Armas fabricadas mediante impresión 3D, dispositivos de activación remota, y artefactos explosivos improvisados, estarán prohibidos y se endurecerán las sanciones contra quienes posean armas ilegales
Las armas fabricadas mediante impresión 3D, los dispositivos de activación remota, los artefactos explosivos improvisados y accesorios, como silenciadores y miras térmicas, estarán prohibidos en nuestro país.
También se endurecerán las sanciones contra quienes posean armas ilegales o modificadas, y se reforzará el control estatal, a través de la Defensa, sobre actividades relacionadas con armas, explosivos y sustancias químicas.
Este lunes, las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República, aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma más de 100 artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para actualizar el marco jurídico en seguridad pública.
Al respecto Blanca Judith Díaz, senadora de Morena:
Sin duda alguna, contar con un marco jurídico actualizado fortalece las actuaciones de las instituciones, así como también regula de mejor manera la posesión y el uso que los ciudadanos damos a las armas de fuego y a los explosivos
La reforma incluye nuevas definiciones para armas de fuego y explosivos improvisados; otorga a la Defensa el control exclusivo del Registro Federal de Armas; prohíbe el transporte de armamento por paquetería; establece campañas obligatorias de desarme para el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales; amplía el catálogo de armas de uso exclusivo del Ejército; endurece sanciones penales y administrativas, y regula de forma diferenciada la posesión de armas para ejidatarios, comuneros, jornaleros y deportistas de tiro.
También obliga a los poseedores de armas a designar un responsable para su trámite en caso de fallecimiento.
Por su parte Rolando Zapata, senador del PRI señaló:
Estamos conscientes y lo hemos reiterado en diferentes momentos, que parte de la inseguridad que se vive en nuestro país se debe, pues, al cuasi control que diferentes grupos de la delincuencia organizada mantienen sobre diferentes territorios, y para hacer frente a un fenómeno de ese tipo hay que tomar diferentes medidas
Asimismo, endurece las penas por tráfico de armas, imponiendo sanciones de hasta 12 años de prisión y casi 34 mil pesos de multa, con agravantes si los responsables son servidores públicos.
El dictamen fue turnado al Pleno del Senado para su discusión y votación final.
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Con información de Juan Pablo Narcia
LECQ
