La Sala de la SCJN indicó que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005, hijo Isabel Miranda de Wallace
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó, por mayoría de cuatro votos, la "inmediata y absoluta libertad" de Juana Hilda González Lomelí, una de las personas vinculadas con el caso "Wallace".
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Esto ocurre al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó a Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005, hijo Isabel Miranda de Wallace.
Video. Liberación de Brenda en Caso Hugo Alberto Wallace; Del Cefereso 16 a CDMX
Con esta decisión se aprobó la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de otorgar un amparo y ordenar la inmediata liberación de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión por el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único que votó en contra.
Esto ocurre debido a que el Instituto Federal de la Defensoría Pública comprobó que hubo violaciones al debido proceso y las confesiones de su participación fueron a través de tortura.
Juana Hilda González Lomelí es una mujer de 49 años, madre de dos hijas y hace más de 19 años fue encarcelada, permanece en el Cefereso 16 después de una confesión obtenida bajo tortura en el caso Hugo Alberto Wallace.
En 2006, fue detenida en la Ciudad de México por su supuesta participación en los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Juana Hilda fue sentenciada en 2011 a 78 años y nueve meses de prisión.
En 2022, la Primera Sala de la SCJN resolvió atraer el amparo directo con 4 votos a favor (Ríos Farjat, Alcántara Carrancá, Ortiz Mena y Piña Hernández) y el asunto estuvo en trámite bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
El empresario Hugo Alberto Wallace fue secuestrado el 11 de julio de 2005 en el sur del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con la investigación, habría sido asesinado, pero sus restos nunca fueron localizados.
Su madre, Isabel Miranda de Wallace, hizo investigaciones por su cuenta y encabezó una campaña para presionar a las autoridades para que dieran con los responsables. Colocó anuncios espectaculares con los rostros y nombres de los presuntos sospechosos.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de las investigaciones, determinó que en el secuestro y homicidio del empresario participaron seis personas:
Juana Hilda González
César Freyre Morales
Jacobo Tagle Dobin
Brenda Quevedo
Tony Castillo Cruz
Alberto Castillo Cruz
Según esta versión, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado por dichas personas, quienes supuestamente pidieron un rescate de 950 mil dólares.
Entre marzo y junio de 2006, fueron detenidos Tony y Alberto Castillo, César Freyre Morales y Juana Hilda González, quienes denunciaron haber confesado bajo tortura su participación en el caso.
En noviembre de 2007, fue detenida en Estados Unidos, Brenda Quevedo, quien dos años después fue extraditada a México.
En diciembre de 2010, fue arrestado Jacobo Tagle Dobin, en el Estado de México.
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De los seis presuntos implicados, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle son los únicos que no han sido sentenciados por el caso Wallace.
En octubre de 2020, un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió al gobierno de México la liberación de Brenda Quevedo por considerar que fue víctima de tortura y detención arbitraria.
En mayo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un amparo de Juana Hilda González Lomelí, condenada a casi 80 años de prisión, argumentando que su confesión fue obtenida bajo tortura.
Isabel Miranda de Wallace sostiene que los detenidos son culpables del secuestro de su hijo y rechaza que sean liberados.
Luego de permanecer 15 años en prisión preventiva, Brenda Quevedo, relacionada con la banda que presuntamente secuestró y privó de la vida a Hugo Alberto Wallace, salió de prisión para seguir su proceso en arraigo domiciliario.
Brenda, actualmente tiene 41 años, ha estado presa en los penales de Santiaguito, luego en lo que fue la cárcel federal de las Islas Marías, y en 2018 fue trasladada al Cefereso 16 del estado de Morelos.
Sus representantes legales, integrantes de la Defensoría Pública Federal, alegaron ante el juez Primero de Distrito de procesos con sede en el Reclusorio Norte, que era excesivo el tiempo que la mujer había permanecido ya en prisión preventiva.
Elvira Claudia Mejía, defensora pública federal, explicó que el juez de la causa cambió la medida cautelar por el arraigo domiciliario y la colocación de un brazalete.
Hace cinco años atrás se promovió el incidente de cese, el juez de distrito de procesos federales decretó el cese de la prisión preventiva y señaló otras medidas cautelares, menos lesivas como es el arraigo domiciliario, también, así como la colocación de un brazalete a cargo de la gente del ministerio público, quien fue quien lo solicitó.
Según fuentes del Sistema Penitenciario Federal, durante la prisión preventiva, Brenda tuvo un buen comportamiento en los penales en los que estuvo y participó en actividades deportivas, culturales y laborales.
A las 22:10 horas del martes 25 de junio de 2024, Brenda Quevedo fue trasladada en un convoy de la Policía Federal Ministerial hasta su domicilio en la CDMX, acompañada de su abogada. No podrá salir de la Zona Metropolitana, no puede acercarse a las víctimas indirectas y deberá presentarse a las audiencias cuando se le requiriera.
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