México Da Un Giro en su Estrategia Frente a EUA
Van al menos 17 los mexicanos que han fallecido en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias en lo que va de la administración de Donald Trump.
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Van al menos 17 los mexicanos que han fallecido en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias en lo que va de la administración de Donald Trump.
Ante la poca eficacia de las vías diplomáticas, el Gobierno de México está cambiando su estrategia para resolver algunos problemas de interés binacional con Estados Unidos.
Este verano, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, tras la falta de acciones del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, México presentaría denuncias por los fallecimientos de connacionales en operativos o bajo custodia de autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida se trata de un incremento en la intensidad de la respuesta de Palacio Nacional, pues, en primera instancia, México envió notas diplomáticas cuyo contenido no es público. El Gobierno federal no informó si Washington respondió a alguna de estas misivas.
La cancillería mexicana informó que se presentaron en total 20 denuncias ante distintas fiscalías estadounidenses en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Misuri y Texas.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el litigio se elaboró en coordinación con la Fiscalía General de la República, “para ir más allá de las notas diplomáticas”. El nuevo embajador de México, Roberto Lazzeri, designado por la administración de Sheinbaum y ratificado este verano, fue quien presentó formalmente las denuncias en territorio estadounidense.
Además de las demandas, México llevó su protesta al principal foro internacional para asuntos relativos a derechos humanos. Y es que el canciller mexicano dirigió una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la materia, Volker Türk, a fin de informarle sobre las defunciones de mexicanos bajo custodia de ICE. También le solicitó que se recabe información de las autoridades estadounidenses y se transmita el caso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno federal informó que llevaría el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a pesar de no tener capacidad de emitir resoluciones vinculantes, es el primer paso antes de que un caso pueda escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estados Unidos no reconoce la competencia de este tribunal, pero se trata de la máxima corte del continente y acumula más de una decena de sentencias relacionadas con México.
Son al menos 17 los mexicanos que han fallecido en operativos o bajo custodia de autoridades migratorias en lo que va de la actual administración estadounidense. El primer caso de este segundo mandato se reportó en mayo de 2025, cuando el mexicano Abelardo Avellaneda, de 68 años, falleció en medio de un traslado de una prisión a un centro de detención en Georgia. Las autoridades estadounidenses aseguraron que su muerte se debió a complicaciones médicas, pero no presentaron evidencias.
Sin embargo, la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia de 52 años que residía en Houston, Texas, y que fue abatido por agentes de ICE el 7 de julio pasado, fue el caso que llevó a México a escalar el tono de sus acciones. La agencia aseguró que Salgado intentó evadir una detención en medio de un operativo y agredió a uno de los agentes. Sin embargo, la familia del mexicano negó esta versión y aseguró que en más de 30 años de residencia en Estados Unidos, Lorenzo no tuvo antecedentes penales.
Del total de migrantes mexicanos fallecidos, 14 han muerto bajo custodia y 3 en medio de operativos migratorios. El común denominador de los fallecimientos han sido autopsias pendientes, causas de muerte bajo investigación o el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes en la vía pública.
El 17 de julio de 2026, el Departamento de Estado norteamericano informó que el subsecretario Michael Kozak se había reunido en Washington con el embajador de México y le había devuelto las cartas del gobierno de México. Consideró que las misivas pretendían dictar las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense. También, “recomendó a México transmitir sus inquietudes a través de los canales diplomáticos, tal como es costumbre”.
Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico’s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also…
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026
Esta serie de demandas no es la primera que México interpone para resolver un tema de interés con los Estados Unidos.
En el contexto del tráfico de armas hacia México, el gobierno mexicano interpuso en 2021 una demanda en Boston, Massachusetts, contra ocho empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego. En 2022, el equipo jurídico de la cancillería, entonces encabezado por Alejandro Celorio Alcántara, presentó otro recurso en Tucson, Arizona, en contra de cinco distribuidoras de armas.
Ambos litigios se mantienen activos, a pesar de que en verano de 2025 la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución que supuso un revés para la demanda de Boston. En junio de ese año, el máximo tribunal estadounidense reafirmó la inmunidad de los fabricantes de armas, con base en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que les blinda de responsabilidad legal cuando las armas son utilizadas para cometer delitos. Con esto, el caso de Boston regresó a una Corte de Distrito para continuar su proceso, mientras que la demanda en Tucson se encuentra en la etapa de producción de evidencia, según confirmaron las autoridades.
A pesar del tiempo que requieren los litigios, la cancillería mexicana ha expresado confianza en la nueva estrategia, apostando a que llevar estos temas a la vía jurídica y no sólo a la diplomática, pueda destrabar lo que los canales tradicionales no han logrado resolver.
