Fuerzas de Estados Unidos mataron a cuatro hombres en un ataque naval en el Caribe en contra de una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico
Este miércoles 25 de marzo de 2026, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reportó haber ejecutado un ataque letal contra una embarcación que, según la inteligencia militar estadounidense, operaba para organizaciones designadas como terroristas en el Caribe. El golpe se produce apenas cinco días después de una operación similar en el Pacífico.
Bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó lo que el comando describió como un "ataque cinético letal" contra la embarcación.
De acuerdo con el reporte militar, la inteligencia había confirmado previamente que la nave transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Mar Caribe y participaba activamente en operaciones de este tipo. Cuatro hombres murieron durante la acción. Ningún elemento de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido.
El SOUTHCOM identificó la operación bajo el nombre #OpSouthernSpear y utilizó la etiqueta #DeptofWar, en línea con la política del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que Estados Unidos está en guerra con los "narcoterroristas" que operan en América Latina.
Estados Unidos inició en septiembre de 2025 una campaña de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe en la que han muerto más de 150 presuntos narcotraficantes.
El 20 de marzo, hace apenas cinco días, el SOUTHCOM reportó otro ataque contra una lancha en el Pacífico oriental; en ese caso no informó cifras de muertos y señaló que la Guardia Costera fue notificada para buscar a tres sobrevivientes.
En ninguno de los operativos, incluido el de este miércoles, el gobierno estadounidense ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas y sus tripulantes estuvieran vinculados al tráfico de drogas.
Esa ausencia de evidencia ha generado un debate creciente sobre la legalidad de las operaciones: expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales, al haber tenido como objetivo aparente a civiles que no representaban una amenaza directa para Estados Unidos.
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