La expresidenta argentina asegura que es víctima de una persecución de sectores políticos confabulados con la justicia para desterrarla de la arena política
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La justicia argentina investiga a Cristina Fernández y Máximo Kirchner por lavado de dinero a través de hoteles. ¿Cómo impactará esto en el panorama político?
Mientras cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción, la expresidenta argentina Cristina Fernández y su hijo afrontan desde este viernes un nuevo juicio en el que están acusados de utilizar sus negocios hoteleros e inmobiliarios para quedarse con millonarios fondos públicos.
El tribunal federal que encabeza el proceso busca determinar si los fondos otorgados a empresarios durante los mandatos de Fernández (2007-2015) y de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007), retornaron al patrimonio familiar mediante el alquiler de habitaciones de hoteles que no fueron ocupadas y maniobras realizadas con otros inmuebles del matrimonio en la provincia de Santa Cruz y en la capital argentina.
La fiscalía acusa a Fernández -actual líder del peronismo opositor - de haber sido jefa de una asociación ilícita. A su hijo, el diputado peronista Máximo Kirchner, lo acusa de haber sido el organizador de esa estructura delictiva. Como partícipes fueron señalados exfuncionarios y empresarios. Sobre los acusados también pesa la imputación de lavado de dinero. La máxima condena por esos delitos es de 10 años de prisión.
La casi veintena de procesados presenció el inicio del debate de forma virtual. Fernández, de 73 años, lo hizo desde el apartamento donde cumple desde 2025 una condena de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la concesión irregular de obras viales al empresario Lázaro Báez, quien está entre los acusados en el juicio actual.
La exmandataria niega las imputaciones y sostiene que es víctima de una persecución de sectores políticos confabulados con la justicia para desterrarla de la arena política. La dirigente afronta además otras investigaciones por distintos delitos.
En el primer día del debate oral, la Fiscalía expuso las imputaciones. Hizo alusión a "la existencia de una asociación ilícita de carácter estable y permanente" liderada por los dos expresidentes, varios exfuncionarios y otras personas de su confianza "montada en base a una división de roles definidos... dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado destinada a cometer múltiples delitos" para "apoderarse" de millones de pesos provenientes de fondos públicos.
En el marco de esa asociación ilícita, las firmas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a los Kirchner, habrían sido parte de un único circuito de lavado de dinero para canalizar los fondos de origen ilícito a su patrimonio.
La investigación en torno a Hotesur puso la mira en el presunto lavado de activos mediante varios hoteles en Santa Cruz. La acusación apunta a que empresas de la construcción vinculadas a Báez simulaban la contratación de habitaciones que en realidad quedaban vacías o registraban una ocupación mínima, pagando a la firma hotelera con "fondos provenientes de la defraudación al Estado en la obra pública vial".
En tanto, la otra pesquisa sobre la inmobiliaria Los Sauces investigó las presuntas maniobras de lavado mediante "operaciones inmobiliarias y hoteleras, los contratos de locación y las transferencias provenientes de empresas" de Báez y de otros dos empresarios.
Pese a estar confinada en su domicilio y afrontar este y otro juicio oral -que comenzó en 2025- la también exvicepresidenta (2019-2023) sigue activa políticamente y busca tener la última palabra en la definición del candidato presidencial del peronismo para los comicios de 2027, en los que mandatario de extrema derecha Javier Milei buscará la reelección.
En noviembre de 2025 Fernández comenzó a ser juzgada por supuestamente haber liderado una asociación ilícita que habría recaudado dinero de decenas de empresarios a cambio de beneficiarlos con contratos estatales en las áreas de la construcción, la energía y el transporte. La exmandataria ha negado los cargos.
En julio pasado Fernández denunció ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los jueces que la sentenciaron a seis años de prisión por haber defraudado al Estado. Los acusó de "machismo estructural" y persecución política.
Con información de N+ y AP
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