El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 49 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones el dictamen que reforma disposiciones de la Constitución local en materia de reforma al Poder Judicial
La tarde de hoy lunes 23 de diciembre de 2024, con 49 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general, el dictamen que modifica la Constitución Política capitalina en materia de Reforma al Poder Judicial.
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Esta reforma tiene el objetivo de alinear la normatividad local al mandato federal y permitir que los capitalinos participen en los procesos de elección de jueces y magistrados en la Ciudad de México, precisa el dictamen avalado.
Previamente, legisladores de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local mostraron las siguientes posturas en materia de reforma al poder judicial.
La diputada Daniela Álvarez Camacho (PAN), presidenta de la comisión, señaló que la iniciativa de los grupos parlamentarios de MORENA, PT, PVEM y PRD, y asociaciones parlamentarias Progresista de la Transformación y Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, en materia de reforma al poder judicial responde a la obligación como poder legislativo de aplicar las adecuaciones legislativas necesarias para alinear la normatividad local al mandato federal.
Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar adecuaciones a las constituciones locales.
Señaló que durante el análisis de la iniciativa se detectaron algunas áreas de oportunidad que fueron atendidas por los cuerpos técnicos involucrados en el proceso de revisión de este instrumento, y en el análisis fue necesario agregar la palabra "ordinario" al numeral 2 apartado f) del artículo 25 para mayor precisión, respecto al proceso extraordinario al que se refiere la reforma.
Asimismo, se consideró procedente la modificación al artículo 50 numeral primero para agregar la elección de personas magistradas y juzgadoras a las tareas constitucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
En cuanto al transitorio II, que se refiere a los porcentajes de totalidad de las personas que participan en el proceso electoral extraordinario al que se refiere la reforma, estas comisiones valoran que en este artículo transitorio II se indica que en este proceso se elegirá a la totalidad de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas y personas juzgadoras que se encuentran vacantes, separaciones definitiva, retiros programados, así como las personas magistradas y juzgadoras que se encuentran en funciones y que decidan participar en el proceso extraordinario, precisando que en ningún caso el porcentaje podrá ser menor al 30% de la totalidad de personas magistradas y juzgadoras y sólo en caso de ser necesario se insacularía a estas personas, para integrar el porcentaje mencionado.
Este precepto permite que los congresos locales, en ejercicio de su libertad de su configuración legislativa decidan si la renovación de las personas juzgadoras de sus respectivos poderes judiciales ocurrirá en el 2025 sin obligarlas a realizarlo sobre un porcentaje o cantidad en específico.
Sólo están obligados a efectuar esta renovación de la totalidad de cargos concluya cuando tenga lugar la elección federal ordinaria del año 2027.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) aseguró que esta reforma transformará al Poder Judicial, haciéndolo más cercano, humano y accesible para todas y todos, "con un sólido compromiso con la justicia", en particular con los sectores vulnerables y con equidad de género, e igualdad de mujeres y hombres en los puestos clave, que serán electos con procesos transparentes, y con una renovación escalonada en los cargos.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) mencionó que por primera vez la ciudadanía participará activamente en la construcción de un Poder Judicial que atienda las necesidades de las y los mexicanos; específicamente se elegirán 374 jueces y juezas, y 79 magistradas y magistrados.
La diputada Yolanda García Ortega (PVEM) indicó que la reforma judicial es un cambio importante para el sistema democrático y judicial, y recordó el plazo de 180 días naturales que tiene el Congreso capitalino para realizar las adecuaciones necesarias a la Constitución local.
La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) señaló estar en contra del dictamen, y aseguró que las reformas propuestas vulneran el equilibrio entre los poderes que rigen al país y a la Ciudad de México y somete al Poder Judicial al gobierno. Añadió que esta reforma representa un retroceso para la democracia.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) afirmó que la reforma judicial a nivel federal "nació viciada de origen" y que esta reforma es la continuidad del mismo proceso, por lo que votaría en contra de esta, y que la elección de jueces y magistrados será una simulación, la ser direccionada por un grupo político, además de que la reforma se realiza "a marchas forzadas".
La diputada Patricia Urriza Arellano (MC) resaltó el complejo proceso de aprendizaje que llevan las personas juezas y magistradas, y en lo que las nuevas personas que ingresen al Poder Judicial lleven este lento proceso, de leyes y precedentes, seguirán llegando miles de casos de la ciudadanía en temas delicados que requieren soluciones.
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Con información de N+
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— Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 23, 2024
