Maricarmen nunca fue dueña del inmueble, pero siempre fue su casa; ahora ha sido expulsada a los 87 años, sin sus pertenencias
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Autoridades han desahuciado a una mujer de 87 años del departamento donde vivió durante 70 años. Sin buscarlo, Maricarmen se ha convertido en el símbolo de una crisis de vivienda, en un desalojo que ha sido condenado por políticos de todo el espectro político, pero del que ninguno se ha hecho responsable.
Maricarmen vivió en aquel departamento de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde 1956. Ahí vivió su padre y, tras su muerte, el contrato de renta pasó a su madre. Maricarmen nunca fue dueña del inmueble, pero siempre fue su casa.
La historia de Maricarmen dio un vuelco cuando una compañía compró el edificio en 2018. La propia empresa Urbagestión explica que su negocio se centra en la adquisición de inmuebles, estén habitados o no, para buscar su “revalorización, previo vaciado”. Los departamentos son reformados y vendidos a precios mucho mayores, pero el cambio, por supuesto, implica expulsar a los antiguos inquilinos.
Los dueños exigían a Maricarmen un alquiler mensual de mil 650 euros. Esta cantidad es muy inferior a los 2 mil 650 euros que pagan otros inquilinos del mismo edificio. No obstante, la cifra resultaba impagable para la adulta mayor; solo percibía mil 450 euros al mes.
Maricarmen no solo fue expulsada de su departamento. También de Madrid y de los servicios con los que contaba. La asistencia de la comunidad autónoma le ayudaba con la preparación de sus alimentos, así como a levantarse y acostarse.
La adulta mayor acaso termine viviendo con un primo suyo, Vicente, en un departamento de 58 metros cuadrados donde ya viven cuatro personas, en la ciudad de Segovia. Se ha barajado también la posibilidad de que habite en una residencia para adultos mayores, pero ella rechaza estar sola y lejos de su familia.
Los desahucios no son una novedad en España. Tras varias décadas de prosperidad, la burbuja inmobiliaria del país europeo se rompió en 2008. En medio de la crisis económica, miles de personas comenzaron a ser expulsadas, ya fuese porque no podían pagar los préstamos que contrajeron hacía décadas o porque nunca fueron propietarios.
Ningún actor político se ha quedado en silencio ante la expulsión de Maricarmen. Pedro Sánchez calificó el desahucio como una "tragedia social". El presidente español prometió que enviaría al Parlamento un real decreto de vivienda.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, calificó como demagogia la atención puesta al desahucio de Maricarmen. La funcionaria de derecha aseguró que era uno más “de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España”. Además, culpó al gobierno socialista de Sánchez por el desalojo.
Por el momento, Maricarmen permanece hospitalizada, sin sus pertenencias y sin saber dónde pasará el resto de su vida.
