Así es la Nueva Cárcel de Máxima Seguridad de Costa Rica Inspirada en El Salvador
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tiene capacidad para 5 mil 100 internos y cuenta con vigilancia permanente
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El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado tiene capacidad para 5 mil 100 internos y cuenta con vigilancia permanente
Costa Rica inauguró una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador, con capacidad para albergar hasta 5 mil 100 personas privadas de la libertad. El complejo busca reforzar el combate contra el crimen organizado y limitar las operaciones de las bandas criminales desde las prisiones.
El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) fue inaugurado este miércoles 14 de octubre de 2026 por la presidenta costarricense, Laura Fernández, en San Rafael de Alajuela, cerca de la prisión La Reforma y a unos 25 kilómetros de San José.
El proyecto recibió asesoría técnica de El Salvador y toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión asociada con la estrategia de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
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El CACCO es considerado la obra penitenciaria más grande construida en la historia del país. Cuenta con aproximadamente 31 mil metros cuadrados de construcción dentro de un terreno de 91 mil metros cuadrados.
El complejo está dividido en cinco módulos, cada uno con capacidad para mil 20 internos, lo que permite albergar hasta 5 mil 100 personas. Está destinado a reclusos que requieren condiciones de alta contención, incluidos integrantes de organizaciones criminales, sicarios y personas sujetas a procesos de extradición.
Entre sus medidas de seguridad se encuentran sistemas tecnológicos de videovigilancia, monitoreo permanente las 24 horas y controles estrictos de acceso y salida. La infraestructura también busca dificultar el ingreso y el ocultamiento de objetos prohibidos.
Sin embargo, el centro no está compuesto únicamente por celdas y áreas de vigilancia. Sus instalaciones incluyen patios para tomar el sol, consultorios médicos, espacios para visitas íntimas y locutorios para la comunicación con familiares y representantes legales.
Los uniformes de los internos también fueron diseñados con medidas específicas de seguridad. De acuerdo con información del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, carecen de bolsas, cintas y elásticos, e incorporan costuras de seguridad para reducir las posibilidades de ocultar armas, drogas, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.
La inversión reportada para el proyecto ronda los 35 millones de dólares. Las autoridades costarricenses señalaron que la asistencia técnica de El Salvador contribuyó a reducir los costos de construcción.
La apertura del CACCO ocurre en medio de la violencia vinculada con el narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales. Costa Rica registró un récord de 905 homicidios en 2023, según datos judiciales citados por Reuters, y contabilizó 873 asesinatos en 2025.
Ante este escenario, el Gobierno busca concentrar en el nuevo penal a personas consideradas de alta peligrosidad y limitar la capacidad de las organizaciones criminales para mantener operaciones desde las cárceles.
La construcción comenzó en enero de 2026, durante la administración del entonces presidente Rodrigo Chaves, en un acto al que también asistió Nayib Bukele. El proyecto continuó como parte de la estrategia de seguridad de la actual presidenta, Laura Fernández.
El nuevo centro se integra a una política de endurecimiento penitenciario que contempla mayores controles, restricciones a determinados privilegios de los internos y medidas para combatir la corrupción dentro de las prisiones.
La principal referencia es el CECOT salvadoreño, diseñado para mantener bajo estrictas condiciones de seguridad a personas vinculadas con organizaciones criminales. Ambos proyectos representan una apuesta por el aislamiento, la vigilancia y el control de internos considerados de alta peligrosidad.
No obstante, el modelo de seguridad de El Salvador ha recibido críticas por denuncias de abusos y detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción. La aplicación de medidas similares en Costa Rica también plantea interrogantes sobre su funcionamiento dentro de un sistema con características propias.
PT
