'Vivir con Miedo': La Violencia como Estrategia para Detener a Buscadoras
Su labor se ha vuelto más costosa y cansada, pues las herramientas que deben usar por el riesgo que enfrentan muchas veces supera su capacidad económica
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Su labor se ha vuelto más costosa y cansada, pues las herramientas que deben usar por el riesgo que enfrentan muchas veces supera su capacidad económica
Angélica Almanza llega a la entrevista con un pequeño aparato colgando de su cuello. Es un botón de pánico que la Secretaría de Gobernación (Segob) le entregó como beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Aunque siempre lo tiene con ella, dice que no sirve de mucho: la respuesta siempre es tardía, diez o quince minutos después de que lo enciende.
En 2020, el colectivo que dirige, Ángeles de Pie Por Ti, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, encontró la que hasta ahora es la fosa clandestina más grande en ese estado. Dentro había 81 cuerpos, la mayoría ya está identificada.
El hallazgo vino acompañado de una sentencia de muerte: el 29 de mayo de 2021, hombres armados atacaron a Javier Barajas cuando caminaba en el centro de Salvatierra. Javier fue uno de los integrantes de ese colectivo. Buscaba a su hermana, Guadalupe, una maestra desaparecida tras salir de su casa en 2020. Su cuerpo fue encontrado en la fosa. El caso es uno de los más representativos en la entidad.
“Yo creo que desde la tercera semana (después del hallazgo), empezaron las amenazas. Lo que nosotros creíamos que era un grupito de chavos que andaban mal, resultó ser el brazo de un grupo delictivo muy fuerte”, narra la buscadora, que a finales de 2019 encontró sin vida a su expareja, desaparecido ese mismo año.
Desde el hallazgo de la fosa, el colectivo al que pertenece Angélica no ha dejado de recibir amenazas.
"Hasta la fecha, cada vez que hacemos un hallazgo y seguimos con los trabajos de recuperación de ese lugar para convertirlo en un jardín de memoria, es cuando sufrimos las amenazas, el acoso, la persecución. No quieren dejarnos hacer lo que la vida nos enseñó a hacer", relata.
En México, las agresiones contra personas buscadoras ocurren, casi en todos los casos, luego de un hallazgo importante, cuando las familias acusan directamente a los responsables de la desaparición de su ser querido, al denunciar la colusión de las autoridades con algún grupo del crimen organizado o cuando hablan públicamente de la ineficiencia de los gobiernos en la búsqueda.
Las amenazas, describe Angélica, llegan muchas veces a través de los más pequeños de la familia, a quienes les dan “recados” en sus escuelas; también a través de mensajes de WhatsApp o por redes sociales.
Localizar esa fosa trajo a quienes integran el colectivo un cambio abrupto en sus vidas: ahora viven en constante riesgo. Desenterrar de ese lugar a 81 cuerpos, narra Angélica, no fue fácil.
“Las primeras veces nos daba mucho gusto, mucha emoción, decir: híjole, encontramos otra persona, porque buscábamos a siete personas. Pero después de que el perrito (buscador) ladraba 10, 20, 40 veces, decía uno: ya no ladres. Ya dolía. Era muy impactante el olor, el lugar y sobre todo después de dos meses tener que decirle a la familia: tú sacaste a tu niño. Es algo que uno no imagina, que un pueblo tan chiquito, donde todo mundo nos conocemos, fuera capaz de ocultar tanto”.
Bibiana Mendoza carga con una lona que lleva el rostro de decenas de personas desaparecidas en Guanajuato. La extiende, la fija con cinta adhesiva. De su cuello pende la ficha de búsqueda de su hermano Manuel, desaparecido en 2018. No titubea cuando habla de la insuficiencia del Estado: en la búsqueda, en la identificación de cuerpos, en la protección de las familias buscadoras, física y emocionalmente.
La vocera del colectivo Hasta Encontrarte, uno de los más visibles de ese estado y del país dice, a ratos llorando, que la muerte de las personas buscadoras no es solamente a balazos. La tristeza, cuenta, también las mata.
“En el colectivo ahorita estamos acompañando por lo menos cinco casos de mujeres que están luchando por no quitarse la vida por todo lo que conlleva buscar, la gente no tiene idea de lo que se siente levantarte todos los días y pensar que te van a quitar la vida. Tenemos una compañera que si bien no la mató el crimen organizado, la mató la ausencia institucional”, se queja. Su voz está acompañada del tintineo de decenas de cascabeles que cuelgan de un árbol, atados a fichas de búsqueda.
Bibiana explica cómo ninguna ley ha sido suficiente para garantizar búsquedas eficientes y la protección de las familias de víctimas.
“Pedimos que existiera un mecanismo de protección con enfoque de género, pero también con enfoque de búsqueda, hay buscadoras independientes, que no están colectivizadas, pero fuimos a tirar nuestras palabras a la basura porque nunca resonaron para el Gobierno federal. A las buscadoras nunca nos dan un título. A mí me desaparecieron a mi hermano y nadie llegó con una hoja y me dijo: ya eres defensora de derechos humanos, eres buscadora y para ser valiosa necesitas estar en un colectivo por si un día te pasa algo”.
De acuerdo con información de transparencia publicada por El Universal en marzo de 2025, 249 personas buscadoras forman parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Los casos se concentran en Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Baja California y Jalisco.
“Están en una situación de riesgo exacerbado en muchas zonas, en contextos donde también las autoridades han llegado a los extremos de decir bueno, ustedes vayan a buscar y si encuentran algo nos avisan (...) es el reflejo de un Estado que ha sido incapaz de estar a la altura de la crisis y de las necesidades de las búsquedas”, dice María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El Centro acompaña la búsqueda de miles de familias en todo el país, y algunos casos de agresiones directas, como el de Javier Barajas, en Guanajuato. Por seguridad, los padres de Javier y de Guadalupe tuvieron que abandonar su hogar en Salvatierra.
El desplazamiento es una de las consecuencias que viven las familias de personas buscadoras que han sido asesinadas o desaparecidas. A menudo viven esa experiencia en medio de la precariedad y sin suficientes redes de apoyo.
“Pocas familias se sienten con la posibilidad de dar esos pasos y no están en una condición de mayor seguridad. Ellos pudieron hacerlo teniendo un acompañamiento de organizaciones y una fiscalía que en algún momento, con la presión que hubo alrededor del caso, avanzó en la investigación, pero con muchas limitaciones, con mucha imposibilidad de de cuidar o proteger a los propios testigos de los casos”, agrega María Luisa, sentada en las oficinas del centro que dirige.
El asesinato o desaparición de personas buscadoras, 46 desde 2010 según una búsqueda de Despierta, ha abierto un capítulo de mayores riesgos para las familias que buscan a sus seres queridos.
Desde el desplazamiento y la necesidad de seguir buscando aun estando lejos de casa y en condiciones de precariedad y aislamiento, hasta la decisión de colectivos de espaciar las búsquedas en campo.
“Se han tenido que detener y eso causa afectaciones emocionales”, explica Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte.
Los ataques también encarecen las búsquedas: implementar medidas de seguridad más meticulosas eleva los gastos de las familias.
“Mantener las cámaras (de vigilancia) del mecanismo de protección federal ocasiona que de pagar 600 pesos luz, ahora pagamos hasta tres mil. Cambiar la vida, cambiarse de casa, incrementar el gasto en las puertas, los candados, las chapas, la movilidad, una tiene que cambiar su rutina, la vida cambia completamente porque estamos haciendo la parte que el Estado no hace”, dice, con queja, Angélica Almanza, del colectivo Ángeles de Pie Por Ti.
“Tenemos que cargar con una pila para no quedarnos sin batería, tenemos que mandarnos la ubicación, avisarnos de nuestros recorridos y eso a veces es imposible por el factor económico. No todas las compañeras tienen para poner una recarga”, añade, en su experiencia, Bibiana Mendoza.
El miedo permanente es otra consecuencia. Con él, dicen las buscadoras, han aprendido a vivir.
“Nos impiden salir a ayudar a las familias. Antes nos llegaba una alerta a las 12 de la noche y salíamos en grupo las familias. Hoy no, hoy lo podemos pensar. Aprende uno a vivir con alguien vigilando. Es cansado, es pesado, es vivir con miedo”,
Información N+
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