La iniciativa propone una Ley de Asistencia Médica para Morir para personas con enfermedades incurables y sufrimiento intolerable.
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La propuesta busca diferenciar la eutanasia de la voluntad anticipada, un derecho que ya está reconocido en la legislación de la Ciudad de México
En la Ciudad de México (CDMX), el comité promotor Libertad para Morir impulsa una iniciativa ciudadana que podría abrir una discusión decisiva sobre el final de la vida: legalizar la eutanasia mediante una Ley de Asistencia Médica para Morir. La propuesta busca que personas con enfermedades incurables que enfrenten un sufrimiento que consideren intolerable puedan solicitar ayuda médica para morir bajo condiciones reguladas. Para que el proyecto llegue con carácter preferente al Congreso capitalino, sus promotores necesitan reunir alrededor de 20 mil firmas de ciudadanos con credencial del INE de la CDMX.
La propuesta parte de una pregunta que genera debate médico, jurídico y ético: ¿una persona con una enfermedad sin posibilidad de curación y que enfrenta un sufrimiento intolerable debería tener derecho a decidir cuándo y cómo morir? Libertad para Morir sostiene que la legislación debe permitir esa elección y garantizar que, bajo circunstancias específicas, la persona pueda recibir asistencia médica para tener una muerte segura y acompañada.
Asunción Álvarez del Río, presidenta de Libertad para Morir y especialista que ha participado en la reflexión sobre este tema, explica cuál es el objetivo central de la iniciativa:
“Que las personas sepan que al final de su vida tienen, si llegan a necesitarlo por el sufrimiento intolerable que les causa una enfermedad que no tiene posibilidad de curación, puedan tener la opción de decir: ‘Yo ya no quiero vivir más’, pero puedan contar con la ayuda adecuada, médica, para morir bien, de manera segura, en las mejores condiciones. Eso es lo que se busca”.
Los integrantes de Libertad para Morir también forman parte del Colegio de Bioética y han estudiado las implicaciones médicas y éticas de la asistencia para morir, un asunto que durante los últimos años ha provocado cambios legislativos y discusiones en diferentes partes del mundo.
La asistencia médica para morir, en distintas modalidades y bajo diferentes requisitos, ya forma parte de la legislación de diversos países. De acuerdo con los datos proporcionados por los promotores de la iniciativa, alguna modalidad es legal en 14 países. Entre los casos recientes destaca Uruguay, que en 2025 se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar una ley de eutanasia, mientras que Francia también avanzó en su regulación durante julio de ese mismo año.
Para Libertad para Morir, el debate está directamente relacionado con la autonomía personal y con la posibilidad de tomar decisiones sobre el final de la propia vida. Álvarez del Río sostiene que esta libertad también debe analizarse desde una perspectiva ética y laica:
“Nosotros creemos que sí, que tenemos libertad como seres humanos sobre nuestra vida, y que la vida incluye hasta el final, hasta el último momento. Y por eso decidir sobre no vivir también es parte de la vida y también es un acto libre y es un acto ético, porque viene de concebir al ser humano como dueño de su vida. Creemos que la ética tiene que ser laica”.
El debate legislativo tampoco es nuevo en México. Entre 2002 y 2026 se presentaron 45 iniciativas legislativas relacionadas con la asistencia médica para morir, una cifra que muestra que la discusión ha permanecido durante más de dos décadas sin alcanzar una regulación general que permita la eutanasia en el país.
En el Senado se encuentra, entre otras propuestas, la denominada Ley Trasciende, promovida por la ciudadana Samara Martínez, quien vive con una condición de salud en etapa final. Aunque ambas iniciativas abordan el derecho a decidir ante determinadas circunstancias médicas, la propuesta de Libertad para Morir tiene diferencias relacionadas con su alcance geográfico y con la vía jurídica que pretende utilizar en la Ciudad de México.
Pedro Morales Aché, abogado litigante e integrante de Libertad para Morir, señala que uno de los puntos centrales de la propuesta es la competencia de las entidades federativas para legislar sobre esta materia:
“La competencia para regular el tema es de orden local. Indebidamente, la Ley General de Salud la prohíbe. La Ley General de Salud incurre en una prohibición y en una invasión competencial. El ámbito, al igual que acontece tratándose de la interrupción del embarazo, es una competencia que corresponde a los congresos estatales y, en este caso, a la Ciudad de México”.
Actualmente, las personas que habitan en la Ciudad de México ya cuentan con el derecho a la voluntad anticipada, establecido en la legislación local. Sin embargo, esta figura no equivale a la eutanasia. La voluntad anticipada permite que una persona decida, de manera libre e informada, aceptar o rechazar determinados tratamientos o procedimientos médicos destinados a prolongar innecesariamente la vida cuando enfrenta una enfermedad avanzada, incurable, sin respuesta al tratamiento o terminal.
La iniciativa de Libertad para Morir pretende ir más allá al plantear la posibilidad de recibir asistencia médica para morir bajo condiciones reguladas. Esta diferencia es fundamental para entender el alcance de la discusión que podría llegar al Congreso capitalino, pues una cosa es rechazar intervenciones destinadas a prolongar la vida y otra solicitar una intervención médica destinada a adelantar la muerte.
Para que la iniciativa ciudadana pueda avanzar con carácter preferente, sus promotores deben conseguir el respaldo equivalente al 0.25% de las personas inscritas en la lista nominal de la Ciudad de México, lo que representa, en números redondos, alrededor de 20 mil firmas. Los apoyos deben provenir de ciudadanos que cuenten con credencial para votar correspondiente a la capital del país.
Pedro Morales Aché explica que alcanzar este requisito no significaría que la eutanasia quedará automáticamente legalizada. El efecto inmediato sería obligar al Congreso de la Ciudad de México a recibir la propuesta, discutirla y someterla a votación:
“Requiere que esté respaldada por el apoyo ciudadano del 0.25% de las personas que integran la lista nominal de la Ciudad de México. Esto implica que el Congreso de la Ciudad de México está obligado, no a aprobar la ley, pero sí está obligado a admitir la discusión y a votarla”.
Libertad para Morir reúne las firmas mediante una aplicación disponible a través de su sitio web oficial, además de puntos de encuentro que el comité anuncia mediante sus redes sociales. La organización mantiene información sobre la campaña y sus actividades en libertadparamorir.com.mx, así como en sus perfiles de Instagram y Facebook.
La recolección de aproximadamente 20 mil apoyos será determinante para el siguiente paso. Si la iniciativa alcanza el porcentaje exigido, el Congreso capitalino tendría que abrir formalmente una discusión sobre un tema que México ha debatido durante más de dos décadas: hasta dónde llega el derecho de una persona a decidir sobre el final de su propia vida cuando enfrenta una enfermedad incurable y un sufrimiento intolerable.
