La decisión de una jueza en EUA encendió las alarmas en la región de América Latina por sus implicaciones para economías emergentes
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El fallo en EUA contra Argentina por Aerolíneas Argentinas enciende alarmas en México. Aunque no hay riesgo directo, el caso resalta la importancia de la seguridad jurídica para inversiones extranjeras.
El fallo de un tribunal de Estados Unidos en contra de Argentina para la habilitación de un fondo buitre para solicitar embargos de los activos de ese país ha encendido todas las alarmas de la región.
La jueza Jia Cobb, de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, avaló la creación de un fondo buitre para solicitar embargos de activos de la Argentina en medio del litigio por la expropiación de la aerolínea en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La magistrada admitió que el fondo de inversión de Titan Consortium comenzara con el pedido del embargo por un monto calculado en 391 millones de dólares.
Pero esto, ¿cómo impacta a México?
La decisión de una jueza estadounidense se refiere a activos soberanos argentinos que estén en Estados Unidos, pero el caso sí tiene implicaciones importantes para México como economía emergente.
Para nuestro país, el caso no implica que sus activos estén en riesgo ni que el gobierno mexicano tenga que responder por las deudas de empresas privadas. Sin embargo, permite explicar cómo funcionan los mecanismos internacionales de arbitraje y qué ocurre cuando una compañía es nacionalizada y sus obligaciones financieras pasan a involucrar al Estado.
De acuerdo con Óscar León Islas, académico de la Facultad de Economía y del Posgrado de la Facultad de Contaduría de la UNAM, experto en temas de inversiones y comercio internacional, el origen del caso argentino está en una deuda que, inicialmente, correspondía a una empresa privada.
“Si la empresa emitió deuda, no puede pagarla; esa deuda va cambiando de manos por distintos fondos hasta llegar al fondo buitre”, explicó.
Estos fondos se especializan en adquirir o gestionar deuda en litigio y recurrir a tribunales para intentar recuperar los recursos. En el caso de Aerolíneas Argentinas, el conflicto adquirió una dimensión distinta después de que la empresa pasó a manos del gobierno argentino. Esto es: cuando un gobierno adquirió una empresa, también asumió sus pasivos. Por ello, una deuda que originalmente correspondía a una compañía privada puede convertirse en una obligación del Estado si la empresa es nacionalizada.
Sin embargo, la decisión también puede afectar la percepción de riesgo de las inversiones en América Latina. Los inversionistas internacionales observan casos como este para evaluar qué tan protegidas están sus inversiones frente a decisiones gubernamentales, particularmente cuando hay nacionalizaciones, expropiaciones o cambios regulatorios.
Para México, esto puede convertirse en un elemento dentro de la conversación internacional sobre seguridad jurídica y protección a la inversión extranjera.
Por ello, el caso argentino muestra qué puede ocurrir cuando un Estado pierde un arbitraje internacional y posteriormente no cumple voluntariamente con el pago: el acreedor puede acudir a tribunales de otros países donde existan activos susceptibles de ejecución.
En el caso de México, la nación forma parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Grupo Banco Mundial creada en 1965 para facilitar la conciliación y el arbitraje de controversias internacionales relacionadas con inversiones.
“Hay mucha certeza jurídica de garantía de las inversiones”, sostuvo el doctor en economía, León Islas. Además, explicó que los mecanismos de solución de controversias y los casos en los que pueden utilizarse están establecidos en los acuerdos internacionales correspondientes.
“Los casos en los cuales se puede hacer una denuncia y llevar a paneles de solución de diferencias están perfectamente tipificados”, afirmó.
Además del CIADI, otro elemento que da certeza jurídica a las inversiones en México, es el T-MEC. De acuerdo con el economista, el vínculo está principalmente en el Capítulo 14, sobre inversión.
El T-MEC no convierte automáticamente la deuda de una empresa mexicana en una obligación del gobierno federal. Si una compañía privada emite bonos y después incumple sus pagos, sus acreedores no pueden exigir por ese solo hecho que México asuma la deuda, explicó.
El Capítulo 14 sí contempla mecanismos para que determinados inversionistas reclamen contra el Estado cuando consideran que una medida gubernamental vulneró las protecciones previstas para sus inversiones.
La diferencia con el caso de Aerolíneas Argentinas está en la nacionalización de la empresa. Al pasar a manos del Estado, la relación entre la compañía y el gobierno cambió, lo que permitió que las obligaciones vinculadas con la empresa adquirieran una dimensión soberana. En México, una empresa privada que incumple una deuda no genera automáticamente una responsabilidad para el gobierno; además, el T-MEC establece reglas específicas para las controversias relacionadas con deuda pública.
TLS
