Ha pasado más de un año desde que la comunidad de El Bosque, en el municipio de Centla, Tabasco, convocó a una rueda de prensa, en noviembre de 2022, para lanzar un pedido de auxilio: el mar se estaba tragando sus casas, a causa del cambio climático y ninguna autoridad había hecho nada para ayudarles.

Apenas hace dos semanas, pobladores firmaron los acuerdos para ser reubicados. Se les informó que la construcción de la nueva colonia donde vivirán empieza en este primer trimestre del año y para el tercer trimestre se les entregarán las viviendas. Pero no todos resultaron beneficiados. Al menos diez familias quedaron fuera del programa de reubicación, de acuerdo con denuncias de los propios pobladores y de organizaciones que las acompañan como Greenpeace.

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A quienes quedaron fuera no se les ha dado una explicación de por qué no están considerados. Aseguran que son habitantes reconocidos de la comunidad y que cumplieron con todos los requisitos que les solicitaron las autoridades.

Es el caso del señor Armando Cobos. “He vivido en El Bosque por más de 25 años. Ahí estuvieron mis hijos en la escuela. Pero el agua se llevó mi casa, desde 2019, fue de las primeras en llevarse. Cuando las autoridades pasaron a hacer el censo de los afectados, me censaron, me pidieron documentos: la CURP, el INE, los papeles del terreno y una minuta. Todo se los di y ahora resulta que no estoy considerado para la reubicación y solo me dicen que están checando”.

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Don Armando cuenta que cuando el mar se llevó su casa en 2019, se pasó a la de su mamá, pero después el mar se llevó también esa, entonces él, su mamá, su hermana Cristina salieron, junto con sus familias, a la Ciudad de Frontera, donde consiguieron una vivienda prestada, ahí están todos alojados ahorita.

La mamá de Armando y su hermana Cristina sí salieron entre los beneficiados con el programa de reubicación. “Entregamos lo mismo, y no entiendo por qué yo no salí”, dice Don Armando.

N+ preguntó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a la que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) señaló, junto con el gobierno municipal de Centla, como la responsable de levantar el censo de afectados y de operar el programa de reubicación, por qué habían quedado familias fuera, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Un largo camino

“Para mí, El Bosque, llamada así por la línea de pinos que tenía, no es un pedazo de tierra es mi historia, mi hogar y mi identidad, ahí nací, estudié y crecí, la mayoría de mis recuerdos están ligados a esa tierra que separa el río del mar. Mi mamá y mi papá son pescadores. Ella tiene una relación con el mar que me sorprende, pues el mar le hacía sentir paz, recibir su aroma le era reconfortante, sentirlo le daba vida, pero en 2019 esa relación cambió, nos dimos cuenta que el mar avanzaba hacía nosotros”, dijo Guadalupe Mayoral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta intervención se dio durante la audiencia que se llevó a cabo para discutir los derechos de las personas desplazadas y en movilidad a causa del cambio climático, y que fue parte de las sesiones que se llevan a cabo durante el 189 periodo ordinario de la CIDH. Es la primera vez que este tema se lleva a esta Comisión.

“Una marejada -continuó Guadalupe Mayoral- se llevó la primera línea de casas, entre ellas la de mi abuelo, a partir de entonces nos preocupamos porque no sabíamos qué estaba pasando, sabíamos que el mar había aumentado de nivel, pero pensamos que iba a regresar a su límite. De las autoridades mexicanas solo recibimos silencio. Cuando el mar se llevó la segunda línea de casas, llegaron asociaciones civiles que nos compartieron información sobre el cambio climático, fue muy duro aceptar que no había vuelta a tras y que nuestra comunidad iba a desaparecer”.

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En noviembre de 2022, recordó, los pobladores organizaron una rueda de prensa para que las autoridades supieran lo que estaban enfrentando. “Fue un grito de auxilio, pidiendo solución a un problema que nosotros no provocamos, así empezó nuestra exigencia por una reubicación justa y digna”.

Un mes después de esa conferencia, el mar se llevó la tercera línea de casas, también la escuela primaria, el preescolar, la iglesia y hasta la esperanza de algunas familias. “El cambio climático no espera a los tiempos políticos; al contrario, avanza sin piedad, con estos últimos impactos llegó el caos: niños sin casa, sin escuela, paredes cayéndose y la desesperanza de no tener a donde ir”, dijo Mayoral ante la CIDH.

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De una comunidad que antes exportaba toneladas de pescados, y cuyas casas tenían piso firme y futuro ahora sobrevivían viviendas con techos de láminas. “Mi papá y otros hombres improvisaron casas, que yo no les llamaría casas, porque no tienen piso, luz, agua, solo sirven para cubrirse del sol y a veces de la lluvia”.

Fue hasta un año después de lucha, acompañada de solicitudes legales, que obtuvieron una respuesta. “La comunidad hoy sabe que será reubicada, hay un terreno y algunas familias firmaron convenios para recibir sus casas, pero otras familias todavía están fuera, el proceso ha sido caótico, las personas han estado desesperadas, niños se han quedado sin escuela, personas con diabetes se han quedado sin servicios de salud, nos hemos quedado sin agua, sin luz, sin refugios temporales”, subrayó Mayoral.

Puntualizó que “Doña Tali”, una de sus vecinas, murió desplazada en un cuarto de renta esperando ser reubicada. “Necesitamos que el bosque sea una lección de los efectos del cambio climático, porque, como dice mi madre, somos de los primeros en perderlo todo (por el cambio climático, en México), pero no seremos los últimos”.

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Pablo Ramírez, de Greenpeace, dice, en entrevista con N+, que apenas en las últimas semanas el proceso de reubicación de los habitantes de El Bosque está avanzando. El 21 de febrero pasado, explica, se votó en el congreso de Tabasco, el dictamen que permite que el terreno donado por la federación para esto se pueda usar.

“Se tenía que aprobar la donación y el proceso estuvo atorado por meses. Ahora estamos a la espera de que se publique en el periódico oficial del estado esta resolución y que el terreno se pueda usar. La reubicación está planeada para septiembre y ojalá que esos tiempos se cumplan”, señala Ramírez.

Derechos pasados por alto

Durante la audiencia sobre los derechos de los desplazados climáticos y después de la exposición de otros casos de comunidades y personas afectadas en América Latina, representantes de organismos internacionales e integrantes de la CIDH tomaron la palabra para señalar que es necesario que los gobiernos respeten los derechos humanos en los procesos de traslado y reubicación.

Andrés Sánchez, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señaló que preocupa el hecho de que muchos de los que se desplazan pueden enfrentar vacíos en la protección de sus derechos humanos.

“Para que la acción climática sea eficaz, es necesario que se respeten derechos como la participación significativa y efectiva de los titulares de los mismos; el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y el acceso a mecanismos independientes de reclamación y acceso a la justicia”.

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Pablo Escribano, de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) enfatizó que abogan por un enfoque basado en los derechos humanos para abordar la migración climática, promoviendo un uso pleno de los campos de derecho e instrumentos existentes.

“La OIM ha identificado principios y derechos que deben guiar la acción estatal en la migración climática, como el derecho a la vida, a la información y a la participación, la prohibición del desplazamiento arbitrario y el derecho a acceder a la justicia y a la indemnización”, precisó.

Sobre ese derecho a la participación y a la información, los pobladores de El Bosque señalan que no tuvieron acceso a esto. Guadalupe Cobos, quien todavía permanece en la comunidad, señala, en entrevista con N+, que la lista de las personas beneficiadas se les entregó apenas hace dos semanas, cuando se realizó la reunión para que ya firmaran los acuerdos de reubicación, también fue hasta ese momento cuando les comunicaron a donde los iban a reubicar.

“No nos informaron a donde nos iban a mandar, el gobierno lo decidió en unas mesas de trabajo que hicieron. Fue un tema que se manejó de manera muy cerrada. Nosotros preguntábamos dónde era y nos respondían que no nos podían decir, supimos del lugar, que queda a 12 kilómetros de la comunidad, en Frontera, hasta que ya teníamos que firmar los acuerdos”.

El Bosque es una comunidad de pescadores, viven de su cercanía con el mar. Ahora tendrán que gastar en transporte para poder seguir pescando. “No sé si pagando transporte para ir y venir nos salgan los gastos -dice Guadalupe Cobos- pero qué podemos hacer, ya lo decidieron, y también es cierto que más cerca del mar, hay el mismo riesgo de que avance, porque el cambio climático ya está aquí”.

Para que sea más complicado que los Estados se pasen por alto los derechos humanos de las personas desplazadas o en movilidad por el cambio climático, Andrea Pochak, relatora de Movilidad para la CIDH, aseguró, durante la audiencia sobre el tema, que esta Comisión se queda con el compromiso de impulsar una resolución para bajar los principios del derecho internacional a políticas concretas puedan guiar la actuación de los gobiernos.

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