El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se termina y este sistema de seguridad para defensores y periodistas no logró subsanar fallas básicas
El miedo y la desesperación se le metieron en el cuerpo vía una advertencia que le llegó por mensaje directo a través de Facebook. Te van a matar, decía. La buscadora Karla Martínez sabe que no es broma. Esos avisos que le mandan ya le han salvado la vida.
El mensaje llegó un domingo en la noche, al día siguiente Karla se puso en contacto con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del que es parte, pero no le mandaron seguridad.
Son omisiones que abren puertas al riesgo y los perpetradores no las perdonan, como pasó en el caso del periodista Alejandro Martínez Noguez, conocido como el "El Hijo del Llanero Solititito", quien era beneficiario del mecanismo y a quien asesinaron el pasado domingo 4 de agosto.
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Estos casos son el ejemplo de las fallas que tiene este mecanismo, que no logró funcionar al 100% durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que este dijo en 2019, que se revisaría y mejoraría.
N+ solicitó una entrevista con Tobyanne Ledesma, directora del mecanismo, para hablar de las fallas, pendientes y aciertos de este, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En noviembre de 2023 a Karla le llegó la primera advertencia por Facebook, quien la enviaba le explicó que era un integrante del crimen organizado, pero estaba agradecido con ella porque gracias a su labor su madre había podido dar con su hermano desaparecido, en paga le mandaba el aviso de que iban a levantarla.
Karla se lo tomó en serio, se salió de su domicilio y se escondió. Al día siguiente un comando armado entró a su casa. La segunda advertencia llegó en enero de 2024, el emisor, el mismo de la vez anterior, le dijo que tenían la consigna de que debían matarla donde la vieran.
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La buscadora, quien vive en Irapuato, Guanajuato y busca a su hermano Juan, desaparecido desde 2020, avisó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del que ya era parte. Le pusieron una escolta que la resguardaba 24x7, pero ese resguardo duró solo tres meses, después le hicieron una evaluación de riesgo y consideraron que ya no la necesitaba, se la retiraron.
Me dejaron solo chapas de seguridad, cámaras de videovigilancia y un botón de pánico al que no le funciona la batería, le dura solo dos horas y después se descarga.
El pasado domingo 28 de julio, Karla recibió una nueva advertencia, le decían que en el grupo criminal habían cambiado de mando y el nuevo jefe había reactivado la orden de matarla. La buscadora avisó al mecanismo, pero hasta ahora no le han vuelto a proporcionar escoltas.
Ante esto, Karla, quien es integrante del colectivo Hasta Encontrarte, decidió que tenía que volver a esconderse, ha estado cambiado de residencia en los últimos días y ha tenido que dejar sus actividades para localizar a su hermano Juan y a otros desaparecidos.
Estoy con mucho miedo, pero también con mucha desesperación. Desde que mi hermano desapareció las búsquedas son mi vida, me sacan de la ansiedad, a eso agrégale el temor de que hay una orden de matarme de un grupo criminal.
El mecanismo no le ha proporcionado a Karla protección adecuada pese a que está en la entidad más mortífera para los buscadores, en Guanajuato, donde han matado a cinco, desde 2021.
Apenas el domingo 4 de agosto se presentó la mayor evidencia de las fallas del mecanismo, ese día mataron al periodista Alejandro Martínez Noguez, conocido como el "El Hijo del Llanero Solititito", quien era su beneficiario.
En el informe Nadie Garantiza Mi Seguridad de Amnistia Internacional se revela que seis periodistas que estaban en el mecanismo fueron asesinados durante este sexenio, a ellos se suma el homicidio de Martínez Noguez. Es el mayor número de comunicadores asesinados bajo custodia del Estado en la historia de este sistema de seguridad.
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Fue gracias a presiones de grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos que el Congreso de México aprobó en junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que exigía al gobierno federal la creación del Mecanismo.
El objetivo de esta Ley es establecer la cooperación entre las autoridades federales y estatales para adoptar medidas preventivas y urgentes que "garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo".
El responsable del mecanismo es el gobierno federal, pero la Ley le mandata firmar acuerdos de coordinación con las entidades federativas para operar y brindar la protección a los integrantes, que de acuerdo con datos del Informe Estadístico del propio mecanismo, con corte a junio de este 2024, suman 2 mil 001 personas: 675 periodistas y mil 326 defensores.
El primer punto flaco del mecanismo es el análisis de riesgo que debe hacerse para saber qué medidas requiere el beneficiario. Silvia Ruiz, coordinadora de Prevención de la organización Artículo 19, sostiene que estas evaluaciones no se hacen con el tiempo y el cuidado requerido.
Hay personas beneficiarias a las que acompañamos que nos han contado que no se hacen en el lugar donde residen sino vía zoom, y entonces hay una falta de perspectiva de cómo es el sitio en el que vive y se mueve la persona, incluso nos ha tocado que nos dicen que se los hacen en menos de una hora, con unas cuantas preguntas.
En esta falta de conocimiento del lugar donde residen los beneficiarios coincide Víctor Hugo López, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes" (Red TDT).
Más allá de eso, Silvia Chica, presidenta del Consejo Consultivo del mecanismo, integrado por ocho personas designadas por organizaciones de la sociedad civil, dice que tampoco se hace una revaloración del riesgo periódica para saber si hay que actualizar o reforzar las medidas de seguridad y lo ejemplifica con el caso de Alejandro Martinez Noguez.
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Chica afirma que el periodista no tenía por qué estar custodiado por elementos de la policía municipal ni dentro de una patrulla de transito cuando estos agentes han tenido muchas agresiones y pesan sobre ellos amenazas de muerte de grupos delictivos. Incluso no se sabe si en el ataque los sicarios iban de verdad sobre el periodista o sobre los policías, de los cuales dos resultaron heridos.
"Es una mala lectura del riesgo", dice Chica, y también es una falta de coordinación y articulación de las autoridades en los esquemas de seguridad, afirma, aunque el periodista haya elegido tener protección municipal, las autoridades estatales y federales, porque así lo indica el deber de coordinación, debieron gestionar si esa medida era la adecuada o había otras opciones.
Raymundo Sandoval, también integrante del Consejo Consultivo del mecanismo, menciona que se debería de valorar si una medida es ineficaz en algún contexto y tendría que pensarse entonces en una complementaria, para que se tenga un esquema más completo.
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Sobre esto, Víctor Hugo López, asegura: "Nosotros vemos un mecanismo rebasado, con cada vez más integrantes y más solicitudes y hay personas beneficiarias que tienen medidas de protección, pero hace tres años o más que no les han actualizado el análisis de riesgo o lo hacen y lo hacen mal y no les dan las medidas que requieren".
Es el caso de Karla, que aunque le hicieron revaloración del riesgo, ya no le asignaron escolta o el caso de la buscadora Virginia Garay Cázares, del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, de Nayarit, quien busca a su hijo Bryan Eduardo Arias Garay, desaparecido desde febrero de 2018.
Vicky, como la conocen, es integrante, desde hace dos años, del mecanismo de protección federal, debido a diversas amenazas y atentados de los que ha sido víctima. La buscadora cuenta que aun cuando deberían hacerle análisis de riesgo cada seis meses, solo se lo han hecho una vez. Por ahora, no tiene escolta y solo cuenta con chapas de seguridad, cámaras de videovigilancia y botón de pánico.
Vicky no se siente protegida y con razón. En una ocasión estaba en el metro de la Ciudad de México, cuando un hombre intentó sujetarla, ella se zafó y el atacante la jaló por el pelo, logró escapar y corrió hacía el vagón del metro, que por fortuna avanzó. Tocó el botón de pánico que traía, pero este no funcionó. Cuando llamó para preguntar por qué había sucedido eso, le dijeron que porque necesita tener señal y en el metro no tiene.
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Una vez se metieron a su casa, pese a tener las cámaras de seguridad, que no grabaron nada. "No quedó nada grabado, además las cámaras no es que estén monitoreándome, no están conectadas a las autoridades, sino que solo graban y eso cuando tienen señal, porque luego no tienen".
De la seguridad en las entradas de su domicilio, dice que le pusieron unos tubos al portón para asegurarlo y este quedó tan pesado que se abría solo. "Tardaron meses en venir a repararlo", se queja.
A la buscadora también le dijeron que, si bien no tendría escolta, si contaría con rondines de la policía diarios a su domicilio.
Vinieron una vez a presentarse y a que les firmara la bitácora y no los he vuelto a ver. Me dejaron también varios números a los que puedo llamar en caso de emergencia, pero me dejan tantos que en caso de necesitarlo no sé ni a cuál marcar, y claro, no me voy a acordar del número si me están atacando o amenazando con una pistola.
Como Karla, Vicky se siente tan insegura con las medidas del mecanismo que ya optó por salirse de su casa y cambiar de domicilio de manera frecuente.
Sobre esta ineficiencia de las medidas, Víctor Hugo López, de la Red TDT, dice que "los esquemas de protección que ofrece el Estado son insuficientes, se quedan en medidas físicas, como el botón de emergencia, pero no contemplan un esquema integral".
El activista está en lo correcto, de las medidas que otorga el mecanismo, de acuerdo con datos de su propio informe de junio de 2024, la más utilizada es la del botón de asistencia, con 846 otorgamientos; seguida de números de contacto para emergencias, con 796 y después patrullajes, con 500.
El presupuesto ejercido en el mecanismo había subido año con año desde 2012 hasta el pasado 2023, cuando tuvo un recorte y pasó de ejercer 701 millones 976 mil 720 pesos en 2022 a ejercer 637 millones 298 mil 867, según datos de la Cuenta Pública, de la Secretaría de Hacienda.
En este 2024 hubo una recuperación y se quedó con un presupuesto de 668 millones 417 mil 939 pesos. Sin embargo, hay que considerar que así como con los años subió el recurso también aumentaron los beneficiarios. De los 2 mil 001 que están activos, en este sexenio se han incorporado mil 306, una buena parte.
Pero también se han rechazado buena parte de las solicitudes de incorporación, de las que se han presentado en el sexenio mil 236, entre solicitudes individuales y de colectivas, y solo se han aceptado, 440.
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Hasta junio de este 2024, por ejemplo, se recibieron 85 solicitudes y solo se han admitido 25. "No hay recursos suficientes en el mecanismo para todas las personas agredidas en el país, a la mejor en el presupuesto se ve que aumentan, pero también sube la demanda por el contexto en el que vivimos y no se está atendiendo a todos", señala Silvia Ruíz, de Artículo 19.
Silvia Chica, consejera presidenta del mecanismo y presidenta también de la organización Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), refiere sobre este punto de las solicitudes rechazadas que en ocasiones sucede que los mismos solicitantes no concluyen el proceso, no entregan toda la documentación requerida o no cumplen con el perfil, pero también admite que en ocasiones hay una perspectiva muy rígida de quien sí encaja como defensor o periodista o no y de si el riesgo está vinculado a la labor.
En el caso de las buscadoras, por ejemplo, Raymundo Sandoval, del Consejo Consultivo del mecanismo e integrante de la Plataforma de Paz y Justicia, en Guanajuato, indica que en ocasiones no se les considera como defensoras de derechos humanos y no se les incluye en el mecanismo.
Desde 2012, cuando se creó, hasta junio pasado, el mecanismo ha sido objeto de 119 amparos y 101 recursos de inconformidad. Del total de los primeros, la mayoría, 123, se interpuesto en este sexenio.
Entre esos debe figurar el del periodista de Tlaxcala, Alberto Amaro, quien pese a ser blanco constante de amenazas y atentados ha tenido que ampararse para que no le retiren a él las escoltas que lo resguardan y para que se las otorguen también a su familia.
Alberto es integrante del mecanismo federal desde 2019. Ingresó después de recibir amenazas por parte de elementos de la policía municipal de Apizaco, por una nota que hizo sobre la compra de huachicol para vehículos oficiales.
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Ya dentro del mecanismo ha recibido más amenazas, que han escalado a golpes y agresiones, que incluyen que un comandante de la policía de investigación lo amenazara pistola en mano. Las medidas para protegerlo han variado, en julio de 2023 tuvo una evaluación de riesgo y el mecanismo pretendió quitarle las escoltas que lo custodian, pese a tener ya amenazas no solo de servidores públicos, sino también de integrantes de un cártel.
En septiembre de 2023, mientras su hijo jugaba futbol en el patio, sujetos dispararon contra su casa. Alejandro no estaba en el domicilio, por lo tanto, los escoltas, que solo lo custodiaban a él pero no a su familia, tampoco. Solicitó medidas urgentes al mecanismo de protección, pero, aunque en estos casos deben de responder un lapso de tres horas, no hubo respuesta.
Ante eso el periodista volvió a interponer un amparo, que el juez le otorgó, pero el mecanismo pidió revisión de la resolución, un tribunal tuvo que ratificarlo y se ordenó poner escoltas también a la familia, lo que tardó más de un mes en cumplirse.
Es una batalla legal constate para estar protegidos. Hemos tenido que dar esa batalla en lo judicial para que no nos retiren las escoltas y todavía pelean el amparo.
Pese a todo, Silvia Chica señala que el mecanismo ha mejorado con la llegada de Tobyanne Ledesma a la dirección. "Hubo un cambio en la dirección que ha favorecido mucho el diálogo con los beneficiarios, para mejorar las acciones, y aunque duelen mucho los asesinatos de quienes están en el mecanismo y las fallas que hay que atender, definitivamente es más la sombrilla de protección que se puede dar a las 2 mil personas incorporadas que la desprotección".
Victor Hugo López señala que lo positivo del mecanismo es su sola existencia y que se le dote de presupuesto para que siga funcionando, pero subraya que necesita mejorarse.
Para eso, para mejorarlo, Grisel Salazar Rebolledo, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, dice que hace falta rediseñarlo. Para empezar señala que no se debería agrupar en un mismo esquema a dos poblaciones tan amplias y diversas como los defensores de derechos humanos y periodistas. Habría que tener un mecanismo de protección para cada uno de estos grupos.
También asegura que se debe trabajar en la desarticulación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, que ya ha quedado más que evidenciada. Hacer análisis de riesgo más robustos también es una prioridad, lo mismo que hacer mapeo de riesgo por perfiles y entidades, para tener muy claro el contexto.
Salazar Rebolledo señala también como prioritario tener más pluralidad en el mecanismo, con una mayor integración de diversos perfiles de periodistas y activistas, que se incorporen al consejo consultivo y estén pendientes y sensibilizados con las necesidades de sus compañeros.
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