un párrafo que establece: "La fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el período de su vigencia".
En las modificaciones al Artículo 123 se establece que "las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada Permanente, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social".
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El ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social se situó en 16 mil 152 pesos mensuales, durante 2023. Sin embargo, el salario de las ocupaciones de la salud, educación y seguridad es inferior.
Es por ello que se explica en la exposición de motivos que se requiere garantizar un ingreso justo y digno para ellos.
Con base en ello, el monto que se propone es de 16 mil 777 pesos con 68 centavos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación estimada para 2024.
La reforma al Poder Judicial de la Federación, que propone el presidente López Obrador, contempla la remoción de los once ministros que actualmente integran el Pleno y un reordenamiento de los juzgados y tribunales federales, al desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal.
Propone modificar el artículo 95 constitucional, para que los ministros sean electos de manera directa y secreta por la ciudadanía el día dos de junio. Estarían en el cargo 12 años.
El Senado sería el encargado de emitir la convocatoria para elegir a los candidatos judiciales y los tres Poderes de la Unión intervendrían.
La propuesta también contempla reducir la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nueve integrantes y eliminar las Salas.
El presidente establece la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco personas también electas mediante voto popular que se encargaría de vigilar y sancionar la actuación de los juzgadores, quienes tendrían un plazo máximo de seis meses para resolver los juicios.
Modifica el sistema de votaciones del Pleno de la Corte, y establece que la mayoría se alcanzaría con seis votos. En su artículo 105 establece que cuando los ministros admitan una controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, no podrán suspender la entrada en vigor de la ley en pugna, mientras se resuelva el fondo del asunto, tal como ha ocurrido con leyes como la electoral, mejor conocida como Plan B. En el caso de los amparos se propone que nunca puedan tener un efecto general.
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Se asienta que los ministros, magistrados y demás personal del Poder Judicial no podrá tener remuneraciones mayores a la establecida en el presupuesto para el presidente, y que se elimina el derecho que actualmente tienen los ministros a una pensión vitalicia.
El presidente presentó diversas reformas y adiciones al Artículo 28 de la Constitución, con el fin de que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros.
"La presente iniciativa pretende que el Estado mexicano retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros, ello considerando que las propias concesiones otorgadas a particulares han sido respecto del servicio de transporte de carga, no así de pasajeros. Por ello se establece la facultad al Ejecutivo federal para otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares relativo al servicio de transporte de pasajeros y plantea que los particulares que ya cuentan con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga puedan participar o en su caso otorguen preferencia a éste".
En la iniciativa presentada, se dio a conocer que, en 1937, un año antes de que fuera nacionalizado Ferrocarriles Nacionales de México por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, nuestro país contaba con 17 rutas de trenes de pasajeros y de carga.
La iniciativa presidencial para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución en materia de Guardia Nacional, propone que la corporación "quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde luego, no con funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción, sino precisamente, regida por normas y principios de seguridad pública, que contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado están obligadas a respetar los derechos humanos y solo actúan en el marco de la ley. Sin embargo, sí obedecen a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción, es policial".
La iniciativa establece que la Secretaría de la Defensa Nacional "es una dependencia de la Administración Pública Federal que bien puede hacerse cargo de la administración y control operativo de la Guardia Nacional, dado que, por las funciones que esta desempeña, se requiere de un sistema administrativo y operativo similar al del ejército".
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Se indica en el documento que "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia".
La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de General de División en activo y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta del secretario de la Defensa Nacional.
El presidente de la República podrá disponer de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Nación, en caso de estimarlo necesario.
El INFONAVIT podrá construir casas directamente y ofrecerlas en arrendamiento a precios accesibles.
Esta propuesta presidencial de reforma constitucional busca establecer la creación de un sistema de vivienda a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que, además de ofrecer créditos para la adquisición o mejora de inmuebles a personas trabajadoras, también se empleará para la construcción de viviendas que podrán arrendar o adquirir.
Bajo este esquema, se garantiza que cualquier trabajador con un año de cotización pueda acceder a la vivienda en renta propiedad del INFONAVIT, con la condición de que la mensualidad no exceda el 30% de su salario.
Aquellas personas que mantengan el pago de su renta durante un plazo de 10 años tendrán el derecho a adquirir la vivienda en propiedad. Además, se establece dar acceso preferente a los esquemas de vivienda del INFONAVIT a las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia.
El presidente López Obrador propuso que la extorsión, el narcomenudeo, la producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, la evasión de impuestos, la defraudación fiscal, el contrabando, y las facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, sean considerados como delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Como parte de las reformas constitucionales, se propone modificar el artículo 19 de la Carta Magna, para ampliar el catálogo de los delitos que se consideran graves y que se sancionan con la prisión preventiva oficiosa.
Se argumenta que, con la finalidad de garantizar la paz, la seguridad y la salud es necesario prevenirlos y combatirlos, porque son delitos que han aumentado en esta administración. Los delitos son: extorsión, tráfico de fentanilo, narcomenudeo, defraudación fiscal.
Se explica que la evasión de impuestos, el contrabando y ocultar los ingresos o egresos mediante facturas falsas, vulneran el bienestar de la población por lo que deben ser considerados como graves.
El mandatario envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
La iniciativa presentada este lunes propone garantizar la participación de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad; su participación en la toma de decisiones de carácter público y la promoción y respeto de sus derechos humanos.
Fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe mediante la alfabetización y la educación básica, media superior y superior estatal, gratuita e integral, mediante el establecimiento de un sistema de becas para las personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo.
Así como asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y reconocer las prácticas de la medicina tradicional.
En cuanto a los pueblos y comunidades afromexicanas, se plantea que tengan el carácter de sujetos de derecho público, así como la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y todos los elementos que integran su patrimonio cultural.
Se plantea reconocer y garantizar el respeto a los derechos de las mujeres afromexicanas en el aspecto educativo, de salud, propiedad y a la posesión de la tierra.
Según la iniciativa, se debe garantizar el derecho de la niñez, adolescencia y juventud afromexicana a una atención adecuada en sus propias lenguas, así como a una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia, tanto sexual como de género.
López Obrador presentó una iniciativa constitucional para promover la austeridad republicana y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos en México.
Esta iniciativa, que propone una serie de reformas a 6 artículos constitucionales, busca fomentar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos en el país.
La reforma propuesta pretende:
1. Ajustar los ingresos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, como magistrados, jueces y demás personal, de modo que no superen la remuneración fijada para el presidente de la República.
2. Establecer que la remuneración integral del presidente de la República sea determinada anualmente en términos brutos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que equivalga a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) registrada en 2023, que corresponde a 37 mil 844.40 pesos, que incluye, entre otros, Impuesto sobre la Renta retenido, Sueldo base, Compensación garantizada, Aportaciones a seguridad social, Prima vacacional, Aguinaldo y Gratificación.
Además, los gastos relacionados con la comprobación, los viajes oficiales, los servicios de seguridad y otros asociados al ejercicio del cargo presidencial no se considerarán como parte de la remuneración del titular del Ejecutivo.
3. Establecer un formato homologado para todos los órganos, instituciones y dependencias públicas, federales y locales, a fin de identificar de manera clara los elementos fijos y variables de las remuneraciones y sus tabuladores.
4. Implementar el principio de austeridad republicana para que los recursos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México se administren conforme a lo que la iniciativa denomina como ese "valor fundamental" del servicio público. También, facultar al Congreso para expedir la Ley General en Materia de Austeridad Republicana.
5. Prohibir la duplicidad de funciones en los entes públicos federales y locales, así como los gastos superfluos que no estén previstos en la legislación correspondiente, tales como jubilaciones, pensiones, regímenes especiales de retiro, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados.
Además, los ahorros derivados de las medidas de austeridad republicana y de ajuste de las remuneraciones de los servidores públicos se dirigirán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, para su aprobación requerirá de la mayoría calificada del Congreso.
Dos de las 20 iniciativas que presentó el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados en materia de simplificación administrativa proponen la desaparición de 7 Organismos Constitucionalmente Autónomos y la extinción o fusión de 17 organismos descentralizados.
En la primera reforma constitucional se propone la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, INAI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; así como las comisiones Federal de Competencia Económica, Reguladora de Energía, Nacional de Hidrocarburos y Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
Organismos que justifica en la exposición de motivos de la iniciativa, crearon una burocracia dorada a la que se le destinan cuantiosos recursos, duplican funciones y tareas del Ejecutivo federal y derivan de lógicas neoliberales.
Subraya que desde su creación a la fecha han recibido más de 32 mil millones de pesos.
La segunda reforma en materia de simplificación orgánica administrativa propone modificaciones a diversas leyes para la fusión, integración o extinción de 17 órganos desconcentrados, organismos descentralizados o unidades administrativas, y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado.
El Ejecutivo reitera su petición de eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, y trasladar sus funciones, presupuesto y personal a la Secretaría de la Función Pública.
Fusionar en la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y a la Condusef, que actualmente son organismos descentralizados de la propia Secretaría de Hacienda.
Convertir a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en una unidad administrativa de la propia Gobernación.
Pasar de organismos públicos descentralizados a Unidades Administrativas a diversos Institutos, como el de las Personas Adultas Mayores, el de las Personas con Discapacidad, el de la Juventud, el de Economía Social, el de Ecología y Cambio Climático o el de Tecnología del Agua, así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, entre otros.
La reforma en materia de industrias estratégicas del Estado propone modificar 3 artículos de la Constitución.
• En el artículo 28, se plantea añadir que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, vigente en nuestra Constitución, tengan un objetivo explícito: preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía energética mediante la empresa pública del Estado.
Con ello, según el texto, se aclara que el responsable del sistema eléctrico nacional y de su control es el Estado mexicano, adicionando las funciones que debe tener: la atención a todos los estratos sociales y acceso a todo el pueblo de México.
• En el 27 se propone adicionar que las leyes en la materia deberán tener como principio garantizar la justicia social. De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares, se propone establecer que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
• Finalmente, en el artículo 25, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado. Asimismo, se propone eliminar la obligación de que las empresas públicas se guíen por el concepto de las "mejores prácticas", porque, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública.
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