¿Qué Pasa Cuando Un Pueblo Depende de ICE? Condados de EUA que Viven de Centros de Detención
En estas comunidades, los centros de detención se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso económico
Publicidad
Publicidad
En estas comunidades, los centros de detención se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso económico
En el centro de detención de ICE en Stewart, Georgia, hay 2 mil 12 personas detenidas en promedio al día desde enero de 2025. En la elección presidencial de 2024, en ese condado votaron 2,028 personas. Es decir, hay casi tantos detenidos como votos. Para un condado de ese tamaño, el centro de detención se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso.
Y no es el único caso. De los 39 centros de detención más grandes del país, 17 están en condados con menos de 25 mil votos, y 15 de esos 17 los ganó Donald Trump en 2024. Los 17 centros concentran el 47% de las personas detenidas entre los 39 más grandes del país.
En 9 centros del país hay más de 15 detenidos por cada 100 votos emitidos en el condado durante 2024. En Winn, Luisiana, hay mil 566 detenidos y 5 mil 781 votos. En Frio, Texas, mil 692 detenidos y 4 mil 933 votos. En esos lugares, el centro no es solo una cárcel, es empleo, impuestos y, en algunos casos, la deuda que mantiene a flote al gobierno local. Defender o criticar la política migratoria en estos contextos es también una decisión fiscal, financiera y personal.
Que un condado dependa de un centro de detención no significa lo mismo en todos los lugares. En algunos, el dinero sostiene el presupuesto. En otros, el centro es el principal empleador. Y en otros, lo que se debe es una deuda. Esa lógica, que no depende necesariamente de lo que piensa la población sobre la migración, llega a las urnas el 3 de noviembre.
ICE casi nunca opera estos centros. Firma un contrato con un condado, una ciudad o la oficina del alguacil, y ese gobierno local subcontrata a una empresa privada como CoreCivic o GEO Group. Por ser el intermediario entre ICE y la empresa, los gobiernos locales reciben parte del dinero, y se pueden beneficiar de los empleos, impuestos o deudas que dejan los centros de detención.
En noviembre de 2023, el alguacil de Winn, Luisiana, perdió la reelección por 17 votos. Cranford Jordan era quien había firmado, en 2019, el contrato con ICE para el centro de la parroquia. Su sucesor, Josh McAllister, dice que hoy usa el dinero del centro para pagar personal, cámaras, operativos antinarcóticos y policías en escuelas, servicios públicos que, de no ser por el dinero que deja el centro de detención, el condado no tendría.
En Luisiana, las cárceles las administra el alguacil, un cargo que se elige por voto popular. Por años, esas cárceles vivieron de rentar camas al Estado, que paga una tarifa por preso al día. Una reforma de justicia penal de 2017 redujo considerablemente la población carcelaria y amenazó la economía de los pueblos que dependían de las cárceles. ICE llenó ese vacío y comenzó a pagar tarifas más altas.
En Winn, ICE paga casi el triple de la tarifa estatal y garantiza el pago de al menos el 60% de las camas, y parte de ese dinero lo recibe directamente el alguacil. Además, los sueldos del centro subieron de $10 dólares a $18.50 la hora, impactando positivamente a los trabajadores residentes del condado.
En Jackson, Louisiana, ICE pagaba en 2019 $74 al día por detenido a la oficina del alguacil. Lo que generaba una ganancia aproximada de más de 750 mil dólares al año sobre un presupuesto de $5 millones. Este tipo de esquemas genera incentivos para mantener y buscar gente para meterlos a los centros de detención, y seguir impulsando este tipo de políticas migratorias predatorias.
Aquí el dinero de ICE entra a la oficina del alguacil, que responde a los votantes. Si los centros de detención cerrarán en condados en los que han generado empleos e ingresos fiscales, lo que seguiría sería una crisis económica para los habitantes y para el gobierno local.
En Jena, Luisiana, el centro emplea a alrededor de 250 personas en un pueblo de unos 4,000 habitantes. De hecho, GEO es el mayor contribuyente del ingreso predial del distrito de LaSalle. Trump ganó esa parroquia con el 91% de los votos en 2024. Aquí el vínculo con el centro es personal, genera ingresos familiares, empleos y mejor calidad de vida.
En Natchez, Mississippi, el centro de CoreCivic es el mayor contribuyente del condado de Adams, según el alcalde Dan Gibson, y emplea a unas 400 personas del condado. Adams es el centro más grande del país en términos del promedio de detenciones, con 2,162 personas dentro del centro al día y picos máximos de más de 2,500 personas. Es un condado en el que Harris ganó con el 56.5% de los votos.
El Centro de Detención de Stewart en Lumpkin es el segundo más grande del país en términos del promedio de detenciones al día. Tiene una capacidad contractual de mil 966 camas, pero desde enero de 2025 ha tenido en promedio 2,012 personas al día, con picos máximos de hasta 2 mil 294 detenidos.
El condado recibe $1 al día por cada detenido dentro del centro. Es muy poco frente a lo que paga ICE. El contrato garantiza a CoreCivic el pago de mil 600 camas al día a $67.86 por cama, que equivalen a $39.6 millones de dólares al año.
Aun así, en un condado de 2 mil 28 votantes, ese dólar pesa. En 2024 sumó $635 mil 200, según la auditoría del propio condado. Sin ese dinero, Stewart County habría cerrado el año con un déficit de unos $114,000 en lugar de un superávit de $521 mil.
En Stewart, el dinero que genera el centro de detención de ICE se ve reflejado, al menos, en la accesibilidad que tiene el pueblo al servicio médico de ambulancias. El administrador del condado, Mac Moye, dijo a WABE que la comisión ve esas cuotas como lo que permite tener dos ambulancias a la vez, cuando los condados vecinos tienen una. La auditoría no etiqueta el dinero para ese uso, el vínculo es de Moye.
En Texas, los centros de detención pueden ser una deuda antes que un ingreso. El condado de Willacy muestra lo que cuesta que el centro deje de funcionar. Construyeron la cárcel con bonos de aproximadamente 110 millones de dólares. Tras una revuelta en 2015, perdió su contrato y con ello se fueron 400 empleos y un tercio del fondo general del condado. En 2017 vendieron el terreno por 2 millones de dólares. Hoy el centro opera con ICE y el condado recibe 3 dólares por detenido.
En Eden, el centro de CoreCivic cerró en 2017. El pueblo perdió 260 empleos y más del 40% de los ingresos de la ciudad, porque la empresa pagaba unos $40 mil al mes de agua y drenaje. Reabrió en 2019.
Para quien gobierna, la cuenta es sencilla. Con un bono por pagar, un centro vacío es un hoyo en el presupuesto que tendrá que explicar a los votantes. Por eso, defender el centro puede no tener nada que ver con lo que el funcionario piense de la migración.
En esta elección no se decide de dónde sale el dinero; el Congreso ya aprobó eso con la ley de 2025 y con la Secure America Act, que Trump firmó el 10 de junio y que le da 38.5 mil millones de dólares a ICE. Lo que está en juego es quién vigila y administra ese dinero a nivel local.
En condados en donde los centros de detención pagan partes importantes del presupuesto, eliminan la deuda, generan empleos y bienestar entre los habitantes; quienes lo administran tienen motivos para defender la política migratoria que hace que funcionen, sea cual sea su partido o su ideología.
En Stewart, que votó por Harris en 2024, ICE paga casi $40 millones de dólares al año por camas y el condado cobra 635 mil 200 dólares. Es una parte pequeña del contrato y una parte grande de un presupuesto chico, que tiene el potencial de cambiar la vida de los ciudadanos de esos pequeños condados.
La pregunta para noviembre es si esa dependencia aparecerá en las urnas.
Información N+
.png&w=1920&q=75)
