El homicidio del conductor de plataforma y exmilitar Flaviano López y la detención de tres adolescentes señalados como presuntos responsables reavivó el debate sobre las sanciones que enfrentan los menores de edad que cometen delitos graves en México.
Especialistas en derecho explicaron que las medidas aplicables a adolescentes están reguladas por una ley nacional, por lo que las entidades federativas no pueden aumentar las sanciones ni juzgarlos como adultos.
De acuerdo con el magistrado de Justicia para Adolescentes en Baja California, Álvaro Castilla, la legislación vigente deriva de tratados internacionales suscritos por México y únicamente el Congreso de la Unión tiene facultades para modificarla.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes aplica a personas mayores de 12 y menores de 18 años, estableciendo procedimientos y medidas específicas para este sector de la población.
¿Cuál es la pena máxima para un adolescente?
Los especialistas señalaron que, incluso en los delitos más graves, la medida de internamiento tiene un límite máximo de cinco años, dependiendo de la edad del adolescente y del delito cometido.
A diferencia del sistema penal para adultos, los menores no cumplen penas de prisión, sino medidas de tratamiento que incluyen educación, atención psicológica, terapias, actividades deportivas y capacitación, con el objetivo de favorecer su reinserción social.
Actualmente, en los centros especializados para adolescentes de Baja California permanecen 197 jóvenes procesados por delitos del fuero común y federal. Tan solo durante 2025 ingresaron 468 adolescentes a estos espacios.
Especialistas proponen revisar la legislación
Aunque la ley busca privilegiar la reinserción social, algunos especialistas consideran que el marco jurídico debe actualizarse ante el incremento de delitos graves cometidos por menores de edad.
El abogado penalista Cuauhtémoc Castilla señaló que la legislación fue diseñada con base en estándares internacionales que no reflejan el contexto de violencia que enfrenta México, por lo que planteó revisar las medidas previstas para adolescentes.
No obstante, los especialistas coincidieron en que, aun cuando el Congreso de la Unión aprobara una reforma para endurecer las sanciones, esta no podría aplicarse de manera retroactiva, por lo que no modificaría la situación jurídica de los tres adolescentes imputados por el homicidio de Flaviano López.
Información Kitzia Flores
APG
