El aborto es legal en todo el país por violación, pero en la práctica las mujeres se encuentran con trabas para acceder al servicio y más aún aquellas que no han sido víctimas de un delito
Alejandra no podía moverse. Estaba sedada. Pero el efecto de los tranquilizantes empezó a disminuir. Abrió los ojos. Vio a su padre encima de ella, abusándola sexualmente. La joven de 24 años acudió con un médico familiar del Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua (IMPE), estado donde vive. Le hicieron estudios y resultó que estaba embarazada.
Acudió entonces a consulta con la ginecóloga de esa misma institución, quien ya la había atendido antes. Alejandra, nombre ficticio para proteger su identidad, le contó lo que había pasado y le dijo que quería abortar. Pero la médica le pidió varios requisitos, la hizo ir varias veces a consulta, le pidió un ultrasonido para ver al bebé y al final se negó a interrumpirle el embarazo, pese a que este era producto de una violación, y en todo el país es legal el aborto por esa causa hasta las 12 semanas.
La joven tiene trastorno límite de la personalidad. Cuenta que su padre, con quien vivía, era el encargado de darle sus medicamentos. Pero le daba una dosis más alta para mantenerla dormida y aprovechar para abusar sexualmente de ella.
No sé cuánto tiempo estuvo abusando de mí. Sólo sé que un día no sé qué pasó, tal vez me dio menos dosis y yo me desperté y lo tenía encima de mí, me estaba violando.
Decidió acudir al médico para hacerse una revisión y entonces supo lo del embarazo. La ginecóloga con quien se atendía quería practicarle un procedimiento para no tener hijos, por su trastorno, y le preguntó de inmediato si ya me había hecho los estudios necesarios para eso.
"Yo ya tengo una niña de cinco años, así que ella me decía que tener otro hijo me iba a arruinar la vida a mí, al siguiente bebé y a mi hija, porque ser madre no era para mí. Llevaba dos meses convenciéndome de eso y pues como ella es una profesional, yo ni la cuestionaba. Estaba por aceptar, cuando sucedió que me di cuenta de la violación".
Pese a todos esos argumentos, cuando Alejandra le dijo a la doctora que quería abortar, esta le respondió que primero tenía que ir a interponer la denuncia correspondiente. La joven se fue al Centro de Justicia para las Mujeres de Chihuahua. Ahí le dijeron que tenía derecho a interrumpir el embarazo aun sin denuncia, pero ella de cualquier forma la interpuso.
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Pasó un mes para que le dieran la nueva cita con la ginecóloga, misma que después le pospusieron. Tuvo que esperar otro mes. "Cuando por fin pude verla, me dijo que me faltaba algo de la denuncia, no recuerdo bien qué, y me regresó otra vez, pero además me pidió un ultrasonido, porque quería ver cómo estaba el bebé, como si fuera un embarazo normal, yo no supe ni qué decir".
Alejandra acudió a hacerse el ultrasonido. "Fue muy fuerte para mí, porque escuché los latidos del corazón del bebé, me dijeron que era una niña y que ya estaba avanzado el embarazo, más de lo que yo esperaba. Ahí me empecé a desesperar mucho porque pensé que ya no iba a poder abortar y la niña era de mi papá, no podía tenerla, era producto de incesto, maltrato y violación".
Después del ultrasonido y a su siguiente cita con la médica, a Alejandra la acompañó su hermana. "Llegamos primero y nos pasó casi al último. Cuando me llamó, me hizo entregarle lo que había pedido, y me volvió a mandar a sentar, Cuando por fin me pasó a consulta, me dijo que los meses que tenía de embarazo no concordaban con lo que le había dicho de la violación. Yo me quedé pasmada".
La hermana de Alejandra le explicó a la doctora que si no concordaban las fechas era porque no sabían desde cuando su padre estaba abusando de ella y le pidió que no les hiciera perder más tiempo porque el embarazo estaba avanzando.
La doctora se enojó, le dijo a mi hermana que ella no era su paciente, entonces mi hermana le dijo que no nos íbamos a ir de ahí sin una respuesta positiva y la doctora acabó por decirle que ella no estaba obligada a prestarse a eso del aborto y que que ella supiera en Chihuahua no era legal, que se negaba a volverme a atender y que hiciéramos lo que quisiéramos.
En México, el personal de salud puede hacer uso de la objeción de conciencia para negarse a practicar algún procedimiento médico, debido a creencias éticas, morales o religiosas, pero las instituciones deben garantizar que haya otra persona que atienda al paciente en sus requerimientos.
De hecho, la Cámara de Diputados aprobó, con 304 votos a favor y 110 en contra, la reforma a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. La iniciativa modifica el artículo 10 bis y permite al personal de salud ejercer su derecho a abstenerse de realizar alguna práctica médica que atente contra su moralidad.
Pero las dependencias a nivel federal, estatal y municipal, además del sector privado, deberán garantizar el cumplimiento de la ley sin comprometer la saludy la atención a las personas que solicitan el servicio médico.
Eso no sucedió en el caso de Alejandra, así que ella y su hermana se fueron directo a la fiscalía de la mujer a pedirles asesoría, ahí las recomendaron con la organización Marea Verde Chihuahua, quien acompañó el caso, promovió un amparo y logró que atendieran a la joven. Era septiembre de este 2023 cuando Alejandra pudo interrumpir su embarazo, en una clínica en la que el IMPE subrrogó el servicio.
Fue una experiencia terrible, me pusieron en labor de parto, sufrí mucho, fue un dolor más intenso que un parto normal, porque por culpa de la doctora y su negativa a atenderme el embarazo ya estaba muy avanzado, ya tenía yo cinco meses y medio, fue muy duro porque vi a la bebé, ya estaba formada, fue un gran trauma, hasta la fecha lloro.
N+ solicitó una entrevista con el IMPE para saber qué había sucedido en el caso de Alejandra, la respuesta que se dio, a través de Mariana de Lachica, titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, es que Alejandra acudió a este Instituto a solicitar la interrupción del embarazo, pero cuando los médicos hicieron la valoración no se encontraba ya en el tiempo para el aborto legal, que son noventa días de gestación.
"Se le solicitó entonces por los médicos si tenía consigo la denuncia y la víctima respondió que no, después acudió al Centro de Justicia para las Mujeres para interponer su denuncia y ahí mismo recibe asesoría legal para interponer el amparo y acudiera al Instituto ya con una resolución judicial", señaló de Lachica.
Alessa Rey, abogada e integrante de la organización Marea Verde Chihuahua, organización apoyada por Fondo Semillas, dice que en este estado sucede que las mujeres, como en el caso de Alejandra, que han sido víctimas de violación llegan antes de las 12 semanas a buscar interrumpir el embarazo y les ponen trabas para hacer que pase el tiempo y ya no sea legal, entonces hay que meter amparos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló en un comunicado, por el Día por la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, que hoy en día aún existen diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica.
La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud, son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros, sin el tratamiento esencial para su recuperación.
Nathalie, quien pide que solo se le identifique así, es de Argentina, de la ciudad de Córdoba. Hace un año y tres meses llegó a México, a donde vino en busca de trabajo. Se estableció en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Empezó una relación sentimental con un mexicano, pero las cosas no salieron bien.
"Yo me embaracé y quería tener al bebé, pero él era muy violento, se enojaba y aventaba cosas, gritaba, después vinieron los empujones. Cuando tenía ocho semanas de embarazo, decidí que no quería que él fuera el padre de mi hijo, que no podíamos vivir así, y pensé en abortar, pero él no me dejaba, me amenazaba con llamar a Migración, porque yo ya no tenía en ese momento estancia legal en el país".
Cuando Nathalie logró escaparse de la casa que compartían ya tenía 14 semanas de embarazo. Empezó a buscar donde podría interrumpirlo. En Quintana Roo el aborto es legal hasta las 12 semanas, así que en las clínicas le ponían trabas.
Consiguió que le dijeran que la atenderían en una, pero cuando llegó, cuenta, el ginecólogo le hizo un cuestionario que incluía hasta la pregunta de con cuántas parejas sexuales había estado en toda su vida.
Eso me pareció innecesario. Después me hizo un ultrasonido, y me dijo, mira, el bebé se da vuelta, dice, 'ay no, mamá, no me hagas daño'. Yo estaba en shock. No podía creer lo que estaba pasando.
Al final, el médico le dijo que él rechazaba practicarle el aborto, porque ya tenía más de 12 semanas y que en ningún lado iban a querer interrumpir el embarazo. Nathalie pensó entonces en el aborto auto asistido, con pastillas, pero cuando fue a la farmacia a tratar de comprarlas le dijeron que se las daban en 2 mil 500 pesos, pero que no tenían. "A una chica mexicana que acompañé después en su aborto se las vendieron en 700 pesos y a mí por ser extranjera me querían cobrar más".
Se puso entonces a contar su caso en internet y entre los conocidos, a ver si alguien sabía de una solución. Una amiga le dijo que contactará a una organización, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para que la ayudaran. Le dijeron que podían atenderla en una clínica en la Ciudad de México, pero a Nathalie ya se le había pasado el tiempo para renovar sus papeles y tener estancia legal en el país, así que no podía viajar.
Tuvo que esperar a que encontraran en conjunto, ella y la organización, una solución. Un día la llamaron de GIRE para decirle que habían conseguido que una doctora la atendiera en una clínica allá en Playa del Carmen. Acudió ese mismo día, le dieron las pastillas y el acompañamiento para el proceso. Por todas las complicaciones que vivió, ahora Nathalie es acompañanta de abortos.
Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública en Gire, precisa que el aborto en México ya es legal en 12 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa y Quintana Roo y el más reciente Aguascalientes.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de resoluciones relevantes respecto al aborto. En septiembre de 2021, los ministros de la Corte invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practicara un aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento.
El fallo solo obligó a Coahuila a modificar su Código Penal al respecto. Pero, explica Marisol Escudero, coordinadora de Contenidos y Estrategias Jurídicas de IPAS México, esta decisión de la Corte sentó un precedente judicial para su aplicación en todos los estados mexicanos.
Como al aprobarla se alcanzó una mayoría que rebasó los ocho votos de los ministros, esto se convirtió en un criterio obligatorio para todo el poder judicial en México.
En un comunicado de ese entonces, la Corte señaló: "A partir de ahora, al resolver casos futuros, (los jueces) deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta".
Alessa Rey, abogada e integrante de la organización Marea Verde Chihuahua explica que aunque el análisis se hizo sobre la regulación de Coahuila, si una persona en cualquier otra entidad de México es denunciada por un aborto, el criterio de la Corte permite desechar esos procesos y en el supuesto de que se abra una carpeta de investigación por el caso y esta llegue ante un juez, está obligado a desechar ese proceso.
Además de esto, en septiembre de 2023, la Corte resolvió ordenar al congreso federal derogar las leyes de aborto que están en el código penal federal. Sin embargo, esto no será en automático, como en el caso de Coahuila, porque, explica la abogada de IPAS, esa resolución anterior se obtuvo derivada de una acción de inconstitucionalidad que le permitió a la Corte invalidar las disposiciones del código penal estatal respecto al aborto en automático.
En cambio, agrega, en el caso de la resolución de septiembre de 2023 está derivó de un amparo y entonces lo que tiene que pasar ahora es que la Corte haga pública la sentencia, lo que aún no sucede, y le comuniqué al Congreso que tiene que legislar para modificar el código penal.
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Ahora bien, Francisco Cué explica que el aborto es un delito que se persigue desde lo local, en lo federal se contempla para situaciones excepcionales como cuando sucede en una embajada de México o en una embarcación con bandera mexicana.
La relevancia de esta sentencia de la Corte es que, dice Cué, aún en los estados donde el aborto es legal, como en la Ciudad de México, las instancias federales de salud se negaban a prestar los servicios de interrupción del embarazo argumentando que ellas se rigen por el código penal federal, así que con el fallo de la Corte ya no podrán seguir con ese argumento.
En tanto que para el caso del fallo de la Corte respecto a Chihuahua, Alessa Rey explica que lo que resolvió la Corte, en octubre, es sobre un amparo que interpuso una mujer, a quienes acompañaron ellas y AbortistasMX, y la resolución de decidir que no se le puede criminalizar por abortar en ese estado le aplica solo a ella.
Pese a todos estos avances, y como ya se vio en los casos presentados, hay que trabajar por garantizar el acceso real al aborto. Justine Rodríguez, de EqualitaMX, dice que es muy importante mencionar que de los 12 estados que ya tienen despenalizado el aborto, únicamente dos tienen un programa de gratuidad, "así que solo se puede acceder al aborto gratuito en Ciudad de México y en Veracruz".
Lo que ha pasado, prosigue Rodríguez, es que la Corte ha resuelto para hacer reformas en los códigos penales, "eso está quitando una restricción, pero no está dando garantía de que se pueda acceder al servicio".
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