Con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó eliminar la declaración de procedencia para alcaldes, síndicos y presidentes de consejos municipales, quienes podrán ser investigados y procesados penalmente sin autorización previa al poder legislativo.
La reforma al artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz retira a esas autoridades municipales del listado de servidores públicos que requieren el aval de dos terceras partes del Congreso para que se proceda penalmente en su contra.
Con esta determinación, la Fiscalía y los jueces podrán actuar sin esperar la votación del Congreso. El debate entre los diputados se centró en calificar la iniciativa como selectiva.
Según lo estipula la misma ley, la reforma solo elimina esta protección para autoridades municipales.
Debido a esto, se mantiene la declaración de procedencia para diputados locales, el titular del poder ejecutivo estatal, los secretarios de despacho, así como la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, los integrantes del Poder Judicial, las autoridades electorales y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Estados como San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Yucatán fueron ejemplo para esta iniciativa aprobada esta tarde en Veracruz y que ahora deberá ser avalada por la mayoría de los 212 ayuntamientos de Veracruz mediante una votación de sus cabildos para entrar en vigor.