Los padres de Melani Yamile, una menor de 14 años a quien le impidieron ingresar a clases por tener un tatuaje en una secundaria de Matamoros, Coahuila, presentaron una denuncia ante la CNDH.
Los padres de Melani Yamile, una adolescente de 14 años, denunciaron ante la CNDH que a su hija le impidieron entrar a clases en una secundaria de Matamoros por llevar un tatuaje.
Luego de que presuntamente se le negara el acceso a clases por portar un tatuaje, los padres de Melani Yamile, de 14 años, presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) y la Coordinación de Servicios Educativos de la Región Laguna por un posible caso de discriminación.
De acuerdo con los padres, Arlet y Jesús, la menor se realizó un tatuaje el pasado lunes 4 de mayo con su consentimiento y acompañamiento. Ese mismo día, la madre también se tatuó en el mismo establecimiento.
Sin embargo, al acudir al día siguiente a la escuela secundaria técnica ubicada en Matamoros, la directora del plantel, Irma Flores, presuntamente le informó a la estudiante que no podría continuar asistiendo a clases debido al tatuaje.
Ante esta situación, los padres consideraron que se vulneró el derecho de la menor a la educación, por lo que formalizaron la denuncia y solicitaron la intervención de las autoridades educativas para garantizar el reingreso inmediato de Melani a las aulas.
Los padres de la estudiante señalaron que, tras ser citados por la dirección de la Secundaria Técnica Número 43 del ejido El Cuije, se les notificó formalmente que la menor no podría continuar asistiendo a clases debido al tatuaje que recientemente se realizó.
De acuerdo con Arlet Rodríguez y Jesús Alvarado, en el reglamento interno del plantel no existe ningún apartado que prohíba los tatuajes o contemple sanciones por portar uno.
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El caso ha generado debate sobre los límites de las instituciones educativas respecto a la apariencia personal de los alumnos y sobre las decisiones que pueden tomar los padres respecto a sus hijos menores de edad. Mientras tanto, la familia aseguró que continuará con el proceso legal y administrativo para defender el acceso de la menor a la educación.
