El Poder Judicial de México está frente al mayor cambio de su historia. La reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone transformar desde la elección por voto popular de magistrados y jueces hasta la estructura de la Suprema Corte.

La elección de unos 6 mil 711 cargos de ministros, magistrados y jueces, entre federales y locales es uno de los puntos controvertidos. Esta elección costaría entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos, según adelantó Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado.

Poder Judicial se Pronuncia en Contra de Nueva Reforma

Aquí te explicamos cómo funciona ahora el Poder Judicial, cómo se transformaría y cuáles serían las implicaciones de esta reforma.

La Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es uno de los tres grandes órganos del Poder Judicial, al que se suman el Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La SCJN es el máximo tribunal del país, hace interpretaciones directas a la Constitución, resuelve controversias entre poderes del Estado, declara si hay leyes inconstitucionales y atrae casos de su interés, entre otras funciones.

Está compuesta por 11 ministros que sesionan en un pleno y dos salas. La Primera Sala resuelve asuntos en materia penal y civil y la Segunda Sala, administrativos y laborales. La reforma plantea que se eliminen las salas y se queden solo nueve ministros.

Ana Heredia, coordinadora de Especializaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM, señala que esta reconfiguración impactaría en el trabajo de la Corte, pues ahora “las salas descargan de trabajo al pleno”, para que éste se encargue de los temas de mayor relevancia en términos de interpretación constitucional.

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Hasta ahora para elegir a los ministros, el presidente de la República presenta una terna ante el Senado, ahí se elige a uno, para un periodo de 15 años.

Con la reforma, los ministros serían electos por voto popular, a partir de 30 candidaturas paritarias, de las cuales el ejecutivo propondría 10; cada cámara del Congreso, 5 y el Poder Judicial otras 10. Estarían en el cargo 12 años.

Tribunales Colegiados Federales y Juzgados de Distrito

El Poder Judicial tiene tribunales colegiados y tribunales de apelaciones. En el país hay 910 tribunales, cada uno está compuesto por tres magistrados. Hasta ahora para ser magistrado de un tribunal colegiado hay que seguir la carrera judicial, ir ascendiendo y hacer exámenes de oposición.

Cada uno de estos tribunales tiene distintas tareas:

Tribunales colegiados:

- Revisan los juicios de amparo indirecto contra actos de una autoridad o leyes que vulneran derechos.
- Resuelven amparos directos contra sentencias dictadas por tribunales de las entidades y en los que se considera que hubo violación del debido proceso o a la Constitución.

Tribunales de apelaciones:

- Resuelven impugnaciones contra resoluciones dictadas en los juzgados de distrito.

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Los jueces, por su parte, se encuentran en los juzgados de distrito, que están abajo en jerarquía de los tribunales colegiados. A los jueces les toca resolver juicios de amparo indirecto y también conocen de casos que tengan que ver con el ámbito federal en materia civil, penal, administrativa y laboral. En el país hay 737 jueces federales y hasta ahora se eligen por una serie de exámenes y pruebas.

De aprobarse la reforma, los magistrados de circuito y jueces de distrito se elegirían por voto de la ciudadanía en las elecciones extraordinarias de junio de 2025.

¿Cómo se organiza el Poder Judicial en los estados?

Cada entidad federativa organiza su poder judicial de acuerdo con su Constitución, pero por lo general están organizados en tribunales y juzgados estatales. Su función principal es la administración de justicia en materia civil, penal, familiar y mercantil a nivel local.

Los jueces se encargan de resolver los casos del fuero común, pero si esa resolución se impugna pasa a un juez de segunda instancia o al tribunal local, en caso de que esa segunda sentencia se quiera impugnar procede ya un juicio de amparo y entonces pasa a un juez de distrito y después a los tribunales de la federación.

La reforma plantea que los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección por voto popular de sus magistrados y jueces, aunque no precisa los tiempos para las elecciones, pero el plazo para que los estados realicen estos cambios sería de 180 días una vez que la reforma sea promulgada, si es el caso.

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El Tribunal Electoral

El otro gran órgano del Poder Judicial es el Tribunal Electoral. Su función es resolver conflictos electorales o problemas de acceso a derechos político-electorales. Por ejemplo, es el encargado de resolver en última instancia las impugnaciones en elecciones federales y locales, así como de calificar la elección de Presidente de la República.

El TEPJF funciona a través de una sala superior, integrada por siete magistrados, cinco salas regionales y una especializada, compuestas cada una por tres magistrados. Los integrantes de este órgano, que de aprobarse la reforma también se someterían a votación popular, son ahora elegidos por el voto de dos terceras partes del Senado y propuestos por la SCJN.

El Consejo de la Judicatura

El tercer gran órgano del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura Federal, este se encarga de administrar y sancionar a magistrados y jueces de tribunales y juzgados. La Corte y el Tribunal Electoral tienen sus propios órganos de investigación y sanción.

El CJF está integrado por siete miembros, uno es el presidente, quien también es el presidente de la SCJN, hay tres consejeros designados por la misma Corte, dos por el Senado y uno por el presidente.

En cada entidad hay un Consejo de la Judicatura local, o un organismo similar, que administra y sanciona al Poder Judicial.

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La reforma plantea eliminar al CJF y crear el Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años. Podría recibir denuncias de cualquier persona o autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia.

De manera que ya no habría una presidencia compartida entre la SCJN y el CJF y el órgano de disciplina podría investigar y sancionar a todos, incluidos la Corte y el Tribunal Electoral.

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La otra instancia que se crearía con la reforma es el Órgano de Administración Judicial, éste estaría integrado por cinco personas designadas por un periodo de seis años por los poderes de la unión: el Ejecutivo nombraría uno; el Senado otro; y la SCJN nombraría tres. Sería el responsable de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno.

En el caso de los estados del país, la reforma plantea que también deberán establecerse órganos de administración y disciplina independientes, pero no se presentan mayores detalles sobre su conformación.

Implicaciones de la reforma judicial

Especialistas y jueces ponen la mira en dos puntos focales de la reforma. La elección de jueces y magistrados por voto popular pondría en riesgo la carrera judicial, que asegura que lleguen a los cargos los mejores perfiles, opinan expertos.

Y es que para ser magistrado o juez se lleva todo un proceso que incluye concursos, exámenes, presentaciones y tener excelentes promedios. A Argelia Román, jueza en el Juzgado Sexto en Materia de Extinción de Dominio, con sede en la Ciudad de México, le llevó más de 20 años, mucho estudio y exámenes poder tener este cargo.

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Tuvo que concursar varias veces para ser juez. En un proceso exclusivo para mujeres, donde había mil 500 candidatas, pasó un examen de seis horas y avanzó a la siguiente etapa junto con otras 100 personas. Presentó un proyecto de sentencia en cinco horas y enfrentó un examen oral con sínodos, donde solo los mejores promedios lograron acceder a los cargos vacantes.

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Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, dice que se podría politizar la elección. “El riesgo es que quienes tienen la mayoría en el Congreso tengan la posibilidad de movilizar de forma mayoritaria a quienes voten por los ministros, magistrados y jueces, aunque estos no hagan campaña”.

Sobre el Tribunal de Disciplina, Ana Heredia, coordinadora de Especializaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM, afirma que sería positivo que hubiera un solo órgano de supervisión para todo el Poder Judicial y no solo para magistrados y jueces.

“Está bien que pudiera ser un ente autónomo y que la Corte también entre a revisión de este, porque actualmente el único que puede supervisarla, es la propia SCJN a través del pleno de sus contralorías”.

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Sin embargo, Ricardo Ortega apunta que aun cuando debe haber un proceso disciplinario para el Poder Judicial, este tribunal podría convertirse en una amenaza a la independencia, en un mecanismo de ajusticiamiento cuando un juez dicte una sentencia que va en contra de ciertos intereses, principalmente del gobierno.

“Pensemos en el caso de juezas o jueces que han resuelto contradicciones del gobierno que ha generado mucha molestia y que entonces podrían ser denunciados en el comité de disciplina para ser destituidos”, dice.

La jueza Argelia Román señala que “se correría el riesgo de que los integrantes del tribunal lleguen a sancionar a las personas juzgadoras, cuyas decisiones no se ajusten o sean contrarias a los intereses del partido político en turno en el gobierno o que los procedimientos no prosperen si el juzgador tiene afinidad política con el régimen”.

Por ahora se están llevando a cabo foros para discutir esta reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que respalda la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

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