Trump Ordena que Bancos Revisen Estatus Migratorio de Clientes: ¿Qué Dice el Mandato?
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Donald Trump firmó una orden ejecutiva que exige que los bancos revisen más de cerca la ciudadanía de sus clientes y se advirtió que enfrentarían riesgos crediticios si sus usuarios son deportados
Trump Ordena que Bancos Revisen Estatus Migratorio de Clientes: ¿Qué Dice el Mandato? Foto: Reuters.
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El presidente Donald Trump firmó este martes 19 de mayo una orden ejecutiva que exige que los bancos examinen más de cerca la ciudadanía de sus clientes, una nueva medida que forma parte del impulso de su gobierno por endurecer las acciones contra las personas que viven en el país sin autorización.
La Casa Blanca afirmó que no "permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación".
Sin embargo, la orden es menos agresiva de lo que los bancos esperaban.
En informes previos, se indicaba que Washington estaba redactando un documento que haría obligatoria la recopilación de información sobre la ciudadanía de los clientes.
Desde hace varias semanas, Estados Unidos había dado señales de un plan sobre algún tipo de orden ejecutiva relacionada con la manera en que los bancos lidian con clientes sin autorización legal en el país.
¿Qué dice la nueva orden de Trump?
La orden exige que los reguladores bancarios y los departamentos del gobierno busquen indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito.
En la orden, la Casa Blanca plantea que los bancos enfrentarían riesgos crediticios si uno de sus clientes fuera deportado y ya no pudiera reembolsar algún préstamo.
El gobierno de Trump sostiene que transferencias internacionales pequeñas han sido utilizadas para terrorismo, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. El documento menciona específicamente actividades financieras vinculadas con cárteles mexicanos y redes chinas de lavado de dinero.
También se ordena vigilar el uso de Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) para abrir cuentas o solicitar créditos cuando no exista estatus migratorio legal verificado.
La orden pide detectar señales de alerta como:
- Evasión de impuestos sobre nómina
- Uso de empresas fantasma y cuentas intermediarias
- Pagos salariales “por fuera” mediante plataformas digitales
- Depósitos o retiros fraccionados para evitar reportes bancarios
- Posibles casos de trata laboral y trabajo forzado
Las instituciones financieras podrían solicitar información adicional sobre estatus migratorio y autorización de trabajo cuando existan riesgos de fraude o actividad financiera ilícita.
Dado que los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas confiables sobre cuánto riesgo representan estos clientes para el sistema financiero.
En un estudio del Urban Institute, de tendencia izquierdista, se estimó que se emitieron entre 5 mil y 6 mil hipotecas a clientes con ITIN.
Estos ITIN suelen ser utilizados por trabajadores sin documentación legal en lugar de un número de Seguro Social. El instituto calculó que los bancos eran muy reacios a otorgar préstamos a personas con ITIN.
En general, las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac también suelen mostrarse reacias a asegurar hipotecas en las que el prestatario tiene un ITIN, lo que hace aún menos probable que los titulares de este tipo de documentos obtengan una hipoteca.
"Reglas más estrictas"
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el mes pasado que "debería haber reglas más estrictas" para abrir cuentas bancarias.
"¿Por qué los extranjeros de nacionalidad desconocida pueden venir y abrir una cuenta bancaria?", dijo Bessent.
Mientras aseguraba que se suponía que los ejecutivos bancarios debían "conocer a sus clientes", preguntó: "Entonces, ¿cómo conoce a su cliente si no sabe si tiene estatus legal o ilegal, si es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta de residencia?".
En respuesta, la industria bancaria había estado presionando agresivamente durante meses para impedir que la Casa Blanca emitiera una orden ejecutiva que habría hecho obligatoria la recopilación del estatus de ciudadanía de sus clientes, argumentando que sería costoso y requeriría de una enorme cantidad de papeleo.
Como la orden únicamente ofrece una recomendación, sin ninguna obligación, parece que los bancos pudieron convencer a la Casa Blanca.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho anteriormente que cualquier orden que obligue a los bancos a recopilar información sobre ciudadanía probablemente tendría como resultado que los inmigrantes sin autorización legal salgan del sistema financiero.
En el documento firmado este martes se establece que reguladores bancarios federales deberán emitir lineamientos sobre riesgos crediticios relacionados con personas sin autorización de trabajo. Además, plantea revisar los riesgos asociados con tarjetas de identificación consular extranjeras.
El Tesoro y reguladores financieros deberán proponer reglas más estrictas de identificación y verificación de clientes bajo la Ley de Secreto Bancario. La dependencia encabezada por Bessent deberá emitir advertencias a bancos e instituciones financieras sobre riesgos asociados con personas sin autorización laboral y sus empleadores.
La Casa Blanca ha tomado otras medidas para desalentar a los trabajadores sin autorización legal en el país de usar el sistema financiero.
El Departamento del Tesoro anunció en noviembre pasado que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como "beneficios públicos federales", lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, aun si presentan sus declaraciones, pagan impuestos y cumplen con los demás requisitos.
Expertos fiscales señalaron que los inmigrantes trasladados a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran niños -conocidos como beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados en gran medida por el cambio previsto.
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Con información de AP
ASJ