Según la Fiscalía del Estado de México, la operación irregular data desde 2023. Los concesionarios habrían entregado cuotas de entre 30 mil y 100 mil pesos
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Dos funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México fueron vinculados a proceso por presuntamente dirigir una red de extorsión que operaba a través de verificentros en la entidad.
Los señalados son Raúl ‘N’, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos ‘N’, de la dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía mexiquense, la cual consultó N+, la operación irregular en verificentros data al menos desde diciembre de 2023.
Los concesionarios habrían sido obligados a pagar cuotas de entre 30 mil y 100 mil pesos para operar, así como cuotas retroactivas y cobros por cada línea de verificación.
Uno de estos cobros habría sido realizado por el director general de Control de Emisiones Atmosféricas, Raúl ‘N’, quien exigía en mensajes pagos de 500 mil pesos por cada línea que funcionaba desde 2024. El funcionario se encuentra preso desde la semana pasada en el penal de Chalco.
En el Estado de México operan 163 verificentros y tiene 878 líneas de revisión para un padrón vehicular de más de 7 millones de unidades, por lo que se estima que la red de extorsión podría obtener ingresos de más de 430 millones de pesos.
Las indagatorias de la fiscalía apuntan que los verificentros trasladaron el costo de la extorsión a los automovilistas mediante los llamados pagos por 'brincos', como se conoce al proceso de autorizar la verificación de un auto con irregularidades.
N+ comprobó que en los verificentros, la verificación con 'brinco' cuesta 920 pesos, el trámite regular cuesta 610 pesos.
Conductores mexiquenses aseguran que ellos son los más afectados, como lo refiere Francisco Vázquez, habitante del Estado de México.
“El famoso 'brinco' en todos los verificentros, te piden el famosísimo 'brinco' o si no, no pasa, aunque sea nuevo el carro no pasa”.
De acuerdo con la fiscalía, la presión de la red podía escalar hasta el bloqueo de los sistemas, la restricción en la entrega de hologramas o amenazas contra los concesionarios y sus familias.
Como parte de las investigaciones, entre el 10 y el 14 de agosto, la fiscalía aseguró cinco verificentros ubicados en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, actualmente los sitios son custodiados por trabajadores que hicieron este llamado.
También se realizaron cateos en oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente en Tlalnepantla y Metepec y la fiscalía investiga otros establecimientos que podrían estar relacionados con modificaciones de concesiones.
En la red de funcionarios involucrados, muchos de ellos servidores públicos en activo, también se encuentra Carlos ‘N’, quien ocupaba la dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera, y se encuentra vinculado a proceso.
Al respecto, Josué Heman Arrioja Fuentes, catedrático de FES Aragón, de la UNAM, indicó: “Las penalidades que tenemos en materia de extorsión en este sentido de servidores públicos, al ser una cuestión agravante por ser de delincuencia organizada, tienen penas de 15 años, hasta puede ser prisión vitalicia y también tienen que pagar alguna multa”.
La Asociación de Verificentros del Estado de México dijo que la fiscalía atendió sus demandas.
N+ consultó a autoridades de Medio Ambiente y de la contraloría mexiquense, pero no se obtuvo respuesta.
Con información de Dafne Mora, Carlos Moreno y Enrique de la Mora.
LECQ
