El Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) presentó cargos penales contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un migrante venezolano al que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó en la espalda el pasado 20 de septiembre en Austin, Texas.
Según documentos judiciales, Estados Unidos señaló a Wilber Garcés por presuntamente agredir y resistirse a un agente federal justo antes del incidente en Austin.
La denuncia, presentada ante una corte federal, reveló que el agente del ICE que disparó contra Garcés no llevaba una cámara corporal.
Según el fiscal federal Justin R. Simmons para el Distrito Oeste de Texas, Wilber Rafael Garcés Pérez intentó escapar del ICE, que lo detuvo después de que un juez emitió una orden final de expulsión.
En la denuncia, se le acusa de rozar a un agente con el espejo lateral del lado del conductor y, posteriormente, de intentar atropellar a un agente con su automóvil.
Según las acusaciones, el venezolano entregó su licencia de conducir, pero ignoró las solicitudes de los agentes para que saliera del automóvil. Presuntamente sostuvo una conversación en español con uno de los agentes federales sobre mover el vehículo y estacionarlo, y en los documentos judiciales se indica que "el tono de la conversación fue agradable y no agresivo".
Los documentos judiciales señalaron que, aproximadamente un minuto después, Garcés Pérez cerró "abruptamente" la ventanilla y se marchó. Uno de los agentes, L.G., recibió un golpe en el torso con el espejo retrovisor del lado del conductor.
La denuncia penal va acompañada de una declaración jurada de un agente federal que investigó el incidente y entrevistó a Garcés en un centro de detención en el sur de Texas.
De ser declarado culpable, el migrante venezolano, de 28 años de edad, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión por el cargo presentado en su contra.
Garcés Pérez ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, un programa del gobierno de Joe Biden que permitía que los migrantes solicitaran citas con autoridades de Estados Unidos para que se considerara su petición de asilo. Posteriormente, el presidente Donald Trump puso fin al programa en su primer día en el cargo.
El migrante era solicitante de asilo y tenía un permiso de trabajo válido, según la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch, quien apuntó que un juez emitió una orden de deportación después de que el venezolano faltó a una audiencia en un tribunal de inmigración porque la notificación se envió a una dirección anterior.
En tanto, el equipo legal de Wilber Rafael Garcés Pérez denunció que su cliente compareció en la corte sin que a ellos se les notificara.
Con información de agencias.
RMT