De los 3,814 aspirantes registrados, solo 1,048 lograron pasar a la siguiente fase, tras cumplir con las condiciones iniciales como la acreditación de título profesional en derecho.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos para continuar en el proceso de selección rumbo a las elecciones extraordinarias de junio de 2025, en donde la población escogerá con su voto a los próximos jueces federales, magistrados y ministros.
De los 3,814 aspirantes registrados, solo 1,048 lograron pasar a la siguiente fase, tras cumplir con las condiciones iniciales como la acreditación de título profesional en derecho y un promedio mínimo de calificación de 8.
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Para las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se seleccionaron 25 aspirantes. Entre ellos destacan nombres como Marisela Morales Ibáñez, ex Procuradora General de la República, y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero.
También figura el consejero de la Judicatura Federal Sergio Javier Molina Martínez, quien recientemente jugó un papel clave en la reanudación de labores del PJF tras una huelga prolongada.
Para el Tribunal de Disciplina Judicial hay nueve aspirantes, entre ellos figuran Jorge Antonio Cruz Ramos, exconsejero de la judicatura federal, y Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, magistrada del poder judicial del estado de Veracruz.
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Hay, además, ocho candidatos, entre ellos Adriana Favela Herrera, exconsejera del Instituto Nacional Electora, y Gabriela Villafuerte Coello, magistrada electoral, que competirán por los puestos disponibles en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además, 33 personas avanzaron para los puestos en las Salas Regionales del TEPJF; 374 como magistrados de circuito; 24 para Tribunales de Apelación; y 573 para jueces de Distrito.
Los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial serán responsables de determinar la idoneidad de los candidatos seleccionados. Este proceso incluirá la evaluación de antecedentes académicos y profesionales, buena fama, y pruebas escritas y entrevistas públicas. El plazo para concluir esta evaluación es el 31 de enero de 2025.
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Una vez completada esta etapa, los listados finales serán enviados al Senado antes del 8 de febrero de 2025. Posteriormente, las candidaturas serán sometidas a un proceso de insaculación pública, en cumplimiento con las disposiciones de la reforma judicial.
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AV
