Desde 2010, 38 personas buscadoras han sido asesinadas en México y otras ocho permanecen desaparecidas. En 17 casos hay personas detenidas, pero solo siete terminaron en sentencias condenatorias.
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Giovanni Cardona abre la puerta y se asoma unos segundos, como si se estuviera escondiendo. Mira hacia los dos sentidos de la calle angosta sobre la que se encuentra su casa. Su cara es una mezcla de alerta y susto. Es un chico de menos de 20 años. En menos de cuatro años, uno de sus hermanos fue desaparecido, otro baleado a muerte, y su madre, la buscadora María del Rosario Zavala, asesinada. Es el único hombre que queda entre la descendencia de los Cardona Zavala.
Las agresiones a la familia sucedieron de la siguiente forma: Yatziri Misael fue sacado de su casa por hombres armados en diciembre de 2019, un día después de cumplir 16 años. No se ha vuelto a saber nada de él. María del Rosario Zavala fue asesinada por dos hombres que tocaron a su puerta la madrugada del 14 de octubre de 2020, pocos días después de que una persona la contactara para darle información sobre el paradero de su hijo, tenía 44 años. El otro hermano, Jorge Ulises, fue asesinado en junio de 2022, a unas cuadras de su casa por, dice su familia, los mismos hombres que desaparecieron a Yatziri. Tenía 27 años.
Por eso la casa de la familia de Giovanni es parecida a una cárcel: oscura, llena de cámaras adentro y afuera, con las ventanas selladas y un portón ancho y grueso. Viven en Guanajuato, el estado más letal para las personas que integran los colectivos de búsqueda, en donde las desapariciones aumentaron en 54% de mayo de 2025 al mismo mes de 2026, de acuerdo con el informe del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; y se han localizado más de 600 fosas clandestinas según un mapeo de la Universidad Iberoamericana de León.
“No tenemos vida social, no tenemos ni trabajo. Mi mamá era nuestro pilar, de cualquier problema ella nos sacaba. Es una cosa fea. Hasta para ir a dejar a los niños a la escuela mi esposo tiene que andar tapado y cambiar las rutas”, dice una de las hijas de la familia, que por miedo pide no mencionar su nombre.
Mientras la cifra de personas desaparecidas en México no deja de crecer —134 mil 554 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas—, las agresiones contra las familias que buscan a sus seres queridos se han vuelto cada vez más frecuentes. De acuerdo con un análisis de Despierta, desde 2010, 46 personas buscadoras han sido agredidas. El año más letal para los colectivos en México fue 2025, con siete asesinatos y cuatro desapariciones.
Las agresiones comenzaron a incrementarse en 2022. La mayoría —44— es investigada por fiscalías locales, en 17 casos hay personas detenidas, pero solo en siete se emitieron sentencias condenatorias. En dos casos, los detenidos fueron absueltos por el Poder Judicial. Tres casos fueron investigados como feminicidio, y salvo en el caso del buscador Javier Barajas, asesinado en Guanajuato en 2021, en las investigaciones ministeriales no se toma en cuenta la labor de búsqueda como móvil de las agresiones.
“La impunidad permite que se sigan perpetrando. Las instituciones lo han minimizado, criminalizado y deslegitiman el rol de las buscadoras. Que no cesen las desapariciones tiene una relación directa con que las personas sigan teniendo la urgencia de llevar a cabo estas búsquedas en contextos de mucha violencia”, dice María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
María del Rosario fue la primera buscadora asesinada en Guanajuato en 2020. Desde entonces, otras nueve personas buscadoras —la mayoría mujeres— han sido asesinadas y cinco más están desaparecidas. El último caso fue el de Patricia Tafoya, asesinada en junio de este año cuando salía de su trabajo como empleada de limpieza en el Hospital Regional de Pénjamo. Buscaba a su hermana Laura Angélica, desaparecida en 2021 en el mismo municipio.
Con frecuencia, las agresiones suceden tras haber recibido amenazas para detener su búsqueda o después de conseguir hallazgos importantes, como ocurrió con Javier Barajas, en el centro de Salvatierra, Guanajuato, después de haber participado en la localización de la que hasta ahora es la fosa más grande descubierta en la entidad, de donde se han recuperado 81 cuerpos. Bravo, que pertenecía al colectivo Ángeles de Pie por Ti, buscaba a su hermana, Guadalupe Barajas, una maestra desaparecida en ese mismo municipio en 2020.
Los asesinatos están repartidos entre 17 estados, siendo Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Sonora los que concentran el mayor número de casos.
“Indirectamente me mandaron decir que parara. Entonces te sientes culpable, te quitan las esperanzas de seguir, queda zozobra e incertidumbre de que a lo mejor puede volver a pasar porque sigues activa, pero la necesidad está ahí y es constante, te recuerda que te falta alguien y que tienes que seguir y pues lo haces”, dice Elizabeth Araiza, una de las buscadoras más visibles de Zacatecas.
El 22 de julio de 2021, su padre, José Nicanor Araiza Dávila, fue sacado por la fuerza de su casa, y tras una semana desaparecido, su cuerpo sin vida fue encontrado en una carretera de Concepción del Oro, a 212 kilómetros de su casa, en el municipio de Villa de Cos, donde había participado de búsquedas en campo. Fue el primer buscador asesinado en esa entidad. Buscaba a un hijo con el mismo nombre, que no regresó tras salir de casa el 30 de septiembre de 2018. Ambos eran mecánicos y agricultores, oficios que la Comisión de Búsqueda de ese estado consideraba de riesgo por servir a los grupos del crimen organizado.
Tras la muerte de su padre, la familia tuvo ayuda de la ONU para empujar la investigación del caso, pero luego todo se detuvo. Cinco años después, no tienen acceso a la carpeta de investigación y la fiscalía del municipio de Concepción del Oro no ha anunciado siquiera la detección de personas sospechosas por el homicidio.
“La fiscalía le empezó a decir a la ONU que dejaran de insistir, que mi papá no era ni siquiera buscador, empezaron a desacreditar para que no se pusiera foco en el caso”, cuenta Elizabeth, una mujer treintañera dedicada, casi por completo, a la búsqueda.
Las calles no tienen pavimento. Por las veredas, llenas de vegetación y de hoyos, pululan casas a medio construir y con muebles rotos en su exterior. No hay nombres de calles, ni mucha iluminación. Algunas personas platican afuera de sus casas, mientras los niños juegan en medio de los baches. En una casa azul, también en construcción, la noche del 15 de enero de 2024 hombres armados entraron y se llevaron a la buscadora Lorenza Cano, de 55 años. Para lograrlo, mataron a su esposo y a uno de sus hijos, Miguel Ángel, de 25 años. Antes de desaparecer, Lorenza alcanzó a llamar a la policía.
Cano es la primera buscadora desaparecida en el país, buscaba a su hermano José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018. Todo sucedió en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde este 2026 tres buscadoras han sido asesinadas.
En entrevista, una de sus hijas, cuyo nombre se reserva por seguridad, habla con profunda tristeza. Dice que entró a la casa cuando los cuerpos de su papá y su hermano yacían sobre un charco de sangre, no lo ha podido olvidar.
“Nosotros tratamos de no celebrar ya nada. Ya no le encontramos el chiste. La navidad la hacemos por los más pequeños, o sea, estamos ahí, pero ya no es igual. El día de la mamá, pues ese sí no se festeja, ni para nosotras, ni para nadie. El del papá tampoco. Los cumpleaños es nomás decirnos felicidades y hasta ahí”, dice Laura, abatida.
Del paradero de Lorenza no se sabe nada, pero en su búsqueda se han localizado los cuerpos de seis personas. Cuando Cano entró al Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, había 33 familias, cuando fue desaparecida ya sumaban más de 200. El grupo es uno de los más grandes de la entidad.
“Siempre va a estar el miedo. Es difícil salir de nuevo y hacer la vida normal. Yo siento como que todo el mundo nos voltea a ver, quisiera ser transparente y que nadie me viera, no saber nada”, narra su hija.
La mañana del 19 de junio de 2025, durante un cateo de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, encargadas de montar un perímetro de seguridad en el área, José Juan Arias Solís, de 14 años, fue desaparecido. El cateo fue realizado en su casa, ubicada en el municipio de Valle de Santiago.
José Luis Miranda, exabogado de la familia, cuenta que el padre del chico, José Juan Arias Corona, y un albañil, vieron cuando un elemento de la Guardia Nacional llevó al adolescente a un terreno contiguo y lo golpeó. Después, de acuerdo con la denuncia realizada ante las autoridades, lo subieron a una camioneta verde con rótulos del Ejército y desde entonces no se sabe nada de él. Por el caso hay diez elementos de la Guardia Nacional investigados por la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso, pero todos siguen en libertad y en activo.
“Probablemente (fue) reclutamiento, existen datos de prueba objetivos dentro de la investigación que podrían suponer ello”, agrega Miranda. La investigación, dice, ha sido obstaculizada tanto por la fiscalía de Guanajuato, como por la FGR.
Seis meses después, tras mantener una búsqueda activa de su hijo, José Juan Arias Corona también desapareció. Ocurrió el 28 de diciembre, tras salir de su casa. Las autoridades habían otorgado medidas cautelares para que ningún miembro de las fuerzas armadas se acercara a su hogar. Por el caso, en marzo pasado tres hombres, presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron detenidos.
“Fue incómodo no solamente para las autoridades, sino también para los grupos criminales”, agregó el exasesor jurídico.
El caso cuenta con ayuda de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas se reunirán con la familia Arias Solís en los próximos dos meses, pero la investigación ha sido lenta. “Las autoridades no dicen la verdad”, considera Miranda.
A pesar de que el tema se ha mencionado al menos en dos ocasiones en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, no hay mayor información sobre el avance de la investigación.
Mientras tanto, las familias de los colectivos continúan buscando, pero cada vez lo hacen con más miedo. Salen de casa en alerta permanente, extreman precauciones ante las amenazas y, en algunos casos, terminan viviendo en espacios que se asemejan a pequeñas cárceles vigiladas, como ocurre con la familia de Giovanni.
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