Corte Reitera que Multar a Personas por Pedir Limosna es Discriminatorio
La discusión involucra leyes de cinco municipios de Sonora y el derecho a la igualdad de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica
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La discusión involucra leyes de cinco municipios de Sonora y el derecho a la igualdad de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene el criterio de que imponer multas a las personas por pedir limosna en espacios públicos puede constituir una forma de discriminación indirecta, debido a que las sanciones afectan de manera desproporcionada a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica.
El tema forma parte de la Acción de Inconstitucionalidad 25/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones de las leyes de ingresos de cinco municipios de Sonora para el ejercicio fiscal 2026.
Entre las normas impugnadas se encuentra el artículo 46, inciso C), fracción XXXII, de la Ley de Ingresos del municipio de Arizpe, que contemplaba sanciones por mendigar en espacios públicos.
La CNDH argumentó que esta disposición vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación establecidos en el artículo 1 de la Constitución, al castigar a personas que, por sus condiciones económicas, necesitan solicitar ayuda o dádivas en la vía pública.
El expediente fue turnado al ministro Irving Espinosa Betanzo. En el proyecto de resolución se propone declarar la invalidez de las disposiciones impugnadas, al considerar que las sanciones por mendicidad generan un efecto discriminatorio contra las personas en situación de vulnerabilidad.
El criterio de la Corte considera que, aunque las disposiciones municipales estén redactadas en términos generales, sus consecuencias afectan particularmente a quienes necesitan solicitar apoyo económico para subsistir.
En la Acción de Inconstitucionalidad 104/2023 y su acumulada 105/2023, el Pleno determinó que las multas por mendigar habitualmente y dormir en espacios públicos eran inconstitucionales, al vulnerar el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Este razonamiento también sirve como antecedente para analizar las disposiciones municipales de Sonora, pues las autoridades deben considerar las condiciones de vulnerabilidad de las personas al establecer sanciones administrativas.
PT
