El juzgador ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva
Detienen a Alejandro N por defraudación fiscal. El hermano de Víctor Álvarez Puga permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Alejandro “N”, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal.
La resolución fue emitida por un juez, luego de que el Ministerio Público presentara elementos de prueba relacionados con el caso. Además de la vinculación a proceso, el juzgador ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, durante un operativo realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de Marina, en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con las investigaciones, el acusado es señalado por una presunta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, lo que habría ocasionado un perjuicio al fisco federal.
Las autoridades precisaron que este proceso penal es independiente de los procedimientos que enfrentan en Estados Unidos Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
Ambos son requeridos por la justicia mexicana por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que las autoridades mantienen abiertos los procedimientos para solicitar su extradición.
En el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 en Estados Unidos. Aunque obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza y el uso de un dispositivo de geolocalización, el proceso migratorio continúa y su próxima audiencia está prevista para noviembre de 2026.
Respecto a Inés Gómez Mont, también existe una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Las autoridades mexicanas continúan integrando la documentación requerida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para formalizar la petición correspondiente.
