Madres de estudiantes de una academia militarizada en Sayula, Jalisco, denunciaron presuntos maltratos contra los menores. Las denuncias también pusieron bajo la lupa la legalidad de algunas cláusulas de los contratos. Especialistas advierten que ciertos términos relacionados con la permanencia de los menores podrían tener implicaciones jurídicas y ya son objeto de revisión.
Agripina Martínez, madre de dos menores víctimas, denunció: "Me dijo que, pues, no me podía llevar a mis hijos, que le hiciera como hiciera, a mis hijos no los podía sacar, que porque yo había firmado un contrato. Entonces, pues yo le dije, bueno, entonces, pues saca tu contrato y a mí dime en dónde yo firmé que tú puedes golpear a mis hijos de esta manera".
Agripina relata que en agosto de 2022 ingresó a su hijo de 10 años al plantel al notar que era indisciplinado y no le gustaba ir a la escuela. En un principio acudía por las tardes a realizar tareas y, cuando pasó a secundaria, decidió que la cursaría en esta supuesta escuela que opera como internado. Lo mismo ocurrió con su hija, quien no tenía problemas de conducta, pero a quien le ofrecían actividades extracurriculares atractivas.
Asegura que durante dos meses sus hijos fueron sometidos psicológicamente y agredidos físicamente.
Agripina Martínez agregó: "A mi hija le tocó un castigo en este lugar tan pequeño. ¿Los encerraban por días? Sí, sí, por días. Mi hija durmió varias noches en ese lugar. Y este, pues los metían y hacían del baño en cubetas, en bolsas".
Cuando su madre se dio cuenta de la situación, fue por ellos y se encontró con que le negaban la entrega de sus hijos, bajo el argumento de que las cláusulas del contrato que firmó no lo permitían.
Antonio Flores Allende, magistrado de la Segunda Sala Penal, señaló que, tras analizar los contratos, encontró algunas cláusulas que probablemente sean poco ortodoxas o estén fuera de la realidad.
En el contrato se establece que el tutor otorga autorización para aplicar medidas con el fin de corregir la indisciplina, como brincar, correr, saltar, realizar lagartijas, abdominales o cualquier actividad física. Lo que no contempla es la autorización para que los menores sean violentados.
También señala que, en caso de dar de baja al alumno, este podrá ser retenido hasta el pago total de dichas condiciones.
¿Qué irregularidades presenta el contrato de la academia Esparta?
Antonio Flores Allende, magistrado de la Segunda Sala Penal, advirtió que retener a una persona, especialmente a un menor, podría constituir el delito de privación ilegal de la libertad y que exigir dinero a cambio de entregarlo incluso podría configurar un secuestro.
En el contrato también se menciona que se deben pagar las mensualidades y el material, que rondan más de 13 mil pesos por mes, durante toda la vigencia del contrato, que dura un año. Además, se exige firmar un pagaré por 109 mil 989 pesos, así como una garantía adicional con aval y la entrega de escrituras, facturas o una fianza.
Expertos en materia penal señalan que estos términos son excesivos y son considerados inoperantes.