Gobierno de Trump Pide Reanudar Obras del Muro Fronterizo en Big Bend, Texas
Buscan revertir la suspensión judicial de las obras en Texas, cuestionadas por sus posibles daños ambientales y culturales
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Buscan revertir la suspensión judicial de las obras en Texas, cuestionadas por sus posibles daños ambientales y culturales
La administración de Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para reanudar la construcción de infraestructura fronteriza en la región de Big Bend, Texas, luego de que una jueza federal ordenara suspender los trabajos por considerar que el gobierno pudo exceder sus facultades al exentar el proyecto de diversas leyes ambientales.
La solicitud fue presentada este miércoles 21 de octubre por el Departamento de Justicia, que pidió al máximo tribunal levantar la orden que mantiene detenidas las obras en un tramo de más de 500 millas de la frontera entre Estados Unidos y México.
El recurso se presentó después de que la jueza federal Kathleen Cardone, del Distrito Oeste de Texas, rechazara suspender los efectos de su resolución mientras el gobierno intenta revertirla. La magistrada ordenó detener las obras el 2 de octubre y publicó el 14 de octubre una opinión con los fundamentos de su decisión.
El conflicto gira en torno a las exenciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que permiten acelerar la construcción de barreras y otras instalaciones fronterizas sin cumplir determinados requisitos legales, principalmente los relacionados con la protección ambiental y del patrimonio histórico.
El gobierno de Trump sostiene que la legislación federal le permite aplicar estas exenciones para agilizar la infraestructura destinada a impedir cruces migratorios irregulares y combatir el tráfico de drogas. En su solicitud ante la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer argumentó que la suspensión judicial limita la capacidad del gobierno para proteger la frontera sur.
Las autoridades federales también advirtieron sobre los retrasos operativos y los costos adicionales que implica mantener detenidos los trabajos. Sin embargo, la jueza Cardone consideró que los demandantes tienen probabilidades de demostrar que el gobierno excedió la autoridad legal al aplicar las exenciones en esta región de Texas.
La demanda fue presentada por el Center for Biological Diversity, la organización Friends of the Ruidosa Church y un guía fluvial y propietario de tierras de la zona. Los opositores al proyecto sostienen que las obras pueden ocasionar daños irreversibles a la vida silvestre, los paisajes naturales y los sitios históricos de Big Bend, además de afectar el turismo y el acceso al río Bravo.
Los demandantes también cuestionan que la región pueda clasificarse como una zona con alta incidencia de cruces migratorios irregulares, condición que el gobierno invocó para justificar las exenciones legales.
Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, las autoridades federales reportaron más de 89 mil detenciones de personas que intentaron ingresar irregularmente a Estados Unidos en el sector Big Bend entre 2021 y 2025. Los opositores señalan, por su parte, que esa zona registra una de las cifras más bajas de detenciones de toda la frontera sur.
El proyecto contempla barreras físicas, caminos de patrullaje y sistemas de vigilancia. En el área del Parque Nacional Big Bend, las obras han generado preocupación por sus posibles efectos sobre un territorio de valor ambiental y cultural.
La Corte Suprema deberá determinar si la construcción puede continuar mientras sigue la disputa judicial. Hasta que la orden sea suspendida o revocada, los trabajos permanecen sujetos a la prohibición dictada por la jueza federal.
PT
