El órgano electoral debe continuar con las compras y contrataciones de los servicios necesarios para organizar los comicios del próximo año
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El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que reactivará sus contrataciones tras haberlas frenado por la renuncia de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y la presunta red de corrupción que encabezaba.
Para ello, el instituto se ajustará a una serie de reglas, en donde predominarán las licitaciones públicas, mientras que las adjudicaciones directas de contratos serán la excepción y tendrán que estar plenamente justificadas.
Y es que el órgano electoral debe continuar con las compras y contrataciones de los servicios necesarios para organizar los comicios del próximo año.
En un comunicado de prensa, el INE enlistó 7 medidas a fin de fortalecer la integridad institucional, prevenir irregularidades y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas.
Legalidad e integridad. Cada procedimiento se apegará estrictamente a la normativa y estará libre de conflictos de interés.
Necesidad justificada. Sólo se adquirirá lo que responda a una necesidad acreditada, con prioridad para lo indispensable.
Racionalidad y eficiencia. Se buscarán las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, sin gastos innecesarios.
Transparencia y máxima publicidad. Se ampliará la información pública sobre el objetivo, el procedimiento y el resultado de cada contratación.
Licitación pública como regla. Será el procedimiento prioritario en todas las áreas; la adjudicación directa deberá justificarse.
Competencia en igualdad de condiciones. Los proveedores participarán con las mismas reglas, sin ventajas indebidas.
Supervisión y rendición de cuentas. Cada decisión quedará documentada, con responsables identificados y seguimiento al cumplimiento de los contratos.
Esta responsabilidad alcanza a cada persona servidora pública que interviene en una contratación, desde que se identifica la necesidad hasta que se recibe el bien o servicio.
Además, se deberá informar oportunamente cualquier posible conflicto de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables, conforme al Código de Ética y al Código de Conducta del Instituto.
El lNE señaló que estas medidas se toman frente a las preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos.
Por eso, el órgano electoral se comprometió así a establecer mayores controles en cada contratación, sin que ello detenga las tareas institucionales que exigen el cumplimiento de tiempos precisos para dar desarrollo a las actividades que garanticen la organización de las elecciones.
El INE también instalará el Grupo de Trabajo Técnico para el Fortalecimiento Normativo y de Controles Institucionales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 2026-2029, que colaborará con las autoridades fiscalizadoras competentes.
Actualmente revisa su normativa de adquisiciones y arrendamientos para blindar estos procesos.
Con información de Claudia Flores
ASJ
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