Propietarios de pequeños y medianos negocios en la Ciudad de México (CDMX) alertan sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes se hacen pasar por funcionarios públicos o representantes legales para exigir dinero mediante supuestas multas, clausuras o trámites urgentes.
En uno de los casos denunciados, un establecimiento dedicado al ejercicio, ubicado al sur de la capital, perdió aproximadamente 50 mil pesos después de que una empleada recibiera una llamada relacionada con una presunta actualización de Protección Civil.
El engaño ocurrió en junio, cuando una trabajadora del establecimiento recibió alrededor de las 10 de la mañana una llamada de una persona que aparentemente conocía información interna del negocio. La supuesta gestión estaba relacionada con documentos que debían llegar al establecimiento para cumplir con una actualización en materia de Protección Civil.
Dulce Castañón, administradora del negocio y quien atendió la comunicación, relató cómo comenzó la llamada que posteriormente derivó en el fraude.
“Recibí la llamada en la mañana, aproximadamente 10 de la mañana, donde comentaban que tenían unos papeles acerca de una actualización del tema de Protección Civil, que los iban a hacer llegar al estudio y que era como el abogado representante del estudio.”
De acuerdo con la administradora, quienes estaban detrás del engaño conocían nombres y otros datos relacionados con el establecimiento, un elemento que hizo que la historia pareciera legítima. La presión no se limitó a solicitar dinero: los responsables también utilizaron una estrategia para mantener ocupada a la víctima e impedir que pudiera verificar directamente la información con los propietarios.
Una de las tácticas utilizadas consiste en mantener a la persona comunicada simultáneamente con distintos interlocutores. Mientras uno aparentemente gestiona documentos o trámites, otro se presenta bajo una identidad distinta. Con ello, los estafadores buscan controlar la comunicación y reducir las posibilidades de que el trabajador llame al responsable del establecimiento para confirmar si realmente existe alguna multa, pago o procedimiento pendiente.
Dulce Castañón explicó que durante el engaño llegó a estar ocupada en dos líneas telefónicas, mientras los responsables asumían diferentes papeles.
“Te tienen ocupada como en dos líneas, entonces en una está como la otra persona de la oficina que te va a enviar los documentos y en otra está el que es como el abogado, justo para que no puedas hablar a la persona que supuestamente es la que tú conoces”.
El episodio no quedó en un hecho aislado. Tres semanas después, el mismo establecimiento recibió una llamada con características similares. Esta vez, la comunicación llegó desde otro número telefónico y una persona diferente se encontraba al otro lado de la línea.
Las propietarias aseguran que han identificado entre tres y cuatro intentos de estafa, tanto por teléfono como de manera presencial. Ante la recurrencia de los hechos y después de la pérdida económica registrada, acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar una denuncia.
Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de una de las propietarias, hasta el momento no les han comunicado avances sobre las investigaciones. La mujer señaló que inicialmente les informaron que personal de investigación acudiría al establecimiento para explicar los resultados obtenidos.
La dueña del negocio relató que esperaban recibir información una semana después de presentar la denuncia.
“Nos dijeron que iban a venir al estudio una semana después a decirnos qué es lo que había encontrado la Policía de Investigación, pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta de las autoridades.”
El problema ocurre en un contexto en el que el fraude se mantiene entre los delitos con mayor incidencia en la capital. De acuerdo con cifras de la Fiscalía capitalina citadas para esta nota, entre enero y julio se registraron 13 mil 34 carpetas de investigación por fraude en la Ciudad de México, lo que coloca a este delito como el tercero con mayor incidencia.
Especialistas advierten que los pequeños y medianos establecimientos pueden enfrentar una vulnerabilidad particular. Al iniciar operaciones, algunos negocios todavía no cuentan con procedimientos internos suficientemente claros para determinar quién puede autorizar pagos, cómo verificar una solicitud atribuida a una autoridad o qué debe hacer un empleado cuando recibe una llamada en la que se amenaza con una multa o clausura.
La doctora Marisol Ochoa, especialista en violencia y seguridad, señaló que la falta de protocolos puede provocar que los trabajadores no estén preparados para reaccionar frente a intentos de engaño que utilizan presión, información aparentemente confiable y solicitudes económicas urgentes.
“Muchas veces cuando estás iniciando un negocio, principalmente pequeño o mediano, pues no tienes los protocolos, lo que hace que de pronto el personal no esté listo para ser de alguna u otra manera sorprendido.”
Ante este tipo de situaciones, especialistas recomiendan establecer protocolos internos para verificar cualquier solicitud de dinero, evitar proporcionar información sensible y terminar la comunicación cuando existan señales de una llamada sospechosa. Una petición inesperada de depósito relacionada con una supuesta multa, clausura o trámite oficial debe ser corroborada por canales institucionales antes de realizar cualquier pago.
La experiencia de este establecimiento muestra además la importancia de que los trabajadores sepan exactamente a quién contactar ante una solicitud económica extraordinaria. Si la persona que llama intenta impedir la verificación, mantiene al empleado ocupado en varias líneas o exige actuar con urgencia, estas conductas pueden convertirse en señales para detectar el posible engaño antes de que se produzca una pérdida económica.
Con información de Astrith Tolentino.