La médica, quien fue privada de la libertad, denunció agresiones cometidas por servidores públicos para obligarla a confesar delitos que, finalmente, no le fueron comprobados
La tortura sexual contra mujeres detenidas es una grave violación a los derechos humanos en México. Este tipo de violencia puede utilizarse para intimidar, someter u obtener confesiones, de acuerdo con el Senado de la República.
El caso de Sandra Arana Aguilar, médica de profesión, es uno de ellos. La mujer permaneció seis años en prisión después de ser acusada de distintos delitos en Tlaxcala y Zacatecas, mientras denunciaba haber sido víctima de tortura sexual por parte de servidores públicos.
Sandra fue detenida en 2020 y acusada inicialmente de extorsión. Posteriormente fue trasladada a Zacatecas, donde se le relacionó con dos casos de secuestro. De acuerdo con su testimonio, durante el proceso fueron utilizadas pruebas que ella asegura que le fueron colocadas para vincularla con esos delitos.
"Fui abusada, fui lastimada por servidores públicos. Aprendes a vivir con esto, pero no lo olvidas", relató Sandra Arana.
La mujer en prisión seis años, durante ese periodo enfrentó tres procesos judiciales derivados de acusaciones de dos fiscalías.
La Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala acreditó que Sandra fue víctima de tortura y emitió una recomendación dirigida a la entonces Procuraduría de Justicia del estado.
La resolución señaló presuntas violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso. La propia Sandra recordó que durante una audiencia, uno de los integrantes del tribunal calificó su expediente como un caso inédito y destacó las diversas irregularidades que se presentaron.
Ivette Galván, coordinadora del área de Defensa del Centro Prodh, señaló que en este tipo de casos la violencia puede tener como finalidad amedrentar y coaccionar a las víctimas, además de afectar el desarrollo del proceso judicial desde su inicio.
FBPT
