La institución señaló que los delitos que se le imputan al exgobernador de Baja California conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva
Luego de la salida de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, del Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” por razones humanitarias, no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios, afirmó la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que fuera trasladado a su domicilio.
La institución indicó que, de acuerdo con la Constitución Mexicana, los delitos que se le imputan a Ruffo Appel, como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal (MPF).
La FGR recordó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, la cual utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual el exmandatario estatal es uno de los principales socios.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el sábado que Ruffo fue trasladado a su domicilio, donde continuará su proceso penal.
El traslado ocurrió a las 16:18 horas, como parte de un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional, luego de que un juez de control ordenara que el exgobernador continuara su proceso en prisión domiciliaria.
El convoy salió del Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano, para trasladar a Ruffo Appel a su domicilio en Ensenada, Baja California.
